Así lo dio a conocer el Tribunal de Cuentas, al objetar la liquidación de sueldos. Mediante una resolución, el organismo de contralor reveló que el Ministerio de Educación pagó 9.555 pesos de más por antigüedad a 29 personas.
El Tribunal de Cuentas puso en la mira las liquidaciones de haberes y actos administrativos del Ministerio de Educación. Fue a través de la resolución 1/13 del Tribunal de Cuentas del 15 de febrero, con la firma de su presidente Luis Zamora, el vicepresidente Luis Carrizo y subrogante legal Gerardo Fuenzalida.
A raíz de ello, el organismo de contralor dispuso “formular observación legal a las liquidaciones de haberes y a los actos administrativos que les dieron origen” y suspende los actos administrativos “y las liquidaciones de haberes”, según informó Radio La Red.
En ese marco, le comunicó al ministro de Educación, Walter Flores, que si pretende desoír la orden y ratificar los actos considerados irregulares, necesitará un decreto del gobernador en acuerdo de ministros y esta situación de excepcionalidad correrá bajo “su exclusiva responsabilidad”.
Así el Ministerio de Educación corre el riesgo de quedarse sin buena parte de los equipos técnicos de todas las áreas y niveles justo cuando comienza el ciclo lectivo (si es que finalmente se aplica).
La Nación asiste a la provincia con partidas específicas de dinero, distintas a las de sueldos y obras, para sostener y mejorar todo el sistema educativo. Los equipos técnicos son los encargados de planificar y gestionar esas partidas, entre otras funciones.
Por esa razón, las funciones técnicas normalmente y desde hace más de 20 años las cumplen docentes con horas cátedra afectadas de escuelas e institutos y, por otra parte, docentes y profesionales a los que les pagan con horas cátedra a través de programas. El problema es que afectaría a los docentes y profesionales que cobran con horas cátedra a través de programas.
La auditoria
El informe de la auditoria del Tribunal de Cuentas, del 20 de diciembre de 2012, es del periodo de agosto de ese año y está fundamentada en la documentación proporcionada por el sistema informático respectivo.
El Tribunal de cuentas de la provincia analizó las liquidaciones de haberes de agosto de 2012 de docentes de inicial y primaria, con el fin de conocer si el adicional por antigüedad se había calculado como corresponde.
Por ese motivo, tomó 129 casos y encontró irregularidades en 29. De esa forma, el Ministerio de Educación pagó 9.555 pesos de más por antigüedad a 29 personas.
El 25 de octubre pasado por nota 1042 el Tribunal eleva informe al Ministerio para que subsane la situación detectada en resolución 70/12.
Ese pedido del Tribunal es contestado por el ministro Walter Flores el 4 de diciembre pasado, enviándole al organismo de control el dictamen 2240/12 del área Legal y Técnica, con la firma de María Beatriz Fabregues.
Según el Tribunal, de esta respuesta “no surge que el Ministerio a su cargo haya subsanado o en su defecto justificado” la irregularidad observada.
En cambio, el dictamen de Fabregues que envía Flores “formula observaciones parciales y en algunos casos no cuestionadas” acerca de la potestad que tiene el Ministerio para cubrir horas cátedra e institucionales, algo que nadie le preguntó, y recuerda la denuncia penal de la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) acerca del tema, lo que tampoco fue consultado. Propone también que podría reorganizarse la liquidación para el nivel medio y el superior, que tampoco había sido observado en ese dictamen.
Durante la feria de enero, el Tribunal investigó también la situación de los agentes en los niveles medio y superior.
El Tribunal de Cuentas presupone, en base a esa extraña respuesta, que “el Ministerio no ha tomado las medidas necesarias para una correcta y eficaz liquidación de los haberes de los docentes con carga horaria o en su defecto con otras funciones” en el sistema.
En consecuencia, el Tribunal dice que “el Ministerio ha incurrido en irregularidades e inobservancia de la normativa vigente”, lo que podría provocar algún daño al erario público.
Como un elemento más: el Tribunal objeta que el Ministro envíe un dictamen de Fabregues, dado que ella “se encuentra comprendida entre los agentes con irregularidades observadas” y por lo tanto Flores debió pedirle asesoramiento a un subrogante y Fabregues excusarse.
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