“Tendremos que vivir bajo el puente”, fueron las palabras de Genoveva del Carmen Campos, una mujer de 64 años (aunque personalmente parezca mucho mayor), como única solución a la falta de una vivienda digna. Junto a su hija, yerno, nietos y bisnietos eligió Chilecito como el lugar para cambiar su vida. José Luis Campillay, director de Diario Chilecito, por Radio Rioja
Es difícil editorializar situaciones como las que vive una familia humilde, y muy fácil juzgar con el dedo acusador. La realidad es dura. La pobreza estructural fue diseñada para que este tipo de casos se multipliquen por miles, en un país donde se hace más fácil gobernar, calmando el hambre con algunas migas que llenen la panza de los pobres; no educándolos y tapándoles los ojos para que no vean que sus capacidades son las mismas que las de los demás, sólo que su vida es condenada a ser distinta.
Si bien es cierto que cada uno es artífice de su destino y que si se busca salir adelante, se puede lograr… La cruda realidad que viven las personas que fueron concebidas y luego nacieron bajo un sistema perverso que los margina y los oprime para que se mantengan hundidos, debajo de todo, suplicando atención para poder sobrevivir; es algo que pocas personas pueden comprender.
Nacieron bajo esa norma de vida. Ellos no lo eligieron. La pobreza estructural es el mayor mal que padece nuestro país y sobre todo, las provincias del norte. Nuestra Rioja es especialista en generar este tipo de políticas, que viven de la cosecha de miles de seres humanos que en completa sumisión, se dan por vencidos ante la mano que los “alimenta”, recibiendo migajas que les quita el hambre pero también la dignidad. El negocio es mantenerlos engañados. A través de este sistema perverso, se logra controlar a una gran masa de votantes que, agradecidos del “amo” que los alimenta, devuelven los favores cada vez que los parlantes de campaña suenan por las calles.
¿Culpables? ¿Por haber nacido, crecido y sobrevivido en ese sistema?
Pobreza «diseñada»
“Tendremos que vivir bajo el puente”, fueron las palabras de Genoveva del Carmen Campos, una mujer de 64 años (aunque personalmente parezca mucho mayor), como única solución a la falta de una vivienda digna. Junto a su hija, yerno, nietos y bisnietos eligió Chilecito como el lugar para cambiar su vida.
De cosecha en cosecha, llegaron al departamento en el 2007, pero la suerte no los acompañó. Pasaban sus días sobreviviendo en las denominadas conejeras en Vichigasta, mientras trabajaban en la vid. Tres años después, decidieron instalarse definitivamente en nuestra ciudad. Primero, ocuparon una especie de “galponcito” en barrio Estación, donde también tuvieron que abandonar ese lugar. Luego, al enterarse de la venta de un terreno, bajo un gran esfuerzo económico potenciado por sus sueños, optaron por comprarlo aunque terminaron en la calle y estafados.
Aseguran haber adquirido de buena fe, un terreno de 12×30 en la localidad de La Puntilla, con un ranchito de adobe. Ahí, permanecieron casi un año hasta que viajaron a Tucumán para la cosecha de limón y caña de azúcar. Al regresar, se encontraron con el peor escenario.
Genoveva relató a Diario Chilecito que quien se dice dueño de dicha tierra, derribó la casita de adobe para hacerse acreedor de una erradicación de rancho. Y pese a disponer de un boleto de compra venta firmado por el supuesto propietario y su mujer, además de un recibo de pago, no pudieron volver a ocupar el predio.
“Cuando quisieron ingresar a dicho inmueble, usted les negó su entrada desconociendo su derecho posesorio y de propiedad”, sostiene una carta documento enviada al vendedor del terreno, en el mes de mayo.
Incluso, hasta denuncian la venta de pertenencias que quedaron en el interior de su hogar. “Teníamos camas de dos plazas, camas cuchetas, un televisor viejito, una mesa y sillas, un equipo de música, colchas y ese señor vendió todo”, relató Genoveva con gesto de bronca e impotencia.
Luego de ello, el conflicto llegó a los medios donde la situación se tornó mucho más confusa, al intervenir otra familia ocupante ya de esa erradicación. Aunque este caso con el tiempo quedara en el olvido.
Mientras tanto, Genoveva y su numerosa familia, tuvieron que buscar otro lugar para vivir. Y lo hicieron gracias a la buena voluntad de un vecino. Pero la vivienda prestada, estaba en lo alto de un cerro por lo que constituía un verdadero peligro, especialmente para los pequeños.
