La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le ordenó al juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, que investigue otro caso de trata de personas en la provincia, derivado del juicio que se realizó en Tucumán por la desaparición de Marita Verón. 
El Juzgado Federal de Santa Rosa deberá investigar el caso de una chica que durante el juicio por la desaparición de Marita Verón, como testigo, dijo que fue capturada y trasladada a un prostíbulo local.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le ordenó al juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, que investigue otro caso de trata de personas en la provincia, derivado del juicio que se realizó en Tucumán por la desaparición de Marita Verón. Precisamente, se pidió investigar acerca del testimonio de una chica que según dijo fue capturada y trasladada a esta ciudad, donde fue obligada a prostituirse cuando apenas tenía 14 años.
La resolución consta de un solo párrafo y fue firmada el 21 de mayo por los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Cármen Argibay, que se apoyaron en un dictamen previo de la Procuración General de la Nación.
En esta investigación, surgió en un principio un conflicto de competencia. Es que el Juzgado Federal de Santa Rosa dijo que los hechos se produjeron antes de la entrada en vigencia de la ley 26364 -contra la trata de personas-, mientras que la Justicia Provincial se declaró incompetente por el carácter interprovincial de las conductas a indagar. Después de La Pampa, la mujer fue llevada a La Rioja.
«Si bien los hechos son anteriores a la ley 26364, de todas maneras, debe surtir en autos la competencia federal, ya que estamos ante un posible tráfico interjurisdiccional de mujeres, y para poder combatir con eficacia este tipo de delitos, que suelen ser cometidos por una red de personas que actúa en base al reparto de tareas que se cumplen en distintas provincias -reclutamiento, captación, traslado, acogida y explotación-, es necesaria la actuación conjunta e interconectada de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales de la Nación», indicó González Warcalde, de la Procuración.
Investigación
La causa fue iniciada por la Fiscalía Federal de Santa Rosa, al tomar conocimiento de una publicación del diario LA ARENA -de abril de 2012- que aludió al testimonio de Andrea Romero durante el juicio que se llevó a cabo en la Cámara Penal de Tucumán por la privación ilegal de la libertad y promoción de la prostitución de María de los Angeles Verón, conocida como Marita, que fue secuestrada en 2002 y desde entonces sigue desaparecida.
Según el escrito presentado por González Warcalde, en representación de la Procuración General de la Nación, surge de las constancias incorporadas por la Fiscalía Federal que «dos mujeres, una de ellas menor de edad, fueron captadas y trasladadas a la ciudad de Santa Rosa por personas que integraría una red de trata y que bajo la promesa de trabajar como camareras las llevaron a la whiskería «El Rancho», donde las obligaron a prostituirse. Las víctimas lograron escapar de este local, pero fueron nuevamente ganadas y conducidas a otra provincia».
Ambas fueron llevadas, después de La Pampa, a La Rioja. Andrea, durante el juicio, dijo que allí conoció a Marita Verón: «Se acercó, me aflojó las ataduras de las muñecas, me preguntó cómo me llamaba y me dijo que hiciera lo que me pedían porque ahí no se jodía», contó.
Agregó que Marita, quien tenía «pelo rubio, corto, y lentes de contacto», le mostró un bebé suyo y le indicó que «no lo quería», pero que «no tenía la culpa». Y que tenía una hija llamada Sol. Allí, pactaron avisar a sus respectivas familias cuando alguna pudiera escapar.
Antecedentes de competencia
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ya había resuelto en su momento una cuestión similar de competencia en una causa por el presunto delito de trata de personas en la whiskería «Good Night», de la localidad de Lonquimay. En ese momento, el máximo tribunal adhirió a la opinión del procurador general de la Nación, Esteban Righi, y le pasó la causa al juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala.
Así, la Corte Suprema zanjó una cuestión de competencia luego de que tanto Zabala como la entonces jueza provincial de instrucción, Florencia Maza, dijeran que debía investigar el otro.
El caso del cabaré que funcionaba en Lonquimay, y que fue cerrado a raíz de la apertura del expediente penal, fue impulsado por la fiscal provincial Alejandra Ongaro en octubre de 2009, a partir de la denuncia de Liliana Abratte.
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