La oposición, alineada con la estrategia del referente libertario, bloqueó el proyecto de «Banco de Tierras» que otorgaba amplias facultades al Ejecutivo para vender y ceder terrenos públicos. Denuncian un intento de crear un «botín electoral» y rechazaron dar un «cheque en blanco».
La política capitalina de La Rioja vivió horas de alta tensión en el Concejo Deliberante. En una jugada que trasciende lo legislativo y se lee como un mensaje directo de poder, Eduardo «Lule» Menem operó como el artífice político para frenar lo que la oposición denominó la «inmobiliaria municipal». A través de un bloque de concejales que le responde, se impidió el avance de una ordenanza clave para la administración local.
El proyecto en cuestión, que contaba con despacho de mayoría de la Comisión de Legislación, buscaba crear el «Banco de Tierras de la Municipalidad de la Ciudad Capital de La Rioja». Sin embargo, la iniciativa se topó con una pared: los concejales De León, Roncoroni, Rippa, Olivera, Ceballos y Ávila rechazaron la propuesta, impidiendo que el oficialismo alcanzara la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
«Frenamos un cheque en blanco que ponía en riesgo el bien más valioso de la ciudad: la tierra pública», sentenciaron los ediles opositores en un comunicado conjunto, alineándose con la estrategia de «marcar la cancha» impulsada por el sector de Menem.
La polémica por los «superpoderes» inmobiliarios
El nudo del conflicto radicaba en las facultades que el texto otorgaba al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM). Según el dictamen, se autorizaba al municipio a la «disposición y adjudicación de terrenos de propiedad del Municipio en venta, transferencia de titularidad o adjudicación, cesión en comodato, subasta u otra forma que se requiera».
Para la oposición, esto implicaba que el Concejo Deliberante cediera su potestad de control, entregando al intendente la facultad discrecional de manejar el patrimonio de todos los riojanos. «No vamos a permitir que pueda ser usada como botín electoral por el intendente de turno», dispararon los concejales que votaron en contra.
La normativa propuesta era ambiciosa. Pretendía que el Ejecutivo pudiera «cambiar el destino de los lotes de terrenos de su propiedad» para facilitar obras o servicios, e incluso disponía porcentajes específicos de uso del suelo, habilitando por ejemplo que en «Espacios de Equipamiento Comunitario» se destinara el «100% de la superficie para actividad comercial privada».
Una votación dividida
El oficialismo intentó hasta último momento salvar la ordenanza. Los ediles leales al gobierno municipal y la concejal Karina Martínez votaron a favor de la iniciativa. Argumentaban que el proyecto buscaba solucionar el déficit habitacional, estableciendo requisitos como que los solicitantes de terrenos para vivienda «no posean en la provincia otro inmueble con el mismo fin».
El proyecto también contemplaba la creación de un «Registro Municipal de Tierras» para relevar todos los inmuebles del dominio público y privado, y autorizaba descuentos del «10% para el caso de lotes destinados a Vivienda Familiar de carácter social».
Sin embargo, la desconfianza política primó. La oposición advirtió que el articulado permitía la venta de tierras no solo para viviendas, sino para «proyectos especiales», «turísticos» o «comerciales», bajo mecanismos de «convenio urbanístico» que consideraron poco transparentes.
Con este bloqueo, Lule Menem consolida su influencia en el legislativo capitalino, dejando en claro que cualquier iniciativa que involucre el patrimonio estatal deberá pasar por un filtro político mucho más estricto de cara al 2027.
