El juez Jorge Chamía analizó el avance del expediente digital en La Rioja y encendió las alarmas a nivel nacional por las graves falencias estructurales frente a la nueva ley penal juvenil. Advirtió que sin presupuesto para resocialización, los menores de 14 años terminarán alojados con adultos.
La inminente implementación del expediente digital en la provincia de La Rioja y el acalorado debate nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad abrieron un nuevo capítulo de tensiones institucionales. En una profunda entrevista concedida a la emisora local Fénix Multiplataforma, el juez riojano Jorge Chamía dejó definiciones contundentes que resuenan mucho más allá de las fronteras provinciales.
Con una mirada crítica hacia el interior del sistema de justicia, el magistrado celebró la modernización tecnológica impulsada en su provincia, pero lanzó una profunda alerta nacional sobre las severas carencias presupuestarias y de infraestructura que enfrenta el Estado ante las inminentes reformas penales impulsadas en el Congreso.
La trampa del expediente digital: «Han informatizado la Inquisición»
La Rioja se prepara para un hito en su historia judicial: la puesta en marcha del sistema digital que promete desterrar definitivamente al papel. Según detalló Chamía, esta transformación, que comenzará a implementarse en la capital provincial para luego extenderse progresivamente al interior, le otorgará «mayor transparencia y celeridad» a los litigantes.
«Acá no va a existir el ‘se me perdió el expediente’ o ‘está para despacho'», remarcó el magistrado, destacando que esto traerá gran alivio y seguridad, ya que los abogados de otras jurisdicciones no necesitarán viajar kilómetros para presentar un simple escrito.
Sin embargo, el juez lanzó una dura reflexión al asegurar que la tecnología no es suficiente si no cambia el paradigma burocrático de fondo. Recordando una experiencia previa sobre la modernización de la justicia en otra provincia, disparó una frase lapidaria: «Dije yo, bueno, han informatizado la Inquisición». Para Chamía, el simple hecho de pasar de un soporte de papel a un formato digital no resuelve la raíz del problema si la justicia no avanza definitivamente hacia la oralización plena en el fuero civil.
Baja de la edad de imputabilidad: una ley «bonita» sin infraestructura
El punto de mayor impacto nacional de sus declaraciones llegó al abordar el inminente cambio en el Congreso de la Nación: la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la derogación de la Ley 22.278, una normativa heredada de la dictadura militar de 1978 y basada en el sistema tutelar.
Si bien el magistrado valoró positivamente que la nueva iniciativa se ajusta mucho mejor a los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y exige estudios psicológicos y psiquiátricos previos para determinar el nivel de comprensión del menor, encendió una luz roja respecto a la cruda realidad del sistema carcelario argentino.
«¿A dónde lo vas a resocializar?», se preguntó el juez de forma retórica, apuntando directamente a la falta de planificación. Chamía explicó que hoy las provincias no cuentan con la estructura necesaria para contener y reeducar a estos jóvenes. «Acá en La Rioja, el lugar a donde vos detenés un menor es en el mismo lugar adonde están detenidos los mayores, nada más que en un pabellón aparte. En el patio están juntos, y muchas veces, por cuestiones de conductas, se mezcla el menor con el mayor. Eso es lo que hay que evitar«, alertó con gravedad.
En este sentido, el magistrado le exigió al Gobierno Nacional asumir su responsabilidad financiera frente a esta reforma penal de fondo, dado que será necesario diseñar establecimientos especiales no carcelarios en cada provincia. Frente al peligro de desfinanciamiento y la concentración de recursos en distritos grandes, Chamía propuso que provincias vecinas —como La Rioja y Catamarca— unan fuerzas y fondos para construir un establecimiento modelo regional de contención.
El desafío de la resocialización: médicos, no carceleros
El magistrado fue tajante respecto al personal que deberá tratar con los adolescentes que ingresen al sistema penal. La resocialización requiere de una fuerte inversión en médicos, sociólogos y profesionales con especialidad forense. «No podemos llevar simples carceleros a cuidar menores», sentenció.
«Las leyes pueden ser muy bonitas, pero si no tenemos la infraestructura vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Al contrario, podemos cometer muchos errores«, advirtió.
El mensaje que llega desde La Rioja plantea un desafío ineludible para la política nacional: evitar que jóvenes de 14 años pasen sus años de desarrollo encerrados en prisiones comunes y salgan a la calle «totalmente ajenos a la normalidad de la vida». Una alerta temprana que, de no ser escuchada, podría convertir un intento de reforma en una nueva tragedia social.
