Francisco Pérez dijo que el Gobierno tomará acciones a partir de la medida cautelar presentada por una empresa de San Luis. Varios gremios de La Rioja también fueron a la Justicia.
«El fin de la Promoción Industrial no se negocia». Ese es el lema que el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, parece estar inculcándoles a sus funcionarios, sobre todo, a partir del avance de La Rioja y San Luis, las dos provincias que han recurrido a la Justicia por el fin de los beneficios.
Se trata de uno de los logros más destacados por el Ejecutivo mendocino, que se jacta de haber terminado con una normativa que perjudicó a la provincia durante 30 años. Por este motivo, Pérez no está dispuesto a ceder ni un centímetro en la disputa por conseguir que las disposiciones establecidas hace tres décadas continúen aplicándose.
Sin embargo, la presentación de una acción de amparo realizada por varios gemios de La Rioja ante la Justicia Federal, con el objetivo de lograr que se le ordene al Gobierno nacional la firma de los convenios de aplicación que contempla el decreto 699/2010, el cual prorrogaría por 24 meses los beneficios de la Promoción, sumada a la presentación de una medida cautelar realizada por una empresa de San Luis, encendió la alarma en el cuarto piso de la Casa de Gobierno mendocina.
En cuanto al primero de los casos, Pérez expresó que, hasta el momento, el conocimiento que tiene el Ejecutivo sobre esa situación en particular, se produjo a partir de las publicaciones difundidas en los distintos medios de esa provincia. Mientras tanto, lo ocurrido en la otra provincia que ya comenzó con la embestida por el fin de la Promoción Industrial, fue dado a conocer por el propio Gobernador.
«Hemos tomado conocimiento que una empresa de San Luis presentó ante el Juzgado Federal una medida cautelar», expresó el jefe del Ejecutivo, que indicó que le dió instrucciones a la Secretaría Legal y Técnica, a la Asesoría de Gobierno y a las Fiscalía del Estado, para que comiencen a trabajar rápidamente en la causa.
Puntualmente, la idea de Pérez es que sus funcionarios se comuniquen con los juzgados federales de San Luis para analizar los detalles contemplados en la medida cautelar. A partir de esa instancia, las autoridades locales analizarán la presentación minusiosamente y, a partir de ese momento, determinarán como se avanza de cara al futuro. En este sentido, el propio jefe del Ejecutivo no descartó un posible «pedido de inconstitucionalidad», aunque expresó que se trata de «una acción contra la AFIP y el Gobierno nacional».
Entonado por haber conseguido la finalización de la Promoción Industrial, Pérez arremetió contra el antiguo sistema que debilitó a la industria mendocina y potenció excesivamente a San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca.
Debe estar conectado para enviar un comentario.