En un fallo inusual, la Casación habilitó a Carlos Menem y Domingo Cavallo a ir a la Corte tras la condena por pagar sobresueldos

En un fallo muy inusual, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal decidió habilitar la apelación a la Corte Suprema de Justicia del ex presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo, condenados en 2015 por el pago de sobresueldos a ex funcionarios con fondos reservados de la SIDE durante su gobierno en los años 90.

La condena había sido ratificada recientemente por la misma Cámara de Casación, que en estos casoshabitualmente rechaza la vía para seguir apelando hasta la Corte una sentencia con doble conforme. De hecho, si el tribunal no habilitaba ese recurso, Cavallo debería haber sido detenido de inmediato, y a Menem sólo sus fueros lo separarían de una celda.

Por unanimidad, los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Eduardo Riggi decidieron abrirle el paso a los condenados hacia la Corte, para que considere si no transcurrió un “plazo razonable” para su juicio desde que ocurrieron los hechos, hace más de dos décadas. Por supuesto, ese tiempo se escurrió gracias a infinidad de chicanas y recursos procesales con que los acusados pedalearon el expediente, con la anuencia -como mínimo- de los jueces y fiscales que intervinieron en el caso.

Recién el 1 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) condenó a Menem a cuatro años y medio de prisión y a Cavallo a tres años y medio, mientras que la ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray fue absuelta. Ese día, los jueces Pablo Bertuzzi, Patricia Mallo y Nestor Costabel también encontraron culpable al ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo y le impusieron una pena de tres años y tres meses de cárcel, aunque luego la Casación revirtió la sentencia en su contra.

Los dos ex ministros fueron condenados como partícipes necesarios del delito de peculado, del que Menem fue considerado autor. Los acusadores dieron por probado que durante el gobierno de Menem se pagaban sobresueldos a los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado a través de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). La excusa era que algunos ministros cobraban menos sueldo que directores o funcionarios de carrera de los ministerios que ellos encabezaban, pero en el juicio se comprobó que esa diferencia salarial no era tal. Luego, con otro decreto, se les asignó la misma plata pero como “gastos de representación”.

El 12 de octubre pasado, la Casación confirmó la condena. Aquella vez, las juezas Ledesma y Ana María Figueroa -subrogante en la sala II antes de que nombraran a Yacobucci- rechazaron la apelación de Menem y Cavallo, pero su colega Riggi votó que, transcurrido “el plazo razonable” para el juicio, todo debería archivarse y aquí no ha pasado nada. La misma tesis que había firmado una semana antes -pero en mayoría- para cerrar la causa por el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, en la que también era acusado Menem.

“Esta es la típica causa judicial que cayó en el olvido y el paso del tiempo la fue oxidando”, dijo a Clarín Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa. “Las defensas y muchas veces los operadores judiciales estiraron los plazos para prescribirla. La OA la querelló desde el inicio para que no muera, y lo logró. Pero ahora en una nueva zancadilla procesal, incluso con el doble conforme de la Casación, se habilita una nueva instancia de apelación. Todo parece pensado para que ni Menem ni Cavallo cumplan la sentencia.” Para la funcionaria, el fallo de ayer “viene a confirmar la peor sospecha: que es difícil condenar a los poderosos en Argentina, y mucho más verlos presos. Esa es la lógica de la impunidad, la que rechaza la sociedad argentina y que tanto daña la imagen del Poder Judicial y la salud republicana”. La pelota, ahora, quedó frente a los pies de la Corte.