El intendente de la capital riojana defendió la suspensión por 180 días de las retenciones judiciales en los sueldos estatales frente a lo que calificó como una «timba financiera viciada de usura». Reclamos por la coparticipación de combustibles, críticas a la Ley de Bases y la polémica con Martín Menem.

En un contexto de asfixia económica que golpea a las administraciones del interior del país, el intendente de la ciudad de La Rioja, Armando Molina, defendió la decisión coordinada con la gobernación de Ricardo Quintela de suspender por 180 días la ejecución de embargos judiciales y retenciones salariales directas sobre los haberes de los empleados estatales y de la comuna.

«Costó tomar la medida, pero más nos costaba escuchar a la gente ante el abismo», reconoció el jefe comunal en diálogo radial. Molina explicó que la mora y los descuentos sobre los recibos de sueldo se habían transformado en un esquema de hostigamiento insostenible: «Quien cae en estos préstamos hoy no lo hace para comprarse un televisor o irse de vacaciones; lo hace para comprar alimentos, abrigo o remedios. La gente se llevaba cero pesos a la casa. Había casos donde por 800 mil pesos prestados se terminaba en la amenaza de remate de una vivienda».

El jefe comunal aclaró que la suspensión no elimina las deudas originales, sino que abre un período de 180 días —que rige hasta principios de febrero— para que los trabajadores, con asistencia legal de la Asesoría General del Municipio, puedan renegociar plazos y quitas sobre tasas e intereses considerados abusivos. «El objetivo es que el trabajador recupere aire y disponga de su dinero, saliendo de una lógica donde una sola persona o financiera prestaba a decenas con mecanismos asfixiantes», argumentó.

Impacto de la Ley de Bases y cruces por los fondos

Durante la entrevista, Molina vinculó la crisis local con la desregulación financiera y la parálisis de la obra pública impulsadas por la Casa Rosada. Tomando en mano el articulado de la Ley 27.742 (Ley de Bases), cuestionó el nuevo régimen que supedita la infraestructura al financiamiento netamente privado:

«La Ley de Bases pretende que el vecino pague de su bolsillo la obra pública. Nosotros no nos podemos quedar explicándole al ciudadano que Milei cortó los fondos. De cada mil pesos que se cargan de combustible en el surtidor, lo que le corresponde a La Rioja para bacheo, avenidas y rutas no está viniendo», remarcó.

En esa línea, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el libertario riojano Martín Menem: «Molesta que usurpen cargos en nombre de la provincia y después sólo traben recursos y dibujen números en Buenos Aires. No se preocupan por si mandan la plata del combustible o si los riojanos tienen para comer; sólo ponen palos en la rueda».

Servicios, bacheo e intimaciones a baldíos

Consultado sobre las prioridades de la gestión urbana, el mandatario comunal admitió que el estado del asfalto sigue siendo la principal demanda comunitaria: «El bacheo es nuestra gran deuda y el asfalto es oro negro por lo caro que resulta. Necesitamos 100 toneladas diarias para normalizar las calles».

Para mitigar el deterioro urbano, Molina detalló que la comuna ya notificó a más de 3.000 propietarios de terrenos baldíos en estado de abandono. «Se acumulan multas hasta que Fiscalía Municipal inicia la demanda de pago; si no abonan, vamos a avanzar con la expropiación total o parcial conforme a las leyes para que esos inmuebles pasen al patrimonio público», advirtió, apuntando a terratenientes de la zona de Circunvalación.

Por último, al ser consultado sobre el futuro del Partido Justicialista de cara a la renovación partidaria y las elecciones de 2027, el intendente buscó poner paños fríos: «A la gente hoy no le interesan las candidaturas, le preocupa llegar a fin de mes. Yo disfruto la gestión y me gustaría seguir resolviendo los problemas de la ciudad, pero las fórmulas serán el resultado de un proceso de unidad que conduce el gobernador Quintela», concluyó.