El Fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, confirmó que el Gobierno nacional aceptó iniciar una conciliación por los fondos adeudados desde 2012. «Nos sorprendió gratamente la predisposición», aseguró el funcionario sobre el reclamo que superaría los 1.300 millones de dólares.
En un giro que podría destrabar un conflicto histórico, la provincia de La Rioja y el Estado Nacional acordaron abrir un canal de diálogo institucional en el marco de la demanda por los fondos de coparticipación adeudados. El acercamiento se produjo durante una audiencia preliminar en la Corte Suprema de Justicia, donde los representantes de la administración de Javier Milei accedieron a la propuesta de conciliación planteada por el gobernador Ricardo Quintela.
El Fiscal de Estado riojano, Emilio Rodríguez, quien encabezó la comitiva provincial, calificó el resultado como un «avance muy importante». Según relató, asistieron con un mandato expreso del gobernador para pedir formalmente la apertura de la conciliación. La respuesta de la contraparte fue inmediata y positiva, algo que no estaba garantizado en la previa.
«Gratamente nos sorprendió que inmediatamente los representantes del Estado Nacional accedieron y aceptaron la propuesta», señaló Rodríguez en diálogo con Medios Provincia. Tras este visto bueno, la Corte habilitó el comienzo de las conversaciones entre ambos estados.
Una deuda «enorme»
Si bien la audiencia fue un acto procesal para fijar posiciones y no para discutir números finos, el trasfondo económico es monumental. La demanda original, iniciada en 2017, reclama la restitución de fondos retenidos indebidamente desde el año 2012 en adelante.
Al ser consultado sobre las cifras, Rodríguez fue contundente respecto a la magnitud del reclamo: «Los montos ya son de público y notorio conocimiento, son cifras enormes, 1.300 millones de dólares o más».
El funcionario explicó que lo logrado ayer fue «abrir esa etapa de concertación que hasta el momento no tenía la provincia». De haber existido una negativa por parte de Nación, el camino hubiera sido un largo litigio de presentación de pruebas hasta un eventual fallo de la Corte. En cambio, se optó por la vía del artículo 360 del código procesal, que fomenta la resolución de conflictos.
Del terreno legal al político
El Gobierno nacional estuvo representado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, Franco Simón. Según el fiscal riojano, el funcionario llegó con instrucciones precisas de sus superiores para no bloquear la negociación. «Si ellos iban con otro mandato a decir ‘No, a La Rioja no le reconocemos nada’, teníamos que empezar el debate», graficó Rodríguez.
Con el canal judicial habilitado, la disputa pasa ahora a la arena política. «Técnica y jurídicamente hicimos lo que corresponde, ahora le toca a la política», afirmó el Fiscal. Los próximos pasos incluirán contactos directos entre Rodríguez y Simón para coordinar las reuniones, que eventualmente serán encabezadas por el gobernador Quintela y los ministros nacionales.
Aunque evitó dar plazos concretos para el cobro de la deuda, el optimismo en la provincia es palpable tras años de relación tensa y distante con la Casa Rosada. «Si hay una apertura es porque hay un reconocimiento. A lo mejor irán a negociar después el tema de los montos, pero por lo menos interiorizarse de cuál es la situación», concluyó Rodríguez.
