«Es totalmente político»: trabajadores del proyecto Vicuña denuncian el cierre de la Ruta 506 y advierten que peligran 140 empleos riojanos
La prohibición dispuesta por una jueza de Chilecito sobre el tránsito de camiones de Vicuña por la ruta provincial obliga a la empresa a desviar la logística por San Juan, triplicando tiempos y costos. El geólogo Klaus Schroeder alertó sobre despidos, el derrumbe de la hotelería y gastronomía de Guandacol y la paradoja con los desmontes de olivares que nadie cuestiona.
LA RIOJA.– Un nuevo foco de conflicto se instaló en el sector minero provincial tras la decisión de una jueza de Chilecito de prohibir el tránsito de camiones de la empresa Vicuña por la Ruta Provincial 506, en la zona de Guandacol. La medida judicial, dictada mientras la empresa regulariza la presentación del informe de impacto ambiental correspondiente al tramo riojano, generó un fuerte rechazo entre los trabajadores directos oriundos del oeste riojano, que denuncian un trasfondo político y advierten que sus puestos laborales están en riesgo.
El conflicto agrega una nueva capa a la disputa que atraviesa al proyecto Vicuña —joint venture entre la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP para explotar un megayacimiento de cobre en la cordillera limítrofe entre La Rioja y San Juan— y sucede a las declaraciones del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, que esta misma semana se despegó del conflicto al afirmar que «San Juan no tiene nada que ver» con el litigio judicial riojano.
«El perjuicio es contra el trabajador de La Rioja»
El geólogo Klaus Schroeder, trabajador de la empresa, expresó el malestar del sector en diálogo con medios locales y puso números concretos sobre la mesa: son aproximadamente 140 los trabajadores riojanos directos oriundos de Guandacol, Villa Unión y Vinchina, a los que se suman más de 200 empleados indirectos a través de contratistas. La plantilla local configura uno de los pocos focos de empleo privado formal de alta calificación en el oeste riojano, una zona caracterizada estructuralmente por la dependencia del empleo público y del monocultivo de olivos.
El principal perjuicio que denuncia el sector es logístico. Con la prohibición de circular por la ruta riojana, la empresa debe utilizar un acceso alternativo por la provincia de San Juan, transformando un viaje de 4 horas en un trayecto de entre 12 y 14 horas por caminos que aún están en etapa de mantenimiento y planificación. La triplicación del tiempo de viaje no es solo una cuestión operativa: erosiona la relación costo-beneficio del proyecto, aumenta el riesgo de accidentes viales en rutas cordilleranas sin terminar y pone presión directa sobre la nómina de trabajadores que residen en el lado riojano de la frontera interprovincial.
«El perjuicio es contra el trabajador de La Rioja. La empresa puede decidir contratar gente de zonas más cercanas en San Juan para evitar este calvario y el costo operativo», advirtió Schroeder. La frase sintetiza el temor que recorre a la comunidad laboral: que la medida judicial, pensada como una herramienta de protección ambiental, termine funcionando como un mecanismo de desplazamiento laboral que beneficie a los trabajadores sanjuaninos en detrimento de los riojanos.
El efecto dominó sobre Guandacol
Más allá del impacto directo sobre la nómina minera, el cierre de la ruta ya empezó a generar un efecto en cascada sobre la economía local de Guandacol y las localidades aledañas del departamento Felipe Varela. El trabajador enumeró los principales frentes afectados:
El sector gastronómico perdió contratos de forma inmediata. Empresas familiares que proveían viandas al personal minero —un vínculo comercial que se había consolidado en los últimos años y que representaba para muchas pymes locales el principal ingreso mensual— quedaron sin sus clientes de la noche a la mañana.
La hotelería enfrenta un panorama similar. Los hoteles en Guandacol, que suelen operar al límite de su capacidad por el flujo minero —cuadrillas de relevo, visitas técnicas, contratistas especializados—, enfrentan una caída drástica en sus reservas. En una economía regional donde cada punto de ocupación hotelera tiene un peso específico, la merma es particularmente sensible.
Y en materia de salarios, el impacto sobre el consumo local es significativo: se estima que un trabajador del sector percibe un sueldo base superior a los 1,5 millones de pesos, mientras que los profesionales superan los 3 millones. Son ingresos que, volcados mensualmente sobre los pequeños comercios de Guandacol, Villa Unión y Vinchina, configuraban una inyección económica difícil de reemplazar por otra actividad en la región.
La paradoja de los olivos
Schroeder deslizó, además, una comparación que apunta al corazón del debate ambiental riojano: «Se está construyendo un diferimiento de olivos cerca de Guandacol donde desmontaron miles de hectáreas y nadie pidió una declaración de impacto ambiental, pero con la minería el rigor es distinto».
La mención no es casual. Los diferimientos impositivos para cultivos de olivo y vid, instrumentos de promoción económica que transformaron la fisonomía productiva del oeste riojano a partir de la década del 90, implicaron en muchos casos el desmonte masivo de superficies extensas de flora nativa del monte. La crítica que los trabajadores mineros formulan no apunta a reivindicar la minería por sobre la agricultura, sino a cuestionar la asimetría con la que distintas actividades son reguladas ambientalmente.
El contraste alimenta la sospecha de que la medida judicial sobre la Ruta 506 tiene un trasfondo político, y no exclusivamente ambiental. Desde el sector minero la califican como «totalmente política», en el marco de las tensiones entre el Gobierno provincial de Ricardo Quintela y la administración nacional de Javier Milei. La lectura se inscribe en el cuadro más amplio que atraviesa al proyecto Vicuña: La Rioja no ha adherido plenamente al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —instrumento central para la viabilidad económica del megaproyecto cordillerano— y mantiene, en distintos frentes, una postura más distante respecto de la agenda minera agresiva que impulsa la Casa Rosada.
