Entre planteos de inconstitucionalidad y posibles choques con los pactos fiscales firmados entre la Nación y las provincias. En esta situación se encuentran las tasas viales, un régimen impositivo que se afianzó en Córdoba y que también rige en Buenos Aires y en la capital de La Rioja. Ese fue uno de los temas de fondo de las deliberaciones de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que encabeza el ministro de Economía tucumano, Jorge Jiménez, y que este viernes deliberó en la localidad de San Javier, provincia de Tucumán.
Ministros, secretarios de Hacienda y asesores jurídicos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires plantearon sus inquietudes acerca de la polémica medida que eleva la carga fiscal en algunas zonas del país. La polémica se encendió ante la posibilidad de que el cobro de la tasa vial tenga un efecto en cadena y que otras jurisdicciones decidan aplicarla. Otros, en cambio, advierten que la carga puede llegar a trasladarse al consumidor, con el consecuente encarecimiento del combustible.
Según pudo constatar La Gaceta de Tucumán, en la reunión del viernes se expusieron 40 planteos en contra del cobro de la tasa, efectuado por contribuyentes, asociaciones civiles y entidades intermedias. Aún más, se recordó que hay jurisprudencia contraria a la aplicación de la tasa, a través de una acción de amparo presentada por un ciudadano en Jujuy.
En el caso de Córdoba, la tasa vial provincial tiende a redistribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos, que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC), señala la ley que le da sustento.
La Comisión Federal de Impuestos, un organismo consultivo que, además, resuelve litigios impositivos interjurisdiccionales, analizará la legalidad de las decisiones asumidas por algunos distritos del país y luego decidirá si eleva los planteos a la Justicia. Los municipios que cobran la tasa deben demostrar la contraprestación.
Simultáneamente a las deliberaciones de la CFI, en Tucumán sesionó el comité federal de Responsabilidad Fiscal que, entre otras actividades, analizó el cumplimiento de las metas fiscales acordadas entre Nación y las provincias. También se elevaron los balances plurianuales de cada jurisdicción y se efectuó la rendición de cuentas mensual.
En la charla de ministros y secretarios provinciales hubo comentarios sobre la negociación de la Argentina con el Club de París. Los funcionarios coincidieron en que el acuerdo puede significar la puerta de acceso al financiamiento externo, abrir el camino hacia la estabilidad financiera y puede contribuir a la reducción paulatina de los subsidios económicos.
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