La crisis económica quiebra la cadena de pagos del Estado provincial. Con cuotas fuertemente subsidiadas que representan la mitad de un alquiler de mercado, el gobierno riojano recurre a la Fiscalía de Estado para intimar a los morosos. Mientras tanto, el déficit habitacional se agrava: hay 19.000 familias en lista de espera y la construcción de nuevas unidades avanza a un ritmo crítico.
El pacto solidario que sostiene el sistema de viviendas sociales en La Rioja atraviesa una crisis terminal. El Estado provincial, históricamente caracterizado por su rol protector, se ha topado de frente con el límite de sus propios recursos y con una morosidad endémica que amenaza con paralizar por completo la obra pública habitacional. El dato es contundente y enciende las alarmas en la Casa de las Tejas: casi el 60% de los beneficiarios de viviendas entregadas por el Gobierno no paga su cuota mensual.
Ante la asfixia financiera y la ruptura de esta cadena de pagos, la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo decidió endurecer su postura, abandonando la tolerancia administrativa para dar paso a un proceso de intimaciones extrajudiciales que podría derivar en el peor de los desenlaces para los deudores: la desadjudicación y el desalojo.
El fin de la tolerancia oficial
El titular de Vivienda, Diego Rivero, fue el encargado de blanquear la gravedad de la situación, reconociendo que el nivel de atraso ha superado cualquier margen de previsibilidad. «Tenemos una alta morosidad que creció, casi un 60% del total de beneficiarios no están pagando o se atrasaron en más de cinco cuotas», detalló el funcionario.
Frente a este escenario, el Gobierno provincial ha comenzado a derivar los expedientes a la Fiscalía de Estado. La instrucción es clara: agotar la instancia de conciliación y, ante la «falta de voluntad» de pago, avanzar con el cobro judicial o la recuperación del inmueble. «La ley nos habilita a desadjudicar por falta de pago», advirtió Rivero, una declaración que marca un giro pragmático —y de estricta necesidad fiscal— en la retórica del oficialismo riojano.
Un subsidio devorado por la crisis y la inflación
El análisis de las cifras expone la distorsión del sistema y la magnitud del esfuerzo fiscal de la provincia. Actualmente, el valor de la cuota mensual para una vivienda de tres dormitorios oscila entre los $160.000 y los $230.000, dependiendo del equipamiento.
Esta cifra representa, en términos reales, menos de la mitad del valor de mercado de un alquiler equivalente, que hoy supera cómodamente los $500.000. Además, el esquema de actualización semestral ha quedado licuado frente a la inflación: el último incremento aplicado fue de apenas $30.000 en seis meses. El hecho de que una cuota altamente subsidiada registre un 60% de incobrabilidad refleja no solo una falla en la cultura del pago solidario, sino la profunda licuación de los ingresos de la clase media y trabajadora riojana.
El efecto dominó: padrón cerrado y obras paralizadas
La morosidad no es un problema aislado; es el engranaje roto que detiene toda la maquinaria habitacional. En el esquema de viviendas sociales, el «recupero» (los fondos obtenidos por el cobro de cuotas) es el capital que se reinvierte en nuevas obras. Sin esa inyección de liquidez, el sistema colapsa.
Las consecuencias de este quiebre ya están a la vista y dibujan un panorama sombrío para el futuro inmediato:
- Padrón desbordado y cerrado: La demanda ha superado ampliamente la capacidad de respuesta del Estado. El registro de aspirantes debió ser cerrado tras superar la barrera de los 19.000 inscriptos.
- Costos inalcanzables: Construir una vivienda social hoy le cuesta a la Provincia unos $88 millones (sin contar el lote ni las obras de infraestructura básica).
- Ritmo de obra crítico: Actualmente, solo hay 300 viviendas en construcción, y el propio administrador reconoció que se avanza a un «ritmo muy bajo».
El dilema que enfrenta la administración de Ricardo Quintela es profundo. En una provincia fuertemente dependiente de los fondos nacionales —hoy restringidos—, la supervivencia de la política habitacional dependerá exclusivamente de la capacidad del Estado para obligar a sus propios ciudadanos a cumplir con su parte del trato. De lo contrario, el sueño de la casa propia para esas 19.000 familias en lista de espera será, financieramente, una quimera.