La contracara del discurso ambiental provincial
El conflicto expone, además, una tensión que el quintelismo viene administrando con dificultad: la contradicción entre el discurso ambiental que la provincia exhibe frente al proyecto Vicuña —con la histórica bandera de la protección del glaciar del Famatina y las movilizaciones de la comunidad de General Lamadrid— y los intereses económicos concretos de trabajadores riojanos cuyo ingreso depende justamente del avance del emprendimiento cuestionado.
En Guandacol, Villa Unión y Vinchina, la minería no es una abstracción política ni un debate teórico sobre la matriz productiva: es el sueldo que paga el alquiler, la vianda contratada por la empresa, la habitación del hotel ocupada por una cuadrilla de relevo. El cierre de la Ruta 506 golpea directamente ese tejido.
La asimetría territorial del debate es clara. En la capital riojana, en Chilecito y en los departamentos del norte provincial, la resistencia ambiental tiene fuerte arraigo cultural y político. En el oeste cordillerano, en cambio, amplios sectores sociales ven en la minería una oportunidad de empleo calificado y desarrollo económico que otras actividades no proporcionan.
Felipe Varela, un departamento en el centro del conflicto
La situación particular del departamento Felipe Varela —jurisdicción que abarca Guandacol, Villa Unión y otras localidades del oeste— condensa las contradicciones del dilema. Se trata de una zona con bajísima densidad poblacional, extensas distancias a los centros urbanos provinciales, infraestructura básica deficitaria y una matriz productiva tradicionalmente ligada al cultivo de vid, olivo y, más recientemente, al turismo asociado al Parque Provincial Talampaya y al Parque Nacional Talampaya.
El desembarco del proyecto Vicuña introdujo, en los últimos años, una variable laboral nueva para la economía departamental: empleos directos bien pagos, contratación de servicios a pymes locales, flujo de profesionales técnicos y, en perspectiva, la posibilidad de consolidar una base de mano de obra calificada en el propio territorio. Esa expectativa, cristalizada en las 140 familias que hoy viven del proyecto, es la que aparece amenazada por el conflicto judicial.
Asamblea permanente y posible corte de ruta
Ante la falta de respuestas, los trabajadores se declararon en estado de movilización y asamblea permanente. Y no descartaron iniciar protestas en las calles y cortes de ruta para exigir que se revierta la restricción judicial y se garantice la continuidad de sus fuentes de trabajo.
La posibilidad de un corte de ruta protagonizado por trabajadores mineros riojanos configuraría un escenario inédito en la conflictividad social provincial. Tradicionalmente, las movilizaciones en torno a la minería en La Rioja provinieron del lado ambientalista —las asambleas de Famatina, Chilecito y General Lamadrid han sido históricamente las protagonistas de cortes, escraches y movilizaciones—, con un discurso opuesto al que ahora despliegan los trabajadores de Vicuña.
La irrupción de un actor laboral minero organizado, dispuesto a la protesta callejera, altera la lectura clásica del conflicto y expone al gobierno provincial a una disyuntiva incómoda: respaldar la medida judicial —alineándose con la tradición ambientalista que parte del peronismo riojano ha sostenido históricamente— o arbitrar a favor de los trabajadores, desactivando el conflicto logístico del proyecto Vicuña y, de paso, enviando una señal positiva al sector minero en un momento en que la provincia necesita mostrar capacidad de atracción de inversiones.
Un frente más para Quintela, un mensaje para Milei
El episodio se suma a la nómina creciente de frentes de conflictividad que atraviesa el gobierno de Quintela: salud privada con denuncias de colapso, farmacéuticos con crisis institucional, docentes anunciando jornadas de lucha para el 6 de mayo, universitarios con salarios licuados, pulseada fiscal con la Casa Rosada y litigios internacionales por el default de la deuda.
Pero, a diferencia de los otros frentes —en los que el ajuste nacional aparece claramente como el adversario político—, el conflicto minero coloca en el centro del debate a decisiones tomadas en el propio ámbito provincial: la Justicia riojana, la autoridad ambiental local, la política provincial de adhesión o no al RIGI. La batalla por la Ruta 506, en ese sentido, es un debate riojano con implicancias nacionales, y no al revés.
Para el gobierno de Milei y para el gobernador sanjuanino Orrego, en cambio, el episodio funciona como argumento adicional en su ofensiva por flexibilizar la Ley de Glaciares y por consolidar la hegemonía cuyana en el desarrollo minero cordillerano. Cada día que la Ruta 506 permanezca cerrada, cada trabajador riojano que pierda su empleo en Vicuña, cada pyme de Guandacol que cierre sus puertas, se convertirá en un dato que la agenda minera nacional podrá capitalizar políticamente.
El dilema provincial, sin respuesta fácil
Queda por verse cómo administra el quintelismo la tensión entre el poder judicial provincial —que adoptó la medida— y la demanda laboral concreta de un sector minero que pide previsibilidad. Y cómo resuelve, en términos más amplios, la contradicción entre el discurso ambiental del oficialismo riojano y el hecho de que, en el oeste cordillerano, hay familias enteras cuyos ingresos dependen del avance de un proyecto que en otras geografías de la provincia se cuestiona con vehemencia.
La asamblea permanente de los trabajadores marca el inicio de una pulseada cuyo desenlace —en las próximas semanas— puede redefinir el mapa político y productivo del oeste riojano. Con 140 empleos directos, más de 200 indirectos y la cadena económica de toda una región en juego, la Ruta 506 ya dejó de ser una cuestión técnica para convertirse en una prueba concreta de qué modelo de desarrollo quiere —y puede sostener— La Rioja.