Fueros: el reaseguro de los políticos para esquivar a la Justicia
El bloque kirchnerista ha transformado al Congreso en un aguantadero”, acusó la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, en la reunión de comisión donde se trató el pedido de juicio político al vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Amado Boudou, tras su procesamiento en la causa Ciccone por cohecho y presunto mal desempeño de sus funciones.
La presidenta del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, no demoró su contraataque: “Si cada uno mira detrás de su bancada, verá que tienen y tuvieron diputados procesados”.
En efecto, el Vice no es el único integrante del Congreso que tiene problemas con la Justicia argentina. Varios legisladores nacionales debieron responder ante los estrados judiciales por actos en sus funciones, mientras que otros temen en su fuero más íntimo que el pedido de juicio político o licencia a Boudou se vuelva como un búmeran en su contra por deudas aún pendientes con la ley.
Banca que banca
Sin duda, el caso más resonante es el del ex presidente Carlos Menem, quien fue condenado en junio de 2013 a siete años de prisión por contrabando de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Si bien ya apeló ante Casación, el senador no fue a prisión en virtud de sus fueros parlamentarios.
También está procesado por supuesto encubrimiento del atentado contra la sede de la mutual judía argentina AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y 300 heridos. Y se cursa en su contra un procesamiento y embargo por la supuesta “venta fraudulenta” en 1991 del predio ferial de Palermo, propiedad del Estado nacional, a la Sociedad Rural Argentina.
La Justicia nacional es la que debe pedir el desafuero del ex presidente, según el artículo 66 de la Constitución Nacional, donde se establece que esa medida requiere la aprobación de los dos tercios de los senadores presentes. Pero ningún tribunal envió un pedido formal. De modo que Menem mantendrá su banca como una forma de reaseguro. En caso de que el pedido ingrese a la Cámara alta, debe ser tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales y, si consigue dictamen allí, pasaría luego a ser votado en el recinto.
A mitad de este camino se quedó en 2005 el pedido de desafuero para el ex gobernador de Santa Fe y senador por el Peronismo Federal, Carlos Reuteman, dado que logró el aval de Asuntos Constitucionales pero nunca llegó a debatirse en el recinto de sesiones y terminó archivado. Reutemann quedó implicado en una demanda judicial por el asesinato del dirigente barrial Claudio “Pocho” Lepratti en manos de la policía durante los sucesos del 19 de diciembre de 2001 en Rosario.
También cursa en contra del ex piloto de Fórmula Uno una causa judicial por el fallecimiento de 158 personas durante las inundaciones de 2003 -23 de los cuales fueron reconocidos por el Estado y 18 incorporados en una causa penal-. Y otra por la venta del Banco de Santa Fe a los hermanos José y Carlos Rohm. Sobre este último expediente, la Justicia federal ordenó la reapertura de la investigación por el vaciamiento del Banco que le costó a la provincia más de u$s 1000 millones.
En la mira
Además de Boudou, en las últimas semanas otro K del Senado quedó bajo la lupa de la Justicia. Es que el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Luis Armella, está recopilando información para investigar a Aníbal Fernández por enriquecimiento ilícito. La denuncia fue presentada luego de las sospechas que generó el robo de su BMW, modelo 2013, en abril de este año, el cual no figura en su última Declaración Jurada.
Por su parte, el también presidente de Quilmes está imputado en una causa que investiga las responsabilidades políticas por el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la estación de Avellaneda. Aquel 26 de junio de 2002, Fernández se desempeñaba como Secretario General del ex presidente Eduardo Duhalde. Doce años pasaron y la causa duerme en los cajones del juez Ariel Lijo, casualmente protagonista de la escena política y judicial a partir de la causa Ciccone. En el mismo proceso está imputado también el ex gobernador y actual diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa, Felipe Solá.
Otro massista que tendrá que desfilar por Tribunales es el diputado y ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, por supuesto cohecho a raíz del presunto pago de sobornos por parte de la empresa British Petroleum, socia de Pan American Energy. El fiscal Guillermo Marijuán dictaminó a favor de impulsar la pesquisa, tras una denuncia del Ministerio de Planificación de Julio De Vido.
En tanto, quien está a un paso de ser indagado por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, es el diputado nacional y presidente de la UCR santafesina, Mario Barletta, quien en junio recibió un revés en una causa junto a otros ex rectores de la Universidad Nacional del Litoral.
Así las cosas, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra.