La asamblea extraordinaria convocada para destituir a la presidenta Silvia Brizuela Ledesma terminó con intervención policial. La abogada Marcela Ortega denunció que el abogado Emilio Pagotto insultó a efectivos, a la fiscalía y a ella misma. Bordón quedó con prisión domiciliaria. Brizuela y Doria declaró que iría presa junto al imputado.
LA RIOJA.– El conflicto institucional que desde hace semanas atraviesa al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja derivó este viernes en un escándalo sin precedentes para una entidad profesional riojana. Una asamblea extraordinaria —convocada en el marco de una puja por el control de la conducción— terminó con intervención policial, la detención en flagrancia del vocal titular 1° Jorge Bordón por incumplimiento de una medida cautelar vigente, denuncias cruzadas entre abogados y, como corolario, la inesperada intervención de la ex intendenta capitalina Inés Brizuela y Doria, que terminó subida al móvil policial para acompañar al detenido a la comisaría.
Los detalles del operativo fueron aportados por la Dra. Marcela Ortega, abogada de la presidenta del Colegio, Silvia Alejandra Brizuela Ledesma, quien describió un episodio que combinó el conflicto estatutario, la causa por violencia de género que ya se tramita en la Justicia y una confrontación entre letrados que derivó en denuncia ante el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores.
La raíz del conflicto: destitución y violencia de género
Según la reconstrucción de Ortega, el conflicto tiene una doble dimensión, institucional y personal. Silvia Brizuela Ledesma —cuyo mandato al frente del Colegio vence el 5 de julio— denunció hace dos meses al vocal primero, Jorge Bordón, por violencia de género, alegando «humillaciones constantes» en las reuniones del Consejo Directivo.
Como consecuencia de esa denuncia, el Juzgado de Asistencia de Violencia de Género y Protección de Menores N° 2, a cargo de la doctora Gisela Flamini, dictó una medida cautelar de cese de actos de perturbación e intimidación por el término de 120 días, bajo la Ley 26.485. La resolución estableció, con total claridad, que el incumplimiento derivaría en la detención inmediata del imputado por el delito de desobediencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal).
Esa medida, firme y notificada, es la que Bordón habría incumplido anoche al presentarse en la asamblea.
Una asamblea «ilegítima» y una primera fila incómoda
La asamblea extraordinaria había sido convocada —según la lectura del entorno de la presidenta— por un sector de farmacéuticos y empresarios del rubro, con el objetivo explícito de destituir a Brizuela Ledesma y tomar el control del Colegio antes del vencimiento de su mandato. Para la abogada Ortega, la convocatoria es «ilegítima» y no reúne los recaudos estatutarios ni los procedimientos que exige la Ley Provincial 7.719 de regulación de los colegios profesionales.
En paralelo, la presidenta había convocado su propia Asamblea Extraordinaria para el sábado 18 de abril, con un orden del día que incluye la validez institucional de los actos del Consejo Directivo y las medidas a adoptar frente a las irregularidades denunciadas en notificaciones extrajudiciales previas. La superposición de convocatorias —una impulsada por la conducción vigente, otra por el sector que pretende destituirla— configuró el marco del episodio.
El escándalo estalló cuando, al ingresar al establecimiento de calle Remedios de Escalada N° 1376 para la asamblea, se detectó la presencia de Bordón en la primera fila del recinto, pese a tener vigente la medida cautelar que le prohíbe todo acto de perturbación hacia la presidenta.
La intervención policial y la detención en flagrancia
Según el relato de Ortega, testigos afirmaron que Bordón se burlaba de la presidenta mientras ella intentaba hablar, conducta que motivó el llamado a la fuerza policial por parte del entorno de la conducción del Colegio. La secuencia que siguió, de acuerdo con la abogada, se desplegó en etapas.
La policía ingresó al establecimiento y requirió tres veces al vocal Bordón que se retirara del lugar, para dar efectivo cumplimiento a la medida cautelar. En ese momento, un nuevo actor irrumpió en la escena: el Dr. Emilio Pagotto, abogado defensor de Bordón y ex asesor letrado del propio Colegio de Farmacéuticos.
Según Ortega, Pagotto impidió que su cliente acatara la orden policial, alegando un supuesto «allanamiento ilegal» y filmando el procedimiento «a los gritos». En esa secuencia, el abogado habría insultado a los efectivos actuantes, a la fiscalía de turno y a la propia Dra. Ortega, configurando un cuadro que agravó la tensión dentro del recinto.
Ante la negativa de Bordón a cumplir la orden policial —reiterada por triplicado— los efectivos procedieron a su detención bajo la figura de flagrancia, encuadrada en los delitos de desacato e incumplimiento de una orden judicial. Actualmente, el imputado se encuentra bajo prisión domiciliaria debido a problemas de salud que impiden su alojamiento en una unidad penitenciaria.
