El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, informó que cuatro personas fueron detenidas durante allanamientos realizados en el marco de una investigación por presunta usura. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial, con intervención judicial.
Durante una entrevista, el funcionario explicó que la investigación se inició a partir de denuncias de personas que manifestaron haber recibido préstamos y luego sufrido amenazas y retención de bienes para garantizar el cobro de intereses que consideraban abusivos.
Según Zárate, los operativos comenzaron alrededor de las 6 de la mañana. Se secuestraron aproximadamente $30 millones, teléfonos celulares, documentación, pagarés firmados en blanco y distintos bienes cuya vinculación con los hechos deberá determinar la Justicia.
Las denuncias que dieron origen a los procedimientos
El ministro indicó que existen al menos tres o cuatro denuncias relacionadas con las personas detenidas. Entre los relatos, mencionó el de alguien que aseguró haber recibido $200.000 y que, al cabo de un mes, debía devolver casi $600.000.
También señaló que los denunciantes describieron intimidaciones, exhibición de armas y amenazas contra su integridad física, sus familias y sus propiedades cuando se atrasaban en los pagos.
Esas afirmaciones forman parte de las denuncias y deberán ser corroboradas durante la investigación. Las detenciones no constituyen una condena ni acreditan por sí mismas la responsabilidad penal de las personas involucradas.
Bienes y vehículos bajo investigación
Zárate explicó que algunos de los objetos secuestrados serán puestos a reconocimiento de los denunciantes para establecer si les pertenecen.
Respecto de los vehículos, aclaró que no habían sido identificados como propios por quienes presentaron las denuncias. Señaló que fueron secuestrados para investigar su origen y su posible relación con la actividad investigada.
El funcionario sostuvo que uno de los objetivos de la intervención es proteger a quienes denuncian y procurar, mediante las decisiones judiciales correspondientes, la restitución de bienes que pudieran haber sido retenidos indebidamente.
La denuncia no implica una cancelación automática de la deuda
Consultado sobre la situación de quienes recibieron dinero, Zárate aclaró que denunciar un posible abuso no significa que todo préstamo deje de tener que devolverse.
Señaló que la Justicia debe analizar cada caso para determinar si existió usura y cuáles son las condiciones que corresponden. En ese sentido, diferenció la obligación de devolver un préstamo de las amenazas, los cobros abusivos y la apropiación de bienes denunciados.
El ministro también anunció que el Gobierno provincial impulsará ante las autoridades competentes pedidos de expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos. Lo presentó como una decisión de promover esos trámites, sin informar una expulsión ya dispuesta en esta causa.
Cuatro allanamientos y documentación bajo análisis
En declaraciones a Buen Día Rioja, de Fénix, Zárate precisó que la División de Delitos Económicos realizó cuatro allanamientos simultáneos, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 2. Señaló que se secuestraron cuadernos, libros, tarjetas a nombre de distintas personas y pagarés firmados en blanco, elementos que serán analizados en la investigación.
El ministro también confirmó el secuestro de dos armas calibre .22. Aclaró que deberá establecerse si tuvieron relación con las amenazas descriptas por los denunciantes.
Cobros diarios y garantías denunciadas por comerciantes
Según el funcionario, entre las personas que denunciaron se encuentran comerciantes de distintos barrios. Describió una presunta modalidad de cobro diario, con incrementos adicionales ante retrasos y exigencias de garantías que podían incluir vehículos, electrodomésticos u otros objetos de valor.
Zárate sostuvo que las denuncias también mencionan la firma de pagarés en blanco y amenazas para exigir los pagos. Esos relatos forman parte de la investigación y no permiten atribuir automáticamente un origen ilícito a todos los bienes secuestrados.
Intervención de Migraciones y pedido de respuestas en el interior
Durante la cobertura en el lugar, el móvil de Fénix informó que agentes de Migraciones concurrieron para constatar la identidad y verificar la situación de residencia de las personas involucradas. Esa intervención no constituye, por sí misma, una resolución de expulsión.
El ministro valoró las respuestas judiciales obtenidas en la capital y planteó que todavía considera insuficiente el abordaje de estas denuncias en el interior provincial. Anunció que pedirá mayor articulación para investigar hechos de similares características en otras jurisdicciones.
Finalmente, convocó a quienes consideren haber sufrido amenazas, cobros abusivos o retención indebida de bienes a presentar sus denuncias ante la Dirección de Investigaciones o la División de Delitos Económicos. Remarcó que los testimonios y las pruebas aportadas resultan importantes para avanzar en las investigaciones.
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