El sistema de salud actualmente no es eficaz para los beneficiarios de este programa, consideró la diputada. “Hoy vivir en el interior del país, y tener una pensión no contributiva, es tener un certificado de defunción”, disparó sobre la situación que se vive en La Rioja.
El proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados dispone que se transfiera al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), la gestión de la cobertura médica y farmacológica de los beneficiarios de pensiones no contributivas, que otorgó y en el futuro la Comisión Nacional de Pensiones.
El mismo articulado faculta al INSSJyP, y al Ministerio de Salud a celebrar los convenios para tratar los temas operativos, administrativos, contables, jurídicos y/o de cualquier otra índole que resulten necesarios para la implementación de la ley.
“El Estado Nacional está invirtiendo en Salud, pero se pierde en la burocracia administrativa y no llega a los beneficiarios”, consideró la diputada nacional Inés Brizuela y Doria.
Explicó que en la recorrida que vienen realizando desde hace tiempo en los distintos centros se puede advertir que es una de las mayores preocupaciones de este sector.
“Hoy vivir en el interior del país, y tener una pensión no contributiva, es tener un certificado de defunción”, analizó Brizuela y Doria refiriéndose a los obstáculos que deben sortear en las provincias, como es el caso de La Rioja. En este sentido también explicó que los servicios médicos y farmacológicos del PAMI, son más baratos que los del PROFE (Programa Federal de Salud).
La fundamentación del proyecto de Ley, que también lleva la firma de su par Julio Martínez y varios diputados del Bloque radical de distintas provincias, explica las distintas modificaciones que por decreto se realizaron en el sistema de salud para llegar a la actual situación.
Referencia además que, el presupuesto nacional para el ejercicio 2012, prevé para la atención de los 941.816 beneficiarios del programa la suma de 1.652.836.618,00 pesos, dando un promedio por afiliado de más de 1.750 pesos anuales, esto es aproximadamente 146 pesos mensuales.
“Significa esto, que la misma prestación otorgada a los afiliados al PROFE, que ni llega a los tres niveles de atención, cuesta menos en INSSJyP”, dice el proyecto.
“Los beneficiarios del PROFE son parte de los sectores más vulnerables de la sociedad, los que sin duda necesitan mayor cobertura y que la ayuda pueda llegar en tiempo y forma”, consideró la legisladora radical.
Dejó en claro que la principal preocupación que los motiva a impulsar este tipo de iniciativas, es que el beneficio llegue a sus destinatarios “y que no solo puedan tenar una obra social, sino que los atienda como corresponde”.
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