La secretaria general Claudia Contreras cuantificó el éxodo tras una reunión con el ministro Juan Carlos Vergara. El gremio plantea una canasta básica profesional de $2,8 millones, frente a salarios que vuelven imposible sostener especializaciones que cuestan hasta $300.000 mensuales. El oficialismo provincial responsabiliza a la Nación por la falta de recursos.
LA RIOJA.– La crisis del sistema sanitario provincial sumó este viernes una cifra concreta para dimensionar su gravedad. La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (Aproslar) alertó sobre un «éxodo» sostenido de profesionales que no se detiene: en los pocos meses que van de 2026 ya renunciaron 16 médicos, un número que se suma a los 60 que abandonaron sus puestos durante 2025. El dato, aportado por la secretaria general del gremio, Dra. Claudia Contreras, tras una reunión con el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, configura el soporte estadístico de lo que hasta ahora venía siendo denunciado como fenómeno cualitativo por distintos referentes del sector.
La denuncia de Aproslar cierra una semana particularmente intensa para el sistema sanitario riojano. A las advertencias del cardiólogo Germán Guglieri sobre el colapso del sistema privado —con APOS pagando tres veces menos que Córdoba— y a las denuncias del vicepresidente del Colegio Médico, Oscar Villalba, sobre la nueva cápita de $2.100 del PAMI que pone en riesgo a los 16.000 afiliados riojanos, se suma ahora la cuantificación precisa del vaciamiento de plantas hospitalarias. Setenta y seis profesionales renunciaron en poco más de quince meses.
Una reunión con sabor a poco
La secretaria general de Aproslar mantuvo el encuentro con el ministro Vergara en una mesa que tuvo, además, la presencia de autoridades nacionales de Fesprosa —la federación que nuclea a los gremios profesionales de la salud a nivel nacional— y de la CTA. La presencia de esos interlocutores externos subraya la dimensión política del conflicto y lo inscribe en un debate que excede los límites provinciales.
El balance del encuentro, en términos económicos, no fue positivo. Contreras destacó que el «Plan de Salud» que impulsa el gobierno provincial carece de lo más importante: el recurso humano. La observación va al corazón de la contradicción que atraviesa la política sanitaria riojana: se pueden diseñar planes, construir infraestructura, comprar equipamiento, pero sin profesionales dispuestos a trabajar en las instituciones, todo el andamiaje queda desactivado.
«Los que se quedan están cansados, agobiados y con salarios bajos. No hay plan que funcione sin trabajadores dignos», sentenció la referente gremial. La frase condensa tres variables que se refuerzan mutuamente: fatiga acumulada por la sobrecarga que genera el éxodo —cada renuncia aumenta la carga de trabajo sobre los que permanecen—, agobio emocional por las condiciones en que se ejerce la práctica médica y deterioro salarial que convierte la permanencia en un acto de compromiso difícilmente sostenible con las cuentas familiares al día.
La canasta básica profesional: $2,8 millones y las especializaciones
Desde el gremio pusieron sobre la mesa una cifra concreta que funciona como referencia de discusión: una canasta básica profesional de $2.800.000. El número no es arbitrario. Se construye sobre la base de los costos reales que enfrenta un profesional de la salud que pretende sostener su formación continua y sus especializaciones, elementos inherentes a la propia naturaleza del ejercicio médico moderno.
Contreras ilustró la lógica con un ejemplo concreto y particularmente elocuente: una kinesióloga contratada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) debe pagar unos $300.000 mensuales por su especialización. La cifra —el equivalente a más del 10% de la canasta básica profesional planteada— expone la ecuación imposible que enfrentan los jóvenes profesionales riojanos: formarse para atender pacientes críticos exige una inversión económica que el propio salario no permite solventar.
La profesión médica, a diferencia de otras, tiene un componente estructural de formación permanente. Los avances tecnológicos, las nuevas terapéuticas, los congresos internacionales, las certificaciones y recertificaciones, la actualización en protocolos: todo ello configura un costo adicional que debe ser absorbido por el ingreso profesional. Cuando el salario es insuficiente, la primera renuncia no es al consumo personal, sino a la formación continua —lo que, a mediano plazo, erosiona la calidad misma del servicio—.
El círculo vicioso: los que se van, los que quedan
El cuadro estadístico que aporta Aproslar permite entender la dinámica autodestructiva del sistema. Sesenta renuncias en 2025. Dieciséis más en el primer cuatrimestre de 2026. Si la tendencia se mantiene, el ritmo actual de pérdidas proyecta, para todo 2026, una cifra cercana o superior a la del año pasado.
Cada renuncia genera, sobre el resto del plantel, una presión adicional. Los turnos que cubría el médico que se fue deben redistribuirse. Las guardias, las internaciones, las atenciones ambulatorias se acumulan sobre profesionales que, además, ven reducir sus propios ingresos en términos reales. La consecuencia lógica: más profesionales deciden irse, lo que agrava la carga sobre los que permanecen, y así sucesivamente.
El fenómeno se retroalimenta también en su dimensión cultural. Cuando un joven profesional observa que sus colegas se van —al sur patagónico por los mejores salarios, a Córdoba por los aranceles más altos, o directamente al exterior—, la opción de quedarse queda asociada al fracaso profesional o a la imposibilidad económica de moverse. El propio Guglieri había expresado esa tensión días atrás: «Conocidos médicos decidieron irse ya de grandes al sur o a otro país también. Ni imaginarme un chico que recién empieza».
La respuesta oficial: la culpa es de la Nación
La respuesta del Ministerio de Salud conducido por Juan Carlos Vergara se centró, una vez más, en la difícil situación financiera de la provincia y en la deuda que mantiene la Nación con La Rioja. El argumento reproduce la línea discursiva que el gobierno de Ricardo Quintela viene sosteniendo en todos los frentes de conflicto sectorial: el «ahogo financiero» impuesto por la administración de Javier Milei como explicación de las limitaciones provinciales para atender las demandas salariales.
El argumento tiene sustento empírico. El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) difundido el 9 de abril mostró que en el primer trimestre de 2026 las transferencias corrientes a provincias cayeron un 38% real a nivel nacional, los recursos coparticipables distribuidos a las administraciones provinciales cayeron un 6,4% real, y La Rioja quedó excluida del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que sí recibieron 12 provincias alineadas con la Casa Rosada.
Vergara reconoció el avance de haber pasado sumas remunerativas al salario básico —una demanda histórica del sector—, pero no hubo promesas concretas de nuevos incrementos ni de pases a planta en el corto plazo. El Decreto 129/26 del gobernador Quintela, ratificado por la Ley 10.861, había establecido a partir del 1° de febrero una recomposición general de los salarios estatales, con un adicional remunerativo no bonificable de $50.000 específico para los agentes del Ministerio de Salud. Pero, según la lectura del gremio, esos ajustes quedan muy por debajo de la canasta básica profesional de $2,8 millones que Aproslar considera referencia mínima para sostener una vida profesional digna.
«Sin médicos en los hospitales, todo el sistema se debilita»
Contreras realizó, al cierre del encuentro, una advertencia con lectura sistémica. El éxodo médico no afecta solamente a los profesionales que se van ni a los que permanecen: afecta a la integridad del sistema mixto de salud. «El sector público es el que sostiene la salud de la mayoría y el que inyecta recursos a la obra social provincial (APOS). Si no hay médicos en los hospitales, todo el sistema se debilita», concluyó la secretaria general.
La observación toca un nervio central del funcionamiento del sistema sanitario argentino