En Chilecito, la Justicia decretó un virtual estado de sitio para impedir protestas sociales, tras que la comunidad educativa se alzó contra la decisión del Ministerio de Educación para remover a la directora de la escuela Normal, Norma Illanes de Titac.
A través de una resolución judicial, se impidió a un grupo de habitantes a acercarse a la institución educativa y le coartó los derechos establecidos en la Constitución. De esa forma, la justicia trata de desactivar futuras protestas sociales.
La medida afecta a Marcela Crabbe, una de las referentes de la asamblea ciudadana que se opone a la minería, como así también a los familiares de la directora de la escuela y de la diputada radical Inés Brizuela y Doria respectivamente.
Se establece una medida cautelar de prohibición, mientras que se los acusa de flagrancia debido que la justicia los responsabiliza de los hechos que se produjeron días atrás cuando la comunidad educativa, con apoyo de padres y dirigentes sociales, resistieron la suspensión de la directora de esa escuela, dispuesta por el Ministerio de Educación, que debió dejar sin efecto la decisión.
La notificación especifica la prohibición de “intervenir en episodios de violencia, agresión o cualquier otro accionar que implique la comisión de conducta tipificada como delictivas dentro o fuera de dicha escuela”. En caso de no cumplimentar con las dos disposiciones, se le informa que incurriría en el delito de desobediencia y se procedería a su inmediata detención.
Lo llamativo de la cédula informativa, más allá de su contenido, es que para librarla, la Justicia dispuso “habilitar días y horas inhábiles”, como lo es un domingo. Hechos como esos suelen decidirse cuando existen circunstancias excepcionales o de urgencia que así lo ameriten, lo que no parecería encuadrar en el caso de este oficio en particular.
“Nos prohíben los derechos básicos. Los jueces, a través de la policía, me impiden circular libremente por la ciudad”, dijo Crabbe, al conocerse además que la medida apunta contra Alvaro «Yopo» Illanes, su hermano e hija, cuya familia denunció también al actual jefe del Ejército, César Milani.
“No me dejan acercarme a la escuela ni participar en manifestaciones”’, señaló Crabbe, aunque dijo que “voy a seguir asistiendo a la escuela, no me considero una delincuente, sí soy una rebelde que lucha contra tantas cosas”.
Además la prohibición alcanza a Raúl Brizuela y Doria, hermano de la legisladora de Fuerza Cívica.
En ese sentido, la diputada anunció que se presentará un habeas corpus en la justicia ante el temor que sea detenido su hermano.
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