La jueza Gisela Flamini confirmó que el acusado no está detenido porque aún no se determinó qué delito cometió. Se secuestraron 200 CDs, computadoras y memorias, pero advierten sobre un «vacío legal» ante los delitos digitales.
La investigación por el hallazgo de cámaras ocultas en un complejo de departamentos en La Rioja, que tiene en vilo a la opinión pública local, sumó un nuevo capítulo con las declaraciones de la jueza de instrucción de violencia de género, Gisela Flamini. A pesar de la gravedad de la denuncia realizada por tres inquilinas, el propietario del inmueble continúa en libertad, una situación que la magistrada atribuyó a la falta de tipificación específica en el Código Penal y a la espera de las pericias informáticas.
«La respuesta simple es porque todavía no sabemos qué delito corresponde, y si corresponde un delito», afirmó Flamini en una entrevista radial, exponiendo la complejidad jurídica del caso. La jueza explicó que la legislación argentina, que data de 1921, ha quedado obsoleta frente a la evolución tecnológica. «Hay un vacío claramente. Lo que se suele hacer es hacer interpretaciones extensivas de los tipos penales que ya existen, pero no hay un tipo penal específico», detalló.
El escándalo estalló la semana pasada cuando las inquilinas descubrieron dispositivos de grabación en sus viviendas. Si bien el allanamiento realizado el martes fue considerado «exitoso» por la Justicia, con el secuestro de «alrededor de 200 CDs, dos computadoras, una cámara de filmación y memorias varias», la imputación formal demora.
La espera de las pericias, clave para la detención
La magistrada enfatizó que debe ser prudente antes de ordenar una detención o definir la carátula. «Yo necesito el resultado de las pericias. No puedo hacer una interpretación extensiva si no tengo el resultado que me diga ‘Nicolás, ¿sabés para qué tenía esas grabaciones? ¿Cuál era la finalidad?'», explicó Flamini al periodista Nicolás.
El temor de las víctimas y de la querella radica en el destino de esas imágenes: si eran para consumo personal del acusado o si existía una red de comercialización o distribución de pornografía. «Si el hombre vendía esa información, ahí ya tenés un delito», especuló el conductor del programa, aunque por ahora todo es materia de investigación.
¿Delito penal o reclamo civil?
Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de que el hecho no constituya un delito penal, sino una infracción al derecho a la intimidad, que se dirime en el fuero civil con resarcimientos económicos. «El tema de la violación a la intimidad, ¿no aplica en este caso?», consultaron desde el estudio. La respuesta de la jueza fue tajante: «Eso es ilegal, pero eso va por la vía civil, no es una cuestión penal».
Sin embargo, Flamini dejó abierta la puerta a que, dependiendo de lo que revelen los dispositivos secuestrados, el caso pueda encuadrarse en figuras penales o incluso como «lesiones leves de carácter psicológico», como ha ocurrido en otras jurisdicciones del país.
El acusado ya fue notificado de la causa y se dictaron medidas cautelares para proteger a las denunciantes. Mientras tanto, la Justicia avanza con el análisis de los terabytes de información incautada, un proceso que será determinante para saber si el dueño de los departamentos enfrentará la cárcel o solo una demanda por daños y perjuicios. «Apenas hagamos las pericias, se procederá a la imputación con la calificación jurídica que más se adecúe», prometió la jueza.
