El diputado nacional Lisandro Almirón calificó de «pantomima democrática» el esquema institucional de la provincia; advirtió sobre una justicia «infectada ideológicamente» y llamó a desmantelar los mecanismos que perpetúan el poder local tras la caída del régimen venezolano.
La crisis terminal y la reciente caída del régimen en Venezuela generaron un efecto espejo inmediato en la política doméstica argentina. En una fuerte ofensiva discursiva, el oficialismo nacional apuntó los cañones contra las provincias que aún mantienen sistemas electorales arcaicos, ubicando a La Rioja en el centro de las críticas por compartir, según la denuncia, las mismas «herramientas» de control social que el chavismo.
El diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, trazó este domingo un paralelismo directo entre la ingeniería electoral diseñada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro y la realidad institucional que atraviesan distritos como La Rioja, Formosa y Santa Cruz. Para el legislador, la liberación de Venezuela obliga ahora a «poner la lupa en las herramientas del régimen para legitimar su poder» dentro de las fronteras nacionales.
«Cancha inclinada» y colectoras
El planteo del libertario apunta al corazón del sistema político riojano: la ley de lemas y las colectoras, mecanismos que el Gobierno nacional busca erradicar definitivamente. Almirón denunció que estos esquemas provocan una «fatiga electoral por la marea de boletas» y funcionan, en la práctica, como una trampa institucional.
«Chávez estableció un sistema que habilita al engaño y el control de los resultados», disparó el diputado, para luego conectar esa lógica con el norte argentino: «En Argentina aún lo podemos ver en Formosa, La Rioja, Santa Cruz y varias provincias del norte donde el poder se estanca inclinando la cancha».
Según el análisis del legislador correntino, la resistencia de los gobernadores a adoptar la Boleta Única de Papel (BUP) —uno de los estandartes de la gestión de Javier Milei para «devolverle el poder de elección a los argentinos»— no es casualidad, sino una estrategia de supervivencia política.
Justicia y medios bajo sospecha
La denuncia de Almirón profundizó en el andamiaje que sostiene a los oficialismos provinciales, yendo más allá de lo estrictamente electoral. Describió un escenario de cooptación institucional donde el Estado utiliza «la pauta mediática y la censura» para comunicar «a placer», impidiendo el surgimiento de una oposición real.
En términos de gravedad institucional, el diputado alertó sobre la existencia de un «sistema judicial infectado ideológicamente» y mayorías automáticas en los organismos de control electoral, pilares fundamentales para lo que definió como una «pantomima democrática».
El fantasma de la reforma perpetua
El paralelismo con Venezuela incluyó una advertencia sobre las modificaciones de las cartas magnas provinciales, un tema sensible en la agenda riojana reciente. Almirón recordó que el control total del aparato estatal permite avanzar hacia «reformas constitucionales como la que Chávez realizó en 1999», sugiriendo que los «sistemas electorales a medida» son el paso previo para la perpetuación indefinida en el poder.
Citando a figuras históricas disímiles como Joseph Stalin o William Tweed bajo la premisa de que «quien controle la maquinaria electoral, controla la elección», el oficialismo nacional instó a la ciudadanía a «tomar una posición». El mensaje hacia la administración de Ricardo Quintela y otros mandatarios es claro: la Casa Rosada exige «cambiar estos sistemas acuñados en 1900 por formas más transparentes y actuales», poniendo fin a las estructuras que garantizan la hegemonía local.
