Organizaciones sociales y de derechos humanos, referentes políticos y sacerdotes repudiaron la postergación del juicio por los asesinatos de los curas Carlos Murias y Gabriel Longueville, perpetrados en La Rioja durante la última dictadura militar.
El repudio se materializó mediante una marcha que finalizó con el acampe frente al Tribunal Oral Federal de La Rioja.
La postergación del juicio por los crímenes de los curas se decidió, según se anunció oficialmente, por razones vinculadas a la salud de dos de los tres imputados.
La fiscalía que interviene en el caso reclama que intervengan médicos de Córdoba o la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Este martes, el Tribunal Oral Federal debía dar inicio al juicio oral y público para esclarecer los crimenes de los sacerdotes asesinados en 1976 en la ciudad de Chamical en la provincia del norte.
El juicio se aplazó, en principio, hasta el 16 de agosto, porque dos de los acusados alegaron problemas de salud que impedirían su asistencia.
El ex general Luciano Benjamín Menéndez, internado en Córdoba, y el ex policía Domingo Vera, internado en la clínica Mercado Luna de La Rioja, fueron avalados por los médicos forenses para no concurrir al juicio, y el titular del Tribunal, José Quiroga Uriburu, lo suspendió.
Conocido el aplazamiento, organismos de derechos humanos, sociales, partidos y dirigentes políticos manifestaron su repudio a lo que consideran una «dilación» en la causa.
A la cabeza del reclamo estuvieron la senadora kirchnerista Teresita Luna y el titular de la CTA riojana, Rogelio De Leonardi.
En diálogo con la prensa, Luna dijo que su participación se debió a que integra la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, y luego agregó que “me parecen muy débiles los argumentos por los cuales se suspendió el juicio, por eso este reclamo, ya que queremos darle la garantía al pueblo de La Rioja que se hará justicia, aunque sea después de 36 años”.
Durante la protesta, las entidades participantes designaron una comisión que entregó un petitorio al Tribunal, al tiempo que el fiscal de la causa, Darío Illanes pidió que los estudios forenses los realicen profesionales del Hospital Nacional de Clínicas de la provincia de Córdoba o de la Corte Suprema, porque no hay garantías que, para el 16, los médicos en La Rioja les permitan participar del juicio.
De Leonardi, por su parte, manifestó que «se quiere proteger a los represores con supuestas enfermedades, para retrasar el juicio por el secuestro y asesinato de Murias y Longueville».
Según el gremialista, el policía imputado como represor, Domingo Vera, «fue analizado por el cuerpo forense del Tribunal Superior de La Rioja, donde su sobrino es juez (José Nelson Luna Corzo, miembro del máximo organismo judicial riojano), y lo declaran enfermo, para suspender el juicio con total impunidad».
«No se puede aceptar que se amparen en un cuadro de hipertensión, para suspender un juicio que espera 36 años. Vera está favorecido por el juez (Daniel) Herrera Piedrabuena y por el Gobierno provincial, que no hace nada para esclarecer», denunció finalmente el gremialista.
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