Inés Brizuela y Doria: un movimiento inesperado
Hacia el final del operativo, la ex intendenta de la Capital, Inés Brizuela y Doria, se presentó en el lugar. Su intervención agregó un componente político al conflicto institucional: la ex jefa comunal es una figura con alto perfil en la dirigencia riojana, con trayectoria en el radicalismo y vínculos con sectores de Juntos por el Cambio y, más recientemente, con el arco dialoguista frente a La Libertad Avanza.
Según el relato de Ortega, Brizuela y Doria «entorpeció el proceso» y terminó adoptando un gesto inesperado: subirse al móvil policial para acompañar a Bordón hasta la comisaría, tras manifestar —según la abogada denunciante— que «si su cliente iba preso, ella también lo haría».
El episodio coloca a la ex intendenta en medio de un escándalo institucional con componentes penales y de violencia de género, en un movimiento cuya lectura política será, seguramente, objeto de debate en los próximos días. No queda claro, al cierre de esta edición, en qué carácter actuaba Brizuela y Doria —si como letrada, como referente política del sector que impulsa la destitución de la presidenta, o en alguna otra condición—.
La denuncia ante el Consejo Profesional
Ortega confirmó que presentó una denuncia formal ante el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores contra el Dr. Pagotto, por hostigamiento y falta de ética profesional entre colegas. La letrada fue enfática: «No es la primera vez que actúa con soberbia y gritos; tiene más de cinco denuncias de otros colegas en su haber», sentenció.
La presentación ante el organismo de contralor del ejercicio profesional abre un segundo frente disciplinario, paralelo al procedimiento penal que se desarrolla contra Bordón y eventualmente contra los demás actores que pudieron haber incurrido en conductas punibles durante el operativo.
Un Colegio partido y un sector sanitario bajo presión
La situación institucional del Colegio de Farmacéuticos quedó, tras el episodio, en un cuadro de incertidumbre total. La asamblea fue suspendida, la presidenta mantiene su mandato hasta el 5 de julio, el vocal primero está bajo prisión domiciliaria imputado por desacato y la comunidad de matriculados queda expuesta a un escándalo que erosiona la legitimidad de la entidad.
El contexto agrava la dimensión del problema. El sector farmacéutico riojano atraviesa una crisis profunda: atrasos en los pagos de PAMI y de las obras sociales provinciales —incluida APOS, cuestionada en la misma semana por el cardiólogo Germán Guglieri—, problemas de abastecimiento, presión sobre los precios, competencia con la nueva operadora farmacéutica estatal FARMAPOS creada por el gobierno provincial, y tensiones con los municipios por las ordenanzas de control de medicamentos.
En ese escenario, la existencia de una conducción colegial legítima, operativa y con capacidad de interlocución institucional es un requisito básico para defender los intereses del sector. El espectáculo de un vocal detenido, una presidenta hostigada, una asamblea convocada de manera cuestionada y una ex intendenta subida al móvil policial constituye, precisamente, el escenario opuesto a esa legitimidad.
Las causas penales en curso
Con el operativo del viernes, ya no se trata solamente de una disputa estatutaria interna. El Colegio de Farmacéuticos tiene ahora causas penales abiertas —la del desacato del vocal Bordón, eventualmente las derivadas de los insultos a los efectivos y del manejo del operativo— y un procedimiento disciplinario en curso en el Consejo Profesional de Abogados.
Ortega fue explícita respecto del objetivo: garantizar «que las autoridades sean elegidas libremente y sin presiones externas». La frase sintetiza la lectura del entorno de la presidenta: que el intento de destitución encubre una operación política sobre el Colegio, orquestada por sectores del rubro con intereses en condicionar la conducción de la entidad.
Del otro lado, los sectores que promueven la asamblea cuestionan la gestión de Brizuela Ledesma y reclaman un cambio de autoridades antes del vencimiento formal del mandato.
Lo que viene
La Asamblea Extraordinaria convocada por la presidenta para el sábado 18 de abril se perfila, en este nuevo marco, como un punto de máxima tensión. Deberá definirse la validez de los actos recientes, la legalidad de las convocatorias cruzadas, el funcionamiento real del Consejo Directivo y las medidas a adoptar frente a un conflicto que escaló a la esfera penal.
Mientras tanto, la figura del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja —una entidad que debería estar ocupada de defender a sus matriculados en un contexto especialmente hostil para el sector— queda pública y severamente golpeada. La combinación de violencia de género judicialmente acreditada, desacato, intervención policial, detenciones, insultos a la autoridad, letrados denunciados ante el Consejo Profesional y la inusual irrupción de una ex intendenta dispuesta a acompañar al imputado a la comisaría configura un caso que difícilmente encuentre antecedentes en la historia reciente de los colegios profesionales riojanos.
El escándalo del viernes, leído en perspectiva, es también una señal de la profundidad de la crisis institucional provincial: cuando incluso los espacios tradicionalmente alejados del conflicto político —como un colegio profesional— se ven atravesados por disputas que terminan con detenciones y ex funcionarios dentro de móviles policiales, la idea de normalidad institucional queda, al menos por ahora, fuera del mapa.
