La titular de SADOP La Rioja, Fernanda Huser, advirtió que rige un plazo legal de 72 horas para regularizar las cuotas vencidas de julio y agosto bajo apercibimiento de medidas de fuerza. Algunas instituciones cancelaron en pesos y otras con la cuasimoneda provincial.

El conflicto salarial en la educación de gestión privada sumó un nuevo capítulo en La Rioja a partir de la demora en la acreditación del adicional de emergencia de $50.000 fijado por el Gobierno provincial en Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos popularmente como «Chachos». Tras semanas de negociaciones truncas, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) envió cartas documento a los establecimientos exigiéndoles que salden los montos correspondientes a los meses de julio y agosto.

«No hemos consensuado con nadie, lamentablemente tuvimos que intimar mediante carta documento para que depositen en un plazo de 72 horas», confirmó la secretaria general de SADOP La Rioja, Fernanda Huser, durante una entrevista radial.

Según detalló la dirigente gremial, la vía legal comenzó a surtir efecto: «Desde la semana pasada algunos colegios tomaron la decisión de adelantar los fondos hasta tanto resuelvan el trámite administrativo con el Ministerio de Educación. Cinco escuelas ya hicieron efectivo el pago: algunas lo transfirieron íntegramente en pesos, otras pagaron mitad en pesos y mitad en ‘Chachos’ —dado que tienen disponibilidad tras recibir los bonos como parte de las cuotas mensuales—, y otros lo abonaron en efectivo».

Plazos vencidos y reclamo por intereses

Huser remarcó que las fechas de liquidación del concepto salarial se encuentran ampliamente vencidas, dado que el tramo de julio debió abonarse hasta el cuarto día hábil de agosto y el de agosto en los primeros días hábiles de septiembre.

«Ninguno de los colegios liquidó con intereses; pagaron los montos históricos de $50.000, por lo que nos corresponderá hacer la liquidación de las diferencias e intereses por mora», aclaró la titular sindical.

Asimismo, cuestionó la postura de las patronales educativas nucleadas en las cámaras del sector: «El diálogo se fue truncando y endurecieron sus argumentos. Pretenden hacernos responsables a nosotros de no haberles garantizado financiamiento o subsidios estatales, como si los trabajadores participáramos en las ganancias que generan con el cobro de las cuotas a las familias».

Un caso judicializado y advertencia de paro

En el relevamiento presentado por el gremio, se remarcó la situación crítica que atraviesa el Colegio Camaño, institución con la que se mantiene una audiencia formal en la Secretaría de Trabajo: «Venían adeudando dos meses de incentivo que cancelaron recientemente, pero persisten en la falta de pago de las dos cuotas de ‘Chachos’ a su personal y no concurrieron a la última audiencia pidiendo una prórroga».

Huser advirtió que el ultimátum legal vence de manera improrrogable este lunes: «Aquellos colegios que decidan no abonar y sigan dilatando a la espera de fondos del Ministerio quedarán expuestos a medidas gremiales directas con retención y quita de servicios. Además, iniciaremos acciones de visibilización en las puertas de las instituciones para que las familias y la comunidad educativa sepan que sus docentes todavía no cobraron», concluyó.