No son internos del Servicio Penitenciario, son presos por violencia de género

Gabriela Asís fue jueza de violencia de género y actualmente es ministra de Seguridad del gobierno de Ricardo Quintela.

Asís habló este martes sobre el revuelo en el barrio Facundo Quiroga, a raíz que el Polideportivo de Vargas se transformó en un penal. En la noche del lunes hubo un protesta vecinal con el encendido de velas.

La ministra dijo que se decidió alojar allí a los detenidos por violencia de género, esos mismos que ella penó cuando ocupaba un cargo en la justicia.

En ese sentido, Asís explicó que «la información está mezclada en Vargas, ya que hay 10 detenidos y hace más de diez días que están alli y no tiene nada que ver con lo que pasó ayer (por el intento de motín en el penal) y están con causas por violencia de género».

Lo dijo frente al rechazo de los vecinos de la zona norte de la ciudad que un lugar de esparcimiento sea una cárcel. Y se comprometió: «No vamos a trasladar detenidos del Servicio Penitenciario al albergue»

Hasta el propio gobernador debió salir para aclarar lo sucedido en el Servicio Penitenciario Provincial. Al respecto, afirmó que «no se trasladaron presos, se decidió llevar a 10 personas denunciadas por violencia de género al Polideportivo de Vargas».

Este lunes hubo una revuelta en el Servicio Penitenciario con la quema de colchones en uno de los pabellones, que quedó inhabilitado.

Para Quintela, «esto se resuelve con un nuevo Instituto de Rehabilitación Social, acorde a hospedar a los presos respetando los derechos humanos, yo soy partidario de que todos debemos tener una segunda oportunidad porque nadie nace delincuente. Tenemos un proyecto para eso».

Reconoció además que «en la Penitenciaria se logró controlar la situación, pero no resolver el problema, que viene de años y es el hacinamiento».

A través de un comunicado, el gobierno comunicó este lunes que se logró controlar la revuelta de los internos ante el reclamo por la restricción de las visitas producto de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.

En la mañana del lunes, las autoridades del Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, se hicieron presentes en el Servicio Penitenciario Provincial por el reclamo de los internos.

A la huelga de hambre que venían realizando algunos de los privados de libertad, para reclamar por la realización de audiencias para resolver sus causas (próximas a vencer) se sumó la revuelta que protagonizaron reclusos del pabellón 11.

Luego de tres horas de conflicto, se pudo controlar y asistir a 18 internos heridos de levedad y algunos de los trabajadores penitenciarios.

“En este momento la situación se encuentra nuevamente controlada, hubo un principio de motín que comenzó cerca de las 10 horas en el pabellón 11 con un incendio”, dijo la ministra en el parte de prensa oficial y aclaró que «es un hecho completamente aislado el reclamo colectivo, con lo sucedido con el deceso del interno Britos”.

Informó también que “son diez heridos leves de internos y ocho heridos de consideración que son personal penitenciario, y no hay ningún muerto como se dijo”.

La ministra recalcó que “el reclamo es uniforme y tiene que ver con la resolución de cada una de las causas que ya están en condiciones. El planteo que hacen es poder acelerar el sistema de videollamada o videoconferencia para que se tomen las audiencias y se pueda obtener una resolución judicial”.

Consultada sobre el pedido que hacen de prisión domiciliaria indicó que “es una cuestión judicial y es facultad de los jueces, que quienes reúnan los requisitos de la ley poder acceder al beneficio”.

Explicó además que mucho del malestar de quienes están en el penitenciario es por la restricción de las visitas: “Tiene que ver con el derecho de comunicación que tienen los internos pero que en este contexto de emergencia sanitaria está restringido porque no se permite el ingreso de visitas para evitar el contagio; por lo tanto exacerba los ánimos y la cuestión emocional. Veremos la manera de implementar un sistema telefónico para que todos puedan tener contacto con su familia”.

Finalizando resaltó que “son distintos reclamos pero de una misma connotación. En cuanto al hacinamiento es un problema que tienen todas las cárceles del país y es una cuestión edilicia, los otros como la higiene, comida se ven de manera particular”.
“Esto no es una negociación, existen modos de reclamar con los abogados y este es un reclamo colectivo que no fue pacífico”, agregó.

Participaron junto a la ministra en la resolución del conflicto, el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes; la secretaria de Justicia, Karina Becerra; el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela; el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Ariel Marcos; y la directora del Servicio Penitenciario, Analía Tello.