El ministro de Defensa, Agustín Rossi, comenzó a tomar distancia de las denuncias contra el jefe militar y, sin restarle el apoyo, afirmó: «Tendrá que ir a la Justicia y demostrar lo que tiene que demostrar».
Luego de verse obligado a respaldar casi diariamente al jefe del Ejército, general César Milani, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, comenzó a tomar distancia ayer de las denuncias contra el jefe militar y, sin restarle el apoyo, afirmó: «Tendrá que ir a la Justicia y demostrar lo que tiene que demostrar».
Se refería, principalmente, a las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, que la Justicia investiga a partir de las denuncias presentadas por los diputados opositores Elisa Carrió y Fernando «Pino» Solanas, y por el senador Gerardo Morales.
«Ante la Justicia nos sometemos, y no solamente Milani . Cualquiera de nosotros, funcionarios o dirigentes políticos, por nuestros actos presentes o pasados, tenemos que estar dispuestos a someternos a la Justicia», aseguró Rossi, en declaraciones radiales.
Tras considerar «previsible» que la Justicia abriera una investigación, tras las denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe del Ejército, el ministro ratificó el respaldo a Milani. Dijo que «permanecerá en su cargo» y volvió a denunciar que el debate sobre su ascenso estuvo «cruzado» por la campaña electoral.
Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron a La Nación que no hay un «cambio de rumbo» en la posición del Gobierno frente al jefe del Ejército, a quien el propio Rossi había respaldado sin ningún condicionamiento los días anteriores.
«Hasta la Presidenta dijo que todos deben responder siempre ante la Justicia», confiaron fuentes de la Casa Rosada.
«Sucede también con los no uniformados: ante una denuncia de enriquecimiento ilícito, en general, la causa se abre y tendrá Milani que ir a la Justicia y demostrar lo que tiene que demostrar», dijo Rossi.
Así, el ministro centró en las acusaciones por el patrimonio del militar las dudas que plantean interrogantes sobre la situación del jefe del Ejército. Quitó del debate las denuncias por su actuación en unidades de La Rioja y de Tucumán entre 1976 y 1977, durante la dictadura militar, como había advertido, unos días después de lanzada la polémica, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que obligó a postergar el tratamiento del ascenso del jefe militar en el Senado.
Rossi explicó más de una vez que el informe del CELS no había aportado datos nuevos y que la documentación ya había sido tenida en cuenta por el Gobierno a la hora de definir la propuesta para ascender a Milani al grado de teniente general.
Como las acusaciones por enriquecimiento ilícito constituyen un elemento nuevo, no sorprendería que el Gobierno comience a abrir un cauce para su distanciamiento, siempre que las denuncias contra el jefe militar sean consistentes y se acrediten en la Justicia. En la propia fuerza están atentos al avance de estas acusaciones en la Justicia.
Según denunció el senador Morales, vicepresidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el jefe del Ejército y titular del área de Inteligencia, omitió incluir en sus declaraciones juradas bienes por $ 1,7 millones en los últimos dos años.
Morales consideró «sospechosa» la «generosidad» del hermano del militar, Rodolfo Milani, que le cedió el 50% de la herencia paterna y sostuvo que esa operación podría resultar «una simulación» para justificar la venta de seis lotes en Cosquín, entre otras aparentes irregularidades.
En tanto, el fiscal federal ad hoc Pablo Camuña, a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, envió una nota a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la que sostiene que de las denuncias y declaraciones testimoniales tramitadas ante la sede fiscal «no surgieron elementos que aconsejaran o se bastaran para sostener una acusación seria».
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