El defensor público federal José Nicolás Chumbita advirtió que aumentaron las consultas y las intervenciones por problemas de cobertura médica y estafas virtuales en La Rioja. En una entrevista con Alta Data, de Medios Rioja, describió una mayor demanda de asistencia de personas en situación de vulnerabilidad frente a obras sociales nacionales, entidades bancarias y empresas financieras.
“La conflictividad se ha ido incrementando año a año”, sostuvo. Según explicó, ese crecimiento amplió el trabajo de la defensoría ante el Juzgado Federal, que interviene tanto en asuntos penales como en otras controversias.
Más pedidos de asistencia por prestaciones de salud
Chumbita señaló que se incrementó la atención de personas que necesitan reclamar a sus obras sociales por medicamentos, prótesis y otras prestaciones. Precisó que la intervención que describió corresponde a obras sociales nacionales y diferenció esos casos de los vinculados con APOS, de carácter provincial.
El funcionario presentó estos reclamos como una de las funciones de la defensa pública: acompañar a quienes enfrentan dificultades para hacer valer sus derechos ante organizaciones con mayores recursos y capacidad de respuesta.
Amparos frente a fraudes digitales
Otro de los cambios que destacó fue la aparición de consultas por estafas virtuales, especialmente entre adultos mayores. Describió situaciones en las que delincuentes obtienen datos mediante llamadas, correos electrónicos o plataformas digitales y luego los utilizan para gestionar créditos o realizar movimientos de dinero.
Según relató, algunas víctimas encontraban dificultades al reclamar porque las entidades les atribuían haber proporcionado sus datos. Chumbita sostuvo que ese argumento requiere un análisis más profundo sobre las condiciones en que se obtuvo la información y sobre si existió un consentimiento efectivo para contratar una operación financiera.
Frente a esos casos, explicó que la defensoría impulsó amparos de consumo centrados en los deberes de seguridad y verificación de bancos y financieras.
De acuerdo con su relato, esa estrategia permitió frenar perjuicios a personas asistidas y lograr que las entidades asumieran responsabilidades. No detalló expedientes ni montos recuperados, por lo que los resultados mencionados corresponden a los casos que describió durante la entrevista.
La defensa pública y las garantías del proceso penal
Chumbita también explicó que la tarea de un defensor consiste en garantizar que la persona acusada pueda conocer las pruebas, ser escuchada y contar con asistencia jurídica durante el proceso y, cuando corresponde, durante la ejecución de una condena.
Según las estimaciones que brindó sobre su ámbito de intervención, la defensa pública representa entre el 35% y el 40% en la etapa de investigación, entre el 80% y el 85% en los juicios orales y alrededor del 97% durante la ejecución de las penas.
El defensor destacó que la rapidez de los procedimientos debe ir acompañada del respeto a las garantías constitucionales. En ese sentido, remarcó que su función es velar por un proceso transparente y por decisiones ajustadas a derecho.
Acuerdos con entidades financieras por estafas virtuales
En una entrevista con Radio Fénix, Chumbita amplió que la defensa pública obtuvo respuestas tanto de bancos como de plataformas digitales. Según relató, durante este año algunas entidades se comunicaron después de la presentación de demandas para proponer acuerdos conciliatorios y reconocer derechos de las personas asistidas.
Explicó que la estrategia se centra en reclamar por el deber de seguridad de las entidades mediante amparos de consumo. Sostuvo que haber entregado datos personales no basta, por sí solo, para atribuir toda la responsabilidad a la víctima. Esa fue la argumentación que describió para los casos atendidos; no detalló expedientes, montos ni el contenido de los acuerdos.
También advirtió que algunos adultos mayores sienten vergüenza de contar lo sucedido, incluso a sus familias. Pidió que esa situación no les impida buscar asistencia y poner los hechos en conocimiento de las instituciones.
Una designación precedida por años de subrogancia
Chumbita contó que el concurso para el cargo ante el Tribunal Oral Federal comenzó en octubre de 2019 y requirió varias instancias de evaluación hasta completar la terna. Describió luego la selección del Poder Ejecutivo, el tratamiento del pliego en el Senado y la designación.
Según precisó, ya ejercía esa función de manera interina desde julio de 2019, tras la jubilación del titular anterior. Añadió que desde marzo de 2020 también estaba a cargo de la defensoría ante el Juzgado Federal y destacó el trabajo del equipo que acompaña ambas tareas.
Las causas por estupefacientes y la asistencia a víctimas
El defensor estimó que entre el 93% y el 94% de las causas del Tribunal Oral Federal de La Rioja están vinculadas con estupefacientes. Diferenció ese dato de los porcentajes de intervención de la defensa pública y señaló que, entre las personas que asisten, predominan casos de venta a pequeña escala.
Remarcó que la asistencia técnica también busca que una eventual pena sea proporcional a las circunstancias del caso y que el acompañamiento continúa durante su ejecución.
Respecto de las víctimas de delitos, explicó que el Ministerio Público de la Defensa contempla una defensoría específica, distinta de la que representa a los acusados. Según informó, el proceso para cubrir el cargo en La Rioja seguía en trámite y, mientras tanto, se asignaban intervenciones a la defensoría de víctimas de Catamarca cuando correspondía. No anunció la asunción de una nueva titular.
Docencia y vinculación universitaria
Chumbita confirmó que continúa como docente de la Universidad Nacional de La Rioja, vinculado con el derecho informático y el derecho privado. Señaló que esa formación le permitió articular su actividad académica con la asistencia en casos de fraudes digitales.
Valoró los esfuerzos de la gestión universitaria por fortalecer los vínculos académicos y la proyección de la institución. Defendió una universidad conectada con otras comunidades y comprometida con la formación y la responsabilidad social.
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