La Etapa II A de la Red Federal de Concesiones, que incluye casi 2.000 kilómetros de corredores estratégicos, recibió 19 ofertas pero solo admitió 12. La empresa bonaerense fue descartada por ratios de deuda que triplicaron el límite permitido y por no acreditar capacidad constructiva propia.
El Gobierno nacional confirmó que avanza en la licitación de la Etapa II A de la Red Federal de Concesiones, el proceso destinado a modernizar más de 9.000 kilómetros de la red vial estratégica del país mediante inversión 100% privada. En ese marco, la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) —empresa de la órbita provincial bonaerense— encendió los reflectores sobre los criterios de admisión y generó rispideces que el Ejecutivo nacional salió a desactivar con un comunicado de tono técnico pero de clara lectura política.
Dos tramos, 19 ofertas y siete empresas afuera
La Etapa II A comprende dos corredores de alta densidad de tráfico: el Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que incluye la RN 3 desde el Gran Buenos Aires hacia el interior provincial, la RN 205, la RN 226, la Autopista Ricchieri, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Autopista Newbery; y el Tramo Pampa, de 546 kilómetros sobre la RN 5.
En total se recibieron 19 ofertas: 12 fueron admitidas tras acreditar capacidad técnica y solvencia financiera adecuadas, mientras que 7 fueron desestimadas. Para el tramo Sur Atlántico – Acceso Sur específicamente, se presentaron 10 ofertas: 6 aprobadas y 4 rechazadas. AUBASA fue una de las empresas descartadas.
Los motivos de la exclusión: deuda y falta de estructura propia
El comunicado oficial identificó dos causales concretas e independientes que motivaron la exclusión de AUBASA.
El primero es de orden técnico: el pliego exigía que las empresas concursantes acreditaran capacidad de ejecución directa de obras, es decir, que contaran con estructura propia, recursos y experiencia constructiva para llevar adelante los trabajos comprometidos sin tercerizar la operación. La documentación presentada por AUBASA acreditó principalmente tareas de operación y gestión, pero no demostró capacidad constructiva propia en los términos del pliego.
El segundo motivo es de naturaleza económico-financiera y resulta aún más contundente: el pliego fijó como límite máximo un ratio de endeudamiento de 1,50. AUBASA presentó un indicador de 3,75, es decir, dos veces y media por encima del techo establecido. El Gobierno describió esa situación como «fragilidad financiera incompatible con las exigencias del proceso».
Durante la etapa de evaluación, la empresa tuvo la posibilidad de complementar y aclarar su documentación. Sin embargo, las observaciones técnicas y financieras no pudieron revertirse y se mantuvo la exclusión. A eso se sumó que AUBASA no presentó el balance contable-financiero en la forma requerida.
La chicana política que el Gobierno salió a neutralizar
La exclusión no hubiera trascendido más allá del expediente licitatorio si no fuera por un movimiento posterior de AUBASA que el comunicado oficial abordó de manera directa: la empresa no impugnó los pliegos durante la etapa habilitada para hacerlo —lo que implica, en términos jurídicos, aceptación plena de las condiciones—, pero luego formuló observaciones sobre las ofertas de otros participantes invocando normativa que, según el Gobierno, «no resulta aplicable al procedimiento».
La lectura política es transparente: AUBASA es una empresa de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, principal referente de la oposición peronista y figura con quien el gobernador riojano Ricardo Quintela ha construido una alianza política explícita. La exclusión de una empresa provincial bonaerense de una licitación nacional de esta magnitud inevitablemente adquiere temperatura en el contexto de la disputa entre el oficialismo nacional y la principal provincia opositora del país.
El Gobierno se anticipó a ese encuadre subrayando que «los criterios aplicados fueron uniformes para la totalidad de los oferentes, sin distinción alguna en función de su naturaleza jurídica o pertenencia jurisdiccional», y que otras empresas también fueron excluidas por los mismos parámetros.
Un modelo de infraestructura sin riesgo fiscal para el Estado
Más allá del episodio AUBASA, la Red Federal de Concesiones representa uno de los pilares de la política de infraestructura del Gobierno de Javier Milei: transformar la red vial nacional en un sistema concesionado con inversión privada, donde el riesgo de la operación recae sobre el concesionario y no sobre el Tesoro. El proceso está supervisado por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la SIGEN, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Comisión Evaluadora.
El expediente continúa su curso. Una de las empresas desestimadas —distinta de AUBASA— realizó una presentación que, según el comunicado, «se encuentra en análisis».
Fuente: comunicado oficial de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
