La diputada opositora y consejera Gabriela Rodríguez confirmó que, al aceptarse la dimisión de las magistradas Loureiro e Illanes, se extinguió la vía del juicio político. Sin embargo, el organismo remitió las pruebas acumuladas al fuero penal y civil.
El escenario judicial de La Rioja sumó un nuevo capítulo tras la salida de las juezas Adriana Loureiro y Virginia Illanes, cuyas renuncias fueron aceptadas recientemente por la Cámara de Diputados provincial. Al perder su estado judicial, el Consejo de la Magistratura se vio impedido de continuar con el proceso de destitución, pero decidió remitir las actuaciones a la Justicia ordinaria ante la presunción de la comisión de delitos.
La confirmación llegó de la mano de Gabriela Kelina Rodríguez, diputada provincial por Chilecito y miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la oposición. En declaraciones radiales, la legisladora explicó el tecnicismo legal que motivó la decisión del cuerpo colegiado y lanzó duras críticas a la calidad institucional de la provincia.
«Hoy ya son exjuezas porque han perdido ese carácter al aceptárseles las renuncias», aclaró Rodríguez, detallando que la función primordial del jurado de enjuiciamiento —la destitución por mal desempeño— se volvió abstracta. No obstante, advirtió que esto no implica el cierre de las investigaciones sobre sus conductas.
El giro hacia la justicia penal
Durante la última sesión del Consejo, se resolvió por unanimidad enviar los expedientes acumulados a los tribunales competentes. «Al aceptarse la renuncia, el consejo entiende que no tiene ya sobre qué seguir investigando… pero otra cosa es la responsabilidad que se puede investigar y sustanciar en la justicia, ya sea en el fuero civil o penal», señaló la consejera.
Rodríguez fue contundente respecto a la solidez de la evidencia recolectada durante la instrucción de las comisiones investigadoras. «Si hay situaciones, hay elementos de pruebas, surgen indicios… se envía eso. Y eso fue una de las decisiones que tomó el Consejo de la Magistratura», afirmó.
El objetivo de esta medida es que el Poder Judicial determine si, detrás del mal desempeño administrativo señalado inicialmente, existen ilícitos penales. «Se enviaron todas las actuaciones de la supuesta comisión de algún ilícito para que lo haga el órgano que es competente… para que ellos se fijen si en esas denuncias se ha cometido otro delito», explicó la diputada.
Crisis institucional y pobreza estructural
Más allá del caso puntual de las exmagistradas, Rodríguez aprovechó la entrevista para trazar un diagnóstico sombrío sobre la realidad política y social de La Rioja. Calificó el momento actual como una etapa de «muchos quiebres, de muchos cambios y, por supuesto, de mucha debilidad institucional».
La legisladora de la oposición vinculó la crisis judicial con un deterioro generalizado de las condiciones de vida en la provincia, apuntando contra el modelo de gestión del oficialismo local y desestimando que la situación sea únicamente consecuencia de las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.
«La pobreza estructural que tiene la provincia de La Rioja no es culpa de Milei… esto viene de un arrastre de años», sentenció, recordando que la entrega de puntos de coparticipación ocurrió bajo administraciones del mismo signo político que el actual gobierno provincial.
Rodríguez describió a La Rioja como una provincia «totalmente unitaria» y «politizada», donde el interior se encuentra «desolado». Además, cuestionó la dependencia estatal de la ciudadanía: «Se creó este estado elefantiásico donde… no hay oportunidades para poder crecer y mejorar el empleo».
Reforma política pendiente
Sobre el cierre, la diputada hizo un llamado a «romper con la resignación» y abogó por cambios profundos en el sistema electoral, criticando las leyes de lemas o colectoras que, a su juicio, distorsionan la representación. «Es un sistema tramposo y perverso… de toda la oposición hay cinco diputados sobre un total de 36», denunció.
De cara al próximo año legislativo, Rodríguez adelantó que seguirá insistiendo con el proyecto de Boleta Única de Papel y reclamando mayor transparencia a los ministerios del Ejecutivo provincial, a los que acusó de no brindar explicaciones sobre temas críticos como el agua, la salud y la educación.
