El fallo de la Corte Suprema de Justicia es duro golpe para el Gobierno de Luis Beder Herrera, la Legislatura provincial, como así también el Tribunal Superior de Justicia. Es decir, el máximo órgano judicial del país asestó una cacheta jurídica para los tres poderes del Estado riojano.
El fallo ordena a los jueces que cambien su decisorio, por el cual rechazaron el recurso presentado por el intendente Ricardo Quintela, a raíz de la falta de una ley de coparticipación municipal, establecida en la Constitución provincial.
Y también pone en aprietos al Tribunal Superior de Justicia, ya que prestará atención a los demás fallos que surjan desde aquí.
En el mismo sentido, rechaza la transferencia arbitraria de recursos para los municipios. Lo hace al gobierno de Beder Herrera, como así también al Poder Legislativo, ya que no han respetado las autonomías municipales.
El fallo, considerado histórico debido que la Corte ordena a una legislatura provincial la sanción de una ley, posibilita al municipio capitalino el resarcimiento económico.
El pedido se basa en la presunta intencionalidad que existió desde el gobierno provincial para desfinanciar al Palacio Municipal, con quien hoy está enfrentado.
El resarcimiento rondaría los 7 mil millones de pesos, ya que desde el 2007, año que asumió el gobernador no impulsó la sanción de la ley ni tampoco la firma de un convenio financiero con Quintela.
Hoy la Provincia recibe unos 880 millones de pesos por todo concepto. De esos recursos, como piso mínimo, el 20 por ciento (176 millones de pesos) se deberían destinar a los municipios, en base a las propias proyecciones bederistas.
Frente a ello, se debería incluir el porcentaje oficial de inflación anual que elevaría aún más esos fondos frescos que tendrían que estar en todos los municipios.
Por lo cual, el Palacio Municipal quedó habilitado para solicitar un resarcimiento económico para todos los capitalinos, a raíz de la falta de cumplimiento de la provincia en los últimos 7 años.
El sustento legal está en la resolución de la Corte Suprema de Justicia y que podría ser subsanado con una retención de la coparticipación federal que recibe diariamente la administración provincial para ser transferidas a las arcas capitalinas.
