El Observatorio Vial presentó los datos del primer trimestre de 2026. La licenciada Gabriela Romero atribuyó el 95% de los siniestros al factor humano y confirmó un convenio con los 18 municipios para que la policía realice controles de tránsito de forma autónoma. El 77% de las víctimas son varones y los accidentes se concentraron en zona urbana.
LA RIOJA.– El Observatorio Vial de la Provincia dio a conocer este viernes las cifras de siniestralidad correspondientes al primer trimestre de 2026, con un saldo que combina una leve mejora estadística con una persistente preocupación institucional: 13 víctimas fatales en lo que va del año, de las cuales 12 corresponden al primer trimestre y una adicional a los primeros días de abril. La comparación interanual muestra una reducción —el mismo período de 2025 había cerrado con 15 víctimas—, pero el perfil de los siniestros mantiene patrones que las autoridades consideran alarmantes.
La coordinadora del área, licenciada Gabriela Romero, fue tajante en su diagnóstico: «El 95% de los accidentes se debe al factor humano». La definición orientó el anuncio de una batería de medidas que combinan facultades ampliadas para la policía, coordinación con los 18 municipios y educación vial desde los niveles iniciales del sistema escolar.
Radiografía de las víctimas: hombres, motos y calles urbanas
Los datos difundidos por el Observatorio permiten trazar un perfil estadístico de la siniestralidad vial riojana en el primer trimestre, con patrones que repiten tendencias observadas en todo el país pero con una particularidad local preocupante.
El 77% de los fallecidos son hombres: 10 varones y 3 mujeres. El sesgo de género replica una constante histórica en los siniestros viales argentinos y está asociado, según distintos estudios, a factores combinados: mayor tiempo de circulación de los varones, mayor propensión a conductas de riesgo en el manejo —velocidad excesiva, maniobras imprudentes, consumo de alcohol— y mayor predominancia masculina en el uso de motocicletas, el vehículo que concentra la mayor parte de los siniestros fatales.
Precisamente, las motocicletas son las protagonistas absolutas de la siniestralidad: estuvieron presentes en 11 de los 13 accidentes fatales, es decir, en el 85% de los casos. La cifra confirma un fenómeno que el sistema de salud riojano viene registrando desde hace años: el crecimiento exponencial del parque de motos —impulsado por precios más accesibles, baja exigencia de licencia específica para las cilindradas menores y utilidad para la movilidad urbana— trajo aparejado un aumento sostenido de los siniestros fatales con moto involucrada.
El cambio de tendencia geográfica es otro dato relevante. En 2025, la distribución entre zona urbana y zona rural había sido equitativa (50%/50%). En el primer trimestre de 2026, en cambio, 12 siniestros ocurrieron en zona urbana y solo 1 en zona rural. La migración de la siniestralidad hacia las zonas urbanas reconfigura el foco de la política pública: las calles de la capital, de Chilecito, de Chamical, de los centros urbanos del interior se convierten en los principales escenarios de riesgo, por encima de las rutas provinciales y nacionales donde históricamente se concentraba la mortalidad vial.
«El vehículo se transforma en un arma si no podemos gobernarlo»
La coordinadora del Observatorio fue contundente al desestimar explicaciones que atribuyan la mayor parte de los siniestros al estado de la infraestructura vial. «El 95% de los accidentes se debe al factor humano», insistió Romero, en una definición que buscó despejar un argumento recurrente en los debates públicos sobre siniestralidad.
La funcionaria matizó, sin embargo, la responsabilidad estatal: «Si bien el Estado tiene un 50% de responsabilidad en la infraestructura, el otro 50% depende del conductor. Si un conductor circula a la velocidad permitida (40 km/h o 20 km/h en bocacalles), el impacto de un bache no debería provocar una tragedia», sentenció.
La formulación apunta a una reeducación cultural respecto del uso del espacio público y de los vehículos. Romero resumió esa línea con una frase potente: «El vehículo se transforma en un arma si no podemos gobernarlo». La metáfora coloca el debate en su dimensión ética: manejar un vehículo —y particularmente una moto, en condiciones de vulnerabilidad— implica asumir responsabilidad sobre un instrumento con capacidad de daño sobre sí mismo y sobre terceros.
