El Gobierno provincial manifestó que hubo tres mujeres policías agredidas luego del desalojo del edificio del Instituto Castro Barros. A través de un comunicado de prensa, se señaló que la diputada Lucia Ávila mordió a una de ellas en la mano.
Asimismo, se acusó a otros legisladores opositores, como Marta de León e Inés Brizuela y Doria, junto al concejal Álvaro Recalde, el abogado Guillermo Galván y el gremialista Rogelio De Leonardi de interponerse impidiendo el inicio del procedimiento policial. El parte oficial relató que el secretario de AMP, “se mostró ofuscado y fuera de control, incitando a la violencia al resto de los manifestantes, tal es así que en un momento le quitó de las manos la orden judicial al agente de policía, tirándola al piso e intentando destruirla”.
Desde Gobierno se subrayó que “la policía no usó ningún elemento de dispersión, como gases u otros productos químicos”, y aseguró que no hubo lesionados entre los manifestantes, lo que se contradice con lo afirmado por los estudiantes que señalan que al menos quince personas debieron ser atendidas producto de los empujones, golpes y forcejeos con las fuerzas policiales.
El secretario de Seguridad, Luis Angulo, dijo que “más allá que algunos hayan intentado darle un tinte político a la protesta, en todos los casos se deben respetar las órdenes judiciales”.
Se informó, finalmente, que “el edificio quedará con custodia policial hasta nueva disposición, con el fin de garantizar el libre acceso y que los docentes que deseen cumplir con su derecho de trabajar puedan hacerlo, lo mismo que los alumnos que no quieran perder más días de clases”.
