El debate sobre la autonomía de los gobiernos provinciales en Argentina reapareció en las últimas semanas, a partir de las declaraciones críticas de un diputado nacional, que criticó el reparto desnivelado de las transferencias discrecionales a provincias en el primer semestre. Es conocido que, además del criterio político que suele primar en la distribución de envíos discrecionales a provincias, dichas jurisdicciones gozan de escasa autonomía fiscal, desde el momento que algunas de ellas llegan a depender, en más del 90% de su gasto público, de los recursos que reciben de la coparticipación federal y otras transferencias nacionales.
Pero el grado de autonomía política y fiscal que disponen los gobiernos provinciales depende también de la presencia (o no) de una economía privada pujante en cada jurisdicción, lo que implica contar con un mercado laboral con preponderancia del empleo privado formal. Para maximizar la innovación y la inversión productiva, debe existir una población atenta a las nuevas oportunidades que surgen para satisfacer la demanda interna y externa, y contar con las oportunidades de llevar a cabo sus proyectos, ya sea con una educación de alto nivel, como la existencia de financiamiento y seguridad jurídica que permitan concretar inversiones, entre otros requisitos necesarios con tal fin.
No parece ser la situación en muchas de las provincias argentinas en que el empleo público supera al privado formal, como ocurre en la mitad de ellas. Se tiene, por ejemplo, el caso de Santa cruz, con 21% de la población con un empleo público, mientras sólo 9% cuentan un empleo privado formal. O La Rioja, en que las relaciones son 16% y 8%, respectivamente. En el otro extremo, en provincias como Córdoba y Buenos Aires, los guarismos son 5% y 14%.
No debe esperarse que un sistema de coparticipación federal de impuestos, al menos como está diseñado en Argentina, resulte suficiente para lograr que las provincias más pobres crezcan más que las ricas, y tiendan a igualarse los niveles de ingreso per cápita a largo plazo. Dicha afirmación no tiene que ver con el hecho que dicho sistema no sea redistributivo en Argentina, porque sí lo es, sino por los otros motivos.
- La redistribución regional del sistema no resulta del todo clara, no sólo porque no se explicitan los criterios, sino porque, además, existe un tratamiento muy diferente para provincias similares.
- El sistema de transferencias se pensó inicialmente para armonizar tributariamente el país (lo cual en las últimas décadas no se logró), luego también para generar redistribución regional (en los hechos de una forma peculiar), pero no constituye un buen sistema para inducir desarrollo económico, pues para eso se requerirían transferencias específicas destinadas a mejorar la educación, la innovación y la infraestructura económica y social en las provincias.
- Las transferencias de coparticipación son de libre disponibilidad, y la realidad muestra que se han utilizado principalmente para generar empleo público. Esta situación podría estar generando un fenómeno tipo “enfermedad holandesa” en algunas provincias argentinas, pues las jurisdicciones más beneficiadas con las transferencias son las que cuentan con mayor nivel de empleo público, y esto podría llevar a aumentar el salario de equilibrio en dichas provincias, lo cual desalienta las inversiones privadas en bienes transables.
Se tiene, por ejemplo, que mientras Córdoba cuenta con 35 empleados públicos cada 1000 habitantes, en el otro extremo Tierra del Fuego requiere 120 agentes públicos, Neuquén 105, La Rioja y Catamarca 104 y Santa Cruz 102. La configuración de las transferencias automáticas a provincias se ha demostrado que ha estado ligada a la participación que tienen las provincias en el Congreso. En este sentido, se trata de uno de los países federales con mayor “sobre-representación” de algunas provincias, no sólo por el hecho que en el Senado cada jurisdicción tiene igual cantidad de representantes (más allá del tamaño de su población), sino también porque en la Cámara de Diputados existe una cantidad mínima de legisladores por provincia, lo que aumenta la representación relativa de las provincias menos pobladas.
Por Marcelo Capello Presidente IERAL de Fundación Mediterránea