Entonces, indicaron que buscaron otro lugar también prestado. Así, llegaron en el mes de mayo de este año a ocupar la casa que actualmente, deben dejar. Se trata de un antiguo carro bar, ubicado sobre calle Santa Rosa; propiedad del por entonces, jefe del yerno de Genoveva, quien se dedica a la albañilería.
Tucumanos para tener una vivienda digna, pero no para votar en Chilecito
En total, esta familia está integrada por 17 personas: Genoveva (64), su hija de 38 años, el marido (42), diez hijos y tres nietos. Aunque sus dos nietos mayores (22 y 21), no viven con ella. Luego, las edades del resto oscilan entre los 2 y los 18 años.
Real versus Legal:
Sólo el matrimonio tiene domicilio legal en Chilecito, es decir en el DNI, el resto lo tiene en la provincia de Tucumán, sin embargo ello no impidió que durante la campaña política del año pasado fueran visitados, aunque las promesas sólo quedaran en eso.
Ahora, cinco de los niños asisten a la escuela primaria de San Miguel (por la cercanía con su hogar), mientras los más pequeños quienes deberían ir a Jardín, quedan al cuidado de su abuela y bisabuela.
Para subsistir, ocasionalmente venden pan, bizcochuelo y tortillas, pero sólo cuando pueden ahorrar para comprar los ingredientes necesarios como harina. Incluso, reciben ayuda por parte de varios vecinos como ropa, pañales y útiles escolares. Y así, pasan sus días: Esperando la ayuda de la comunidad, mientras las autoridades parecen mirar hacia otro lado.
“Hoy los chicos van a tomar una sopa, hace tres días que no comemos. Sólo mate cocido”, comentó la mujer.
Ésta, es la última semana que les permitieron vivir en aquel carro bar convertido en una cocina y gran habitación compartida por todos los integrantes de esta familia. Y por desesperación, recurrieron a los medios en busca de atención, pero sólo lograron futuras citas con abogados y asistentes sociales, además de requisitos para que uno de los pequeños que padece problemas de visión, pueda acceder a una ayuda: “Nos dijeron que esperáramos pero, tenemos hasta el viernes para irnos de acá. El dueño lo vendió y fue demasiado bueno con nosotros por prestarnos”, dijo la abuela Genoveva.
En campañas políticas, todo se promete, todo se regala. Poco importa el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio por tener algo, de todos modos es obligación del Estado bregar por el bienestar de los ciudadanos. Y el Estado lo hace, pero no generando fuentes genuinas de trabajo, sino recurriendo constantemente a las dádivas y al pago de favores traducidos en votos. Abundan los programas sociales. Las madres solteras cobran por tener hijos y si son varios, la rentabilidad es mayor. Los jóvenes cobran por hacer nada y cada vez son más los que piensan que estudiar y trabajar es una pérdida de tiempo, porque insisten en que el Estado tiene la obligación de darles lo que ellos quieran. Pero la dádiva ¿dignifica?
Esta familia ve como única salida vivir bajo un puente. Atrás parecen haber quedado las esperanzas puestas en Chilecito, la ciudad que les abrió las puertas, y hasta pesa sobre ellos el fantasma del engaño y la estafa porque aunque no sean chileciteños de origen, sus derechos fueron vulnerados.
Genoveva aún conserva el recibo del año 2010 y el boleto de compra venta de un terreno que pudieron conservar por pocos meses. También, una carta documento enviada por un prestigioso estudio jurídico local, citando al supuesto vendedor a fin de llegar a un posible acuerdo debido al “incumplimiento contractual”, y hasta advirtieron una denuncia por el delito de usurpación. Pero todo quedó en simples papeles. Sin dinero para continuar bajo el asesoramiento legal, esperan por la atención que les prometieron desde algunas oficinas públicas, dependientes del municipio. Aunque quizás ya deban hacerlo en la calle.
Mientras tanto, se puede ver como el Estado riojano malgasta el dinero que debería tener una distribución justa y fomenta a consolidar una pobreza estructural que marca una brecha cada vez más imposible de sortear, para quienes nacieron, crecieron y sobrevivieron, en un mundo rodeado de necesidades básicas insatisfechas y muy pocas oportunidades.



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