Entre las conductas de riesgo que más pesan en el cuadro riojano, las autoridades identifican dos con peso decisivo: el no uso del casco entre los motociclistas y el consumo de alcohol en la conducción. Ambos factores, estadísticamente, multiplican el riesgo de lesiones fatales en caso de siniestro y son, a la vez, los que admiten mayor margen de intervención preventiva.
El convenio con los 18 municipios: policía con actas de tránsito
Para contrarrestar el fenómeno, el Gobierno Provincial firmó un convenio marco de cooperación con los 18 municipios del territorio, que habilita un cambio estructural en la capacidad operativa de control.
La medida permitirá facultar a la policía provincial para labrar actas de infracción y realizar controles de tránsito de forma autónoma o conjunta con los inspectores municipales. El salto es significativo: hasta ahora, las actas de tránsito estaban reservadas a los inspectores dependientes de cada municipio, con un alcance territorial limitado y recursos habitualmente escasos. Con la nueva modalidad, la fuerza policial provincial suma capacidad sancionatoria sobre las faltas de tránsito, lo que multiplica la presencia efectiva en las calles y amplía el radio de cobertura.
La otra novedad es el paso del control temático al control integral: ya no se fiscalizará únicamente el uso del casco y el consumo de alcohol —los dos ejes tradicionales de los operativos viales riojanos—, sino todas las faltas de tránsito. Exceso de velocidad, licencias vencidas, documentación faltante, maniobras prohibidas, uso del celular al manejar, estacionamientos antirreglamentarios, conducción sin luces encendidas: el espectro de infracciones pasibles de sanción se amplía significativamente.
La filosofía del nuevo esquema fue explícita por parte de Romero: «tocar el bolsillo» de quienes no cumplen las normas. El recurso a las multas como instrumento de disuasión responde a una evidencia empírica consolidada en la literatura especializada: la probabilidad de que un conductor cumpla las normas se relaciona estrechamente con la percepción de riesgo de sanción, más que con el conocimiento abstracto del reglamento.
Educación vial desde los jardines de infantes
El pilar educativo del abordaje se sostiene con capacitaciones en todos los niveles del sistema educativo, desde jardines de infantes hasta escuelas secundarias. La Subsecretaría de Seguridad viene desplegando programas específicos que buscan intervenir temprano en la formación cultural de los riojanos respecto de la circulación vial.
La lógica es clara: los niños y adolescentes de hoy serán los conductores de mañana, y la internalización de normas y de conductas seguras desde edades tempranas tiene efectos más duraderos que las campañas dirigidas a adultos. Los programas apuntan, además, a que los propios niños funcionen como agentes multiplicadores dentro de sus familias: un hijo que reclama a su padre el uso del casco, o que cuestiona el consumo de alcohol antes de manejar, puede tener un impacto disuasorio significativo en el comportamiento del núcleo familiar.
Romero sumó recomendaciones específicas para quienes transitan por rutas nacionales o provinciales en condiciones de vulnerabilidad —ciclistas, peatones, motociclistas—: el uso de ropa clara o chalecos refractarios y la práctica de caminar siempre de frente al tráfico para poder reaccionar a tiempo ante eventuales riesgos. Las recomendaciones, aparentemente básicas, son frecuentemente ignoradas y forman parte del repertorio de medidas preventivas de bajo costo y alto impacto potencial.
El contexto sanitario: las motos y las guardias hospitalarias
El impacto de la siniestralidad vial riojana excede la estadística de víctimas fatales y se extiende al conjunto del sistema de salud. Las guardias de los hospitales públicos provinciales —con el Hospital Enrique Vera Barros como referente central en la capital, y los nosocomios cabecera de Chilecito, Chamical y el interior— absorben cotidianamente la demanda de atención por lesiones en siniestros de tránsito: fracturas, politraumatismos, traumatismos de cráneo, cirugías de urgencia.
