Terminó 2012 y con él se fue la promoción industrial que durante más de tres décadas benefició a San Luis, San Juan, La Rioja y Catamarca. El temor del Gobierno provincial de que en los últimos días del año hubiera una ratificación presidencial del decreto 699 que Cristina Kirchner firmó en mayo de 2010 no ocurrió, y entonces se terminó el que se consideró uno de los mayores problemas que debió enfrentar la provincia desde 1979 hacia acá.
Según el diario mendocino Los Andes, si bien algunas empresas de las provincias mencionadas seguirán con beneficios algunos meses más porque aún no se vencen sus cupos, lo cierto es que el sistema como tal caducó. Aunque el Gobierno mendocino respiró con alivio, evitó festejar para no herir susceptibilidades.
«Lo que hay es la no vigencia del decreto 699/10, porque la promoción hace mucho tiempo se terminó», justificó el gobernador sanjuanino José Luis Gioja a radio Nihuil. En una entrevista publicada por el Diario de Cuyo fue más allá al hablar sobre qué le diría al gobernador Pérez:
«Ya le dije alguna vez, no hay que hacer la del perro del hortelano: ni comer ni dejar comer; hay que trabajar juntos. Usted tiene que profundizar donde hay más desigualdad, con las medidas que tome. Creo que hay que hacer una ley de promoción económica general para el país». Fue claro en su mensaje: «A mí no me gusta festejar las cosas cuando le van mal a otro».
En las últimas semanas, las cuatro provincias que estaban incluidas en la provincia pujaron para sostenerla, aunque finalmente el régimen será remplazado por beneficios que serán aplicados «empresa por empresa», según se anticipó.
De esta manera, la Casa Rosada intentó llevar tranquilidad a gobernadores, empresarios y sindicalistas de las provincias vecinas, que temen que se pierdan puestos de trabajo. «Nadie perderá el trabajo», fue lo que aseguró la presidenta Cristina Fernández, hace unos meses, y lo que repitió durante las últimas semanas la ministra de Industria, Débora Giorgi.
El mencionado decreto 699/2010 de Cristina Fernández había prorrogado por dos años más la promoción industrial y se abrió un nuevo ciclo por otros quince años pero con beneficios acotados.
En ese momento, la decisión generó la reacción de Mendoza. El gobierno de Celso Jaque, empujado por la presión empresaria y social, llevó el tema a la Corte Suprema de Justicia y luego retiró el planteo para poder acceder a un programa que le alivió el pago de la deuda pública con la Nación. Fue entonces un recurso presentado por la Cámara de Comercio de San Rafael lo que frenó la aplicación del decreto y dio tiempo para negociar que no se aplicara.
