La extensión de los plazos y el récord de anotados en la universidad riojana son celebrados como un éxito de gestión educativa. Sin embargo, el fenómeno esconde un síntoma social más complejo: las aulas se convierten en la única «sala de espera» posible para una juventud que no encuentra lugar ni en un Estado saturado ni en un sector privado en retroceso.
En La Rioja, cuando la economía se contrae, la universidad se expande. La reciente confirmación de que la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha decidido extender sus plazos de inscripción, sumada al dato de que la matrícula ya supera los números del año pasado, se presenta en la superficie como una buena noticia de interés académico. Pero en la profundidad del análisis político y social, este aluvión de ingresantes debe leerse con otra lente: la del «refugio». En una provincia donde el empleo privado cae y los salarios públicos rozan la línea de indigencia, la educación superior deja de ser solo una apuesta al futuro para convertirse en la única trinchera disponible para el presente.
El récord de inscripciones no ocurre en el vacío. Coincide, no por casualidad, con uno de los momentos más críticos del mercado laboral local en décadas. Con el comercio bajando persianas, la construcción paralizada por el fin de la obra pública nacional y el agro ofreciendo puestos estacionales y mal pagos, el joven riojano se enfrenta a un desierto de oportunidades. Ante la imposibilidad de conseguir un empleo formal —o incluso una «changa» rentable—, la universidad pública, gratuita y de ingreso irrestricto, emerge como el gran ordenador social.
La universidad como «parking» social
El fenómeno del «estudiante por descarte» es una realidad que la política prefiere no nombrar. Para muchas familias, mantener a un hijo en la universidad —aún con los costos de transporte y apuntes— es una estrategia de contención ante la alternativa: el desempleo liso y llano. La UNLaR, con su masividad, cumple hoy un rol que excede lo pedagógico; actúa como un dique de contención para una masa laboral joven que el sistema productivo provincial no tiene capacidad de absorber.
La extensión de las inscripciones puede leerse también como una señal de esta necesidad de contención. La institución «abre la tranquera» para captar a todos aquellos que, llegados a diciembre, se dieron cuenta de que el plan de salir a trabajar es inviable en la La Rioja de 2026.
El efecto embudo y la frustración diferida
Sin embargo, este «éxito» de convocatoria siembra la semilla de un conflicto futuro. La Rioja está formando profesionales a un ritmo que su economía real no puede capitalizar. El modelo histórico, donde el título universitario era el pasaporte directo a un cargo de planta permanente en el Estado provincial, está roto. El Estado, asfixiado financieramente y sin recursos extracoparticipables, ya no puede ser el empleador de última instancia de todos los graduados de la UNLaR.
Lo que hoy se celebra como un auge educativo corre el riesgo de convertirse, en el mediano plazo, en una fábrica de frustración. Si la matriz productiva de la provincia no cambia y no se generan incentivos para la inversión privada genuina, estos miles de nuevos inscriptos se encontrarán, dentro de cinco o seis años, con el mismo desierto laboral del que intentan escapar hoy, pero con un título bajo el brazo.
El crecimiento de la matrícula en la UNLaR es, en definitiva, un espejo de la crisis. Muestra a una sociedad que sigue apostando al ascenso social a través del estudio, sí, pero también desnuda la ausencia total de alternativas. Cuando la fábrica cierra y el comercio no contrata, el aula se llena. No siempre por vocación, sino porque afuera hace demasiado frío.





