Fernando Bazán, secretario de Superintendencia y Control Judicial, reveló irregularidades graves en el Juzgado de Instrucción a cargo de la jueza Adriana Loureiro. El funcionario advirtió sobre una «gran acumulación» de causas sin resolver, incluyendo denuncias de violencia de género que quedaron paralizadas tras las primeras medidas.
La justicia riojana enfrenta un nuevo escándalo institucional tras conocerse los resultados de una auditoría realizada en el Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Chamical. El secretario de Superintendencia y Control Judicial, Fernando Bazán, expuso cifras alarmantes que comprometen la gestión de la jueza Adriana Loureiro: de un universo de casi 700 expedientes analizados entre 2023 y 2024, «más del 50% no han tenido instrucción o no han tenido ni siquiera una primera respuesta jurisdiccional».
En diálogo con medios locales, Bazán detalló las «disfuncionalidades muy marcadas» detectadas en el organismo. Según el informe, muchas causas iniciadas por denuncias policiales o ante el Ministerio Público Fiscal quedaron en un limbo administrativo. «Nunca ha habido un decreto que genere una actuación de la justicia respondiendo a esta denuncia», explicó el funcionario, graficando la parálisis del sistema.
Violencia de género y causas sin resolver
Uno de los puntos más críticos señalados por la auditoría refiere al tratamiento de los casos de violencia de género. Bazán describió un patrón preocupante: si bien se dictan las medidas de protección iniciales (como la prohibición de acercamiento), el proceso judicial se detiene allí. «Cuando llega al tribunal no se lo instruye, no le están dando una actuación para determinar si ha habido o no un delito», advirtió.
El informe revela una «gran acumulación» de 747 expedientes pendientes de resolución y un índice de eficacia que apenas alcanza el 18%. «Hay un 82% de causas que no están resueltas. No se ha encontrado un patrón común de demora; todas las causas en general están recibiendo este trato disfuncional», sentenció Bazán.
Consecuencias para la magistrada
Ante la gravedad de los hallazgos, que incluyen «negligencias graves en hechos muy sensibles», el Tribunal Superior de Justicia decidió girar las actuaciones al Consejo de la Magistratura. Si bien el máximo tribunal tiene facultades disciplinarias, la posible destitución de un magistrado requiere un proceso de enjuiciamiento.
Bazán confirmó que la jueza Loureiro se encuentra actualmente de licencia, pero aclaró que esto «no interrumpe ni afecta los procesos que se lleven adelante». Además, advirtió sobre la posibilidad de que una eventual renuncia no sea aceptada si el objetivo es evadir la responsabilidad funcional, citando antecedentes jurisprudenciales.
Por último, el secretario destacó al personal del juzgado, asegurando que hay «personal muy capacitado y con ganas de hacer las cosas», y atribuyó las fallas a un «sistema organizativo» deficiente que depende de la dirección del tribunal.
