El presidente del Nuevo Banco de La Rioja (NBLR), Jorge González, advirtió hoy que la «irregular expropiación» de la entidad que intenta el gobierno de Luis Beder Herrera pone en riesgo unas 300 fuentes de empleo y «es un mensaje muy negativo» para las inversiones en la Argentina.
En declaraciones exclusivas a NA, el banquero solicitó al presidente del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli, que «por favor intervenga en esta situación de atropello, en la que un gobernador quiere avasallar a una entidad financiera de excelente calificación».
«Vanoli tiene toda la documentación pertinente arriba de su escritorio. Le pedimos una entrevista. Ahora tiene que definir la intervención como autoridad financiera. Hasta ahora, no hemos tenido novedad de él», dijo González tras presentar una nota en el BCRA para ampliar la información sobre lo ocurrido en La Rioja.
Las autoridades del Banco de Santiago del Estero, que controlan el 70 por ciento de las acciones de la entidad riojana, presentaron este jueves una interposición del recurso de casación de reserva con el objetivo de anular una sentencia judicial que contiene una «incorrecta interpretación».
Resulta que Beder Herrera impulsó en la Legislatura una ley de expropiación que fue redactada y aprobada en dos días por el kirchnerismo local, que cuenta con mayoría parlamentaria, e incluso nombró ya nombró a un gerente general que en las próximas horas intentaría ingresar a la casa central de la entidad.
El proyecto del gobernado avanzó en forma veloz después de que el Banco de La Rioja respondiera una consulta del Banco Central sobre operaciones sospechosas en las que funcionarios provinciales habrían cobrado en efectivo y por ventanilla unos 300 millones de pesos de dudosa procedencia.
La administración provincial argumentó que la expropiación del banco es para «devolverle la entidad» a los riojanos, tras 15 años de la gestión privada y después de dos quiebras -con rescate del Banco Nación- durante los años 90.
«Acá es el gobernador Beder Herrera quien debe contestarle al Banco Central la observación de operaciones sospechosas», dijo González y precisó que todos los balances de la entidad fueron aprobados por inspecciones periódicas realizadas por el la autoridad monetaria en 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.
Según el banquero, «de avanzar esta irregular expropiación se ponen en riesgo los 300 puestos de empleo actuales porque la entidad iría rumbo a una tercera quiebra y también se da un mensaje muy negativo al mundo, porque se muestra una clara inseguridad jurídica para las inversiones».
González aclaró que si el BCRA da luz verde al gobierno provincial para avanzar sobre la entidad, él irá a los tribunales internacionales para presentar una demanda: «Si realmente quieren el banco, que le pongan precio y lo paguen porque nosotros hemos invertido mucho aquí y no nos van a sacar como ladrones», dijo. «Estoy dispuesto a entregar el banco, pero no a que quiebre y que 300 familias pierdan sus puestos de empleo. Que paguen lo que corresponde por la entidad y nosotros nos iremos», afirmó el banquero.
Fuente: Noticias Argentinas
