El abogado que impulsó el juicio político contra el Tribunal Superior de Justicia calificó de «escándalo» la decisión de la Cámara de Diputados de archivar las denuncias. Acusó a los legisladores de votar «sin leer el expediente» y sentenció: «En La Rioja no hay justicia».
Luego de que la Sala Acusadora de la Legislatura riojana rechazara por unanimidad los pedidos de juicio político contra los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el abogado denunciante, Emilio Pagotto, rompió el silencio con una batería de críticas feroces hacia el poder político y judicial de la provincia. El letrado no dudó en calificar la sesión legislativa como la consumación de un «pacto de impunidad» destinado a proteger a los magistrados Claudio Ana, Luis Brizuela, Claudio Saúl y Gabriela Asís.
La decisión de los diputados, que consideraron «inadmisibles» las denuncias por carecer de sustento jurídico, fue interpretada por Pagotto como una maniobra de encubrimiento institucional. «Han votado sin leer el expediente. No lo tenían en sus bancas. Es una falta de respeto a la ciudadanía y a las instituciones», disparó el abogado, visiblemente ofuscado por la celeridad con la que se archivó la causa.
«Operativo Lavandina»
Para Pagotto, lo ocurrido en el recinto no fue un acto de control constitucional, sino una puesta en escena para limpiar el historial de los jueces cuestionados. «Esto es un ‘operativo lavandina’ para frenar las denuncias», aseguró, insistiendo en que existen pruebas contundentes sobre presuntas presiones y mal desempeño que fueron deliberadamente ignoradas por el cuerpo legislativo.
El abogado remarcó que la gravedad de las acusaciones —que incluían testimonios sobre supuestos «aprietes» a magistrados inferiores para fallar en determinado sentido— ameritaba una investigación profunda y no un cierre expeditivo. «El expediente estaba completo, no hay excusas», sentenció.
Una justicia cuestionada
El análisis de Pagotto trascendió el caso puntual y apuntó a la degradación del sistema judicial riojano en su conjunto. Con frases lapidarias, describió un escenario de indefensión para el ciudadano común frente a una corporación judicial entrelazada con el poder político.
«En La Rioja no hay justicia. Vivimos en una provincia feudal en la que no hay garantías», afirmó con dureza. Según su visión, el mensaje que envía la Legislatura al «salvar» a la cúpula del TSJ es devastador para la independencia de poderes: «Hoy es un juez que estará a merced de los favores que le pidan. ¿Dónde queda la independencia judicial?».
El letrado concluyó advirtiendo que, a pesar del revés legislativo, la crisis de legitimidad del Poder Judicial persiste y que la sociedad percibe la falta de respuestas. «Si el Tribunal Superior no garantiza los derechos de las personas, difícilmente las personas se puedan animar a denunciar», cerró.
