La decisión del organismo nacional de reducir la cobertura al 100% en medicamentos clave y aumentar los copagos pone a los jubilados riojanos ante una disyuntiva cruel. En una provincia donde el haber previsional suele sostener economías familiares enteras, la medida amenaza con derivar en una crisis sanitaria silenciosa.
En La Rioja, la «motosierra» del ajuste nacional ha dejado de ser una metáfora macroeconómica para materializarse en el lugar más sensible de la vida cotidiana: el mostrador de la farmacia. La confirmación de que el PAMI ha reducido drásticamente el vademécum de medicamentos con cobertura al 100% y ha incrementado los porcentajes de copago para sus afiliados no es solo una noticia administrativa; es un torpedo a la línea de flotación de la economía de subsistencia en la provincia.
Para entender la magnitud del impacto, hay que leer la medida en clave territorial. La Rioja no es la Ciudad de Buenos Aires. Aquí, la jubilación mínima no es solo el ingreso de un adulto mayor; es, en miles de casos, la columna vertebral financiera de familias extendidas donde el desempleo juvenil y la precarización laboral son moneda corriente. Cuando el PAMI recorta, no solo empobrece al abuelo; desfinancia la mesa familiar.
La salud como variable de ajuste
La medida implica que tratamientos para patologías crónicas o agudas, que hasta ayer eran gratuitos, ahora exigirán un desembolso del bolsillo del afiliado. En un contexto inflacionario donde los precios de los fármacos han volado por encima del IPC, este cambio de reglas empuja a los jubilados riojanos a una decisión dramática: comer o medicarse.
Farmacéuticos de la capital y el interior provincial ya advierten sobre el fenómeno de la «receta interrumpida»: pacientes que llegan al mostrador, preguntan el precio con el nuevo copago y, al no poder afrontarlo, se llevan solo la mitad de la caja o, peor aún, deciden discontinuar el tratamiento. El riesgo sanitario es evidente, pero el riesgo político para la gestión local y nacional es una bomba de tiempo.
El gobierno provincial, sin red de contención
Para el gobernador Ricardo Quintela, esta medida del gobierno de Javier Milei es un arma de doble filo. Por un lado, le permite reforzar su narrativa de confrontación, señalando la insensibilidad social del modelo libertario. Pero por el otro, lo expone ante su propia impotencia. El sistema de salud público provincial —ya estresado y con sus propios problemas de insumos— no tiene la capacidad operativa ni financiera para absorber la demanda de miles de jubilados que, expulsados del sistema privado de farmacias, acudirán a los hospitales públicos en busca de los remedios que el PAMI ya no cubre.
La obra social provincial (APOS) también navega aguas turbulentas, por lo que no hay un «plan B» local robusto. La Rioja se encuentra así ante una tormenta perfecta: el retiro del Estado nacional en la cobertura social deja a la intemperie a un sector demográfico que no tiene capacidad de reacción ni de protesta.
El fin de la clase pasiva
Lo que se está rompiendo en La Rioja con estas medidas es el contrato social implícito de las últimas décadas. El jubilado, que solía ser un actor de consumo estable en los comercios de barrio, pasa a ser un indigente sanitario. El aumento de los copagos funciona, en la práctica, como una quita salarial directa a un sector que no tiene paritarias ni fuerza de choque.
Hacia el 2026, el panorama es sombrío. Si la lógica del mercado se impone sin anestesia en la salud de los mayores, La Rioja verá deteriorarse sus indicadores sociales con rapidez. El «ahorro» fiscal que celebra la Nación se pagará, en el interior profundo, con un costo humano que las planillas de Excel no alcanzan a cuantificar.
