El secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, blanqueó la crudeza de las negociaciones con la Nación y apuntó contra Martín Menem como emisario. Asfixiada por un rojo de $50.000 millones mensuales por el freno a los fondos extracoparticipables, la gestión de Ricardo Quintela denuncia presiones, se niega a ceder autonomía y profundiza el ajuste de su propio gabinete para blindar los salarios.
En el ajedrez de la política argentina, la histórica dinámica de «la chequera y el látigo» parece haber adoptado una nueva fisonomía bajo la administración libertaria. La provincia de La Rioja, uno de los distritos más confrontativos con la Casa Rosada, expuso en las últimas horas lo que considera un mecanismo de extorsión institucional: el Gobierno nacional condiciona el envío de fondos adeudados a la claudicación política del feudo provincial en dos temas clave para la agenda de Javier Milei, la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y la adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
La revelación corrió por cuenta de Ricardo Herrera, el flamante secretario de la Gobernación, quien trazó un crudo panorama de la asfixia financiera que atraviesa la provincia y dejó al descubierto las condiciones que impone la Nación en la mesa de negociaciones.
El precio del diálogo y el rol de Martín Menem
Para el gobierno de Ricardo Quintela, la disputa dejó de ser estrictamente fiscal para convertirse en un debate sobre el federalismo y la autonomía institucional. Herrera confirmó que el puente de diálogo con Balcarce 50 existe y está encarnado en la figura del riojano Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, las respuestas que llegan desde ese canal son percibidas como inaceptables en la «Casa de las Tejas».
«Tenemos diálogo con Martín Menem, pero la respuesta que llega siempre condiciona la autonomía provincial. A cambio de fondos que nos corresponden, nos están pidiendo algo irracional», sentenció Herrera.
La lectura oficialista en La Rioja es clara: ceder a la reforma electoral (pasar al sistema de Boleta Única) o abrir la puerta al RIGI a cambio de destrabar giros discrecionales sentaría un precedente de sumisión política. «La forma de negociar es en una condición de igualdad. No vamos a recibir condicionamientos en una ley electoral o en una adhesión al RIGI», remarcó el funcionario, marcando un límite infranqueable, al menos desde la retórica discursiva.
La anatomía del estrés financiero riojano
La firmeza política de la provincia contrasta, sin embargo, con una extrema fragilidad contable. El costo de esta resistencia ideológica se traduce en números alarmantes para el tesoro riojano.
- El agujero fiscal: La Rioja dejó de percibir la asignación presupuestaria de fondos extracoparticipables (históricamente garantizados año a año para compensar el punto de coparticipación perdido en los años 80). Esto representa un bache de $50.000 millones mensuales.
- Recursos limitados: Actualmente, la provincia sobrevive exclusivamente con los envíos automáticos de la coparticipación federal y la recaudación propia de Rentas, un porcentaje históricamente minoritario en la matriz de ingresos riojana.
- Prioridad salarial: A pesar del escenario que Herrera calificó como «estresante», el Ejecutivo local hizo malabares para sostener un reciente aumento salarial, incrementar el valor de las guardias en el sistema de Salud y garantizar la ayuda escolar.
El ajuste propio: motosierra en el Estado provincial
La falta de liquidez obligó a Quintela a tomar su propia medicina de austeridad. Lejos de la expansión estatal que caracterizó a su primer mandato, la reestructuración del gabinete anunciada a fines del año pasado comenzó a materializarse con crudeza.
El gobierno provincial ejecutó una poda estructural para priorizar el pago de sueldos:
- Cierre de Ministerios: Las carteras de Infraestructura y Transporte fueron cerradas formalmente, paralizando la planificación de nuevas obras y limitándose a revisar expedientes pendientes.
- Degradación de rangos: Múltiples Secretarías fueron rebajadas a Subsecretarías, y otras tantas pasaron a ser simples Direcciones, en un intento por achicar el gasto político.
La ecuación en La Rioja es de un equilibrio delicadísimo. Quintela intenta sostener su perfil de máximo opositor al modelo de Milei, pero el reloj financiero corre en su contra. Mientras la Nación utiliza la asfixia como herramienta disciplinadora para imponer sus reformas estructurales, la provincia se ve forzada a aplicar su propio ajuste para no defaultear su contrato social básico: el salario de los empleados públicos.
