Polémica por el espacio público. El ministro de Vivienda, Ariel Puy Soria, rechazó la iniciativa de la Municipalidad de querer «robarle el esparcimiento» a los niños tras conocerse los detalles de una iniciativa que habilitaba la venta de terrenos públicos y la instalación de comercios en espacios verdes. «No quiero vivir en una ciudad donde la autoridad de turno venda una plaza», sentenció el funcionario.
Un conflicto de alto voltaje político estalló esta semana en la capital riojana, exponiendo una grieta profunda sobre el manejo del patrimonio estatal. El detonante fue el frustrado intento del oficialismo municipal de aprobar la creación de un «Banco de Tierras», una herramienta que, bajo la premisa de ordenar el dominio público, abría la puerta a la privatización de espacios recreativos y la venta de activos municipales para financiar obras.
Aunque el proyecto obtuvo dictamen de comisión el pasado 4 de diciembre, no logró reunir los votos necesarios en el Concejo Deliberante. Sin embargo, la difusión de su articulado desató la furia del Gobierno provincial, encarnada en la figura del ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, quien salió a marcar un límite ético y político indeclinable.
“No quiero vivir en una ciudad donde la autoridad de turno venda una plaza, porque eso es robarle el esparcimiento de miles de niños y adolescentes que concurren a disfrutar en familia de momentos de esparcimiento”, disparó Puy Soria, clausurando cualquier posibilidad de consenso con la iniciativa municipal.
La «letra chica» de la discordia
El rechazo provincial se fundamenta en los detalles técnicos del Expediente N° 15755-C-25. El documento, impulsado por concejales afines al intendente Armando Molina, proponía un cambio drástico en el perfil urbano de la ciudad.
El punto más sensible se encontraba en el Artículo 9, que autorizaba expresamente al Departamento Ejecutivo a la «disposición y adjudicación de terrenos… en venta, transferencia de titularidad, cesión en comodato, subasta u otra forma». Pero la alarma se encendió con la zonificación propuesta para los lugares de recreación.
Según el dictamen, se establecía que en «Espacios Verdes y Plazas barriales» se podría destinar un «30% de la superficie para actividad comercial privada». La normativa iba aún más lejos con los terrenos catalogados como «Espacios de Equipamiento Comunitario», donde se habilitaba el «100% de la superficie para actividad comercial privada, deportivo, religioso, cultural«.
Choque de modelos
La iniciativa defendía estas enajenaciones argumentando que el dinero recaudado por la venta de tierras o el cobro de cánones debía ser «invertido en obras de infraestructura urbana». Es decir, financiarse liquidando activos públicos.
Desde la vereda opuesta, Puy Soria rechazó esta lógica mercantilista y ratificó la postura de la Provincia sobre las 3.000 hectáreas en disputa en la zona sur de la Capital. «Los bienes públicos no se venden, no se negocian, no se entregan y no vamos a permitir que sean convertidos en un negocio inmobiliario para unos pocos», advirtió el ministro.
El funcionario provincial dejó en claro que la defensa de la tierra fiscal no es una mera discusión administrativa, sino una «decisión política» para proteger el interés colectivo frente al avance de negocios particulares. Con el proyecto frenado en el recinto pero la tensión política en aumento, la disputa por el control y el destino del suelo urbano promete ser el eje central de la agenda política riojana de cara al 2026.