En un contexto en el que el sistema sanitario público atraviesa su propia crisis —saturación por demanda creciente, faltantes de insumos, fuga de profesionales, tensiones salariales—, cada siniestro vial significa una presión adicional sobre los recursos. Los motociclistas sin casco que llegan a las guardias con traumatismos craneoencefálicos son, quizás, la expresión más dura de esta ecuación: la terapia intensiva, las cirugías neuroquirúrgicas y las rehabilitaciones posteriores configuran un costo sanitario que la sociedad paga tanto en recursos económicos como en vidas humanas.
La reciente denuncia del vicepresidente del Colegio Médico, Oscar Villalba, sobre la precariedad de los aranceles del PAMI —y los reclamos del cardiólogo Germán Guglieri sobre los de APOS— configuran un cuadro en el que el sistema de salud opera al límite. La prevención de la siniestralidad vial aparece, en ese marco, no solo como una cuestión de seguridad pública, sino también como una política sanitaria de alta relevancia: cada siniestro evitado significa recursos liberados para otras demandas.
Una leve mejora en el saldo anual
El informe concluyó con un dato relativamente positivo: durante 2025 se registraron 10 víctimas fatales menos que en 2024. La tendencia a la baja, que continúa en el primer trimestre de 2026, ubica a La Rioja en una tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes más baja que años anteriores, una cifra que las autoridades esperan mantener mediante la profundización de los controles preventivos y el sostenimiento de las campañas educativas.
La mejora, sin embargo, no debe interpretarse como una victoria definitiva. Las cifras argentinas de siniestralidad vial siguen siendo, en comparación con países desarrollados, particularmente altas: la tasa nacional se ubica en torno a los 12 fallecidos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los estándares europeos —que rondan los 4 a 5 casos por cada 100.000 habitantes en los países con mejores performances—. La Rioja, dentro del conjunto nacional, muestra indicadores similares a los del promedio país, con particularidades propias asociadas a la alta penetración del parque de motocicletas.
El rol del Estado y la responsabilidad individual
El mensaje del Observatorio Vial riojano combina, en partes iguales, una ampliación del rol sancionatorio del Estado —con el convenio policial y la multiplicación de controles— y una apelación a la responsabilidad individual de cada conductor, peatón, ciclista o motociclista. La ecuación no es contradictoria: las políticas de seguridad vial más exitosas a nivel internacional —desde el modelo nórdico de Visión Cero hasta las reformas españolas y francesas del último cuarto de siglo— combinan ambos componentes.
Pero el desafío es enorme. Transformar una cultura vial construida durante décadas sobre la base de la permisividad, de la normalización de conductas de riesgo —manejar con alcohol, circular sin casco, no respetar semáforos, conducir con el celular en la mano— requiere de un trabajo sostenido, coherente y, sobre todo, creíble en términos de aplicación efectiva de las sanciones. El control sin sanción no disuade; la sanción sin continuidad no transforma hábitos.
El convenio firmado con los 18 municipios es un primer paso, pero su éxito dependerá del seguimiento operativo: cuántos operativos se ejecutan, cuántas actas se labran, cuántas multas se cobran efectivamente, cómo se comunican los resultados a la sociedad. La historia reciente de la política pública argentina —y riojana— está plagada de convenios firmados con grandilocuencia que, con el paso de los meses, quedaron en la letra y no se tradujeron en transformaciones reales.
Trece muertos, trece historias
Detrás de las cifras, hay 13 historias concretas. Hombres jóvenes en su mayoría, motociclistas en un 85% de los casos, protagonistas de siniestros en calles urbanas de la provincia que deberían haber sido espacios de circulación segura. Familias que quedaron sin hijos, hermanos, padres o parejas. Comunidades que asistieron a velatorios que, según afirma la propia coordinadora del Observatorio, se podrían haber evitado con un casco puesto, con una velocidad respetada, con un control de alcoholemia no violado.
Las 13 víctimas del primer trimestre de 2026 son, en última instancia, la medida más cruda del desafío. Cada una de ellas representa un punto concreto en el que, como definió Romero, el factor humano se impuso sobre la prevención. Y cada una de ellas marca, también, la urgencia con la que las autoridades provinciales, municipales, educativas y sanitarias deben articular respuestas que reduzcan, en lo que resta de 2026, una estadística que aún duele y que, definitivamente, sigue siendo demasiado alta para una provincia que declama —y con razón— querer cuidar a su gente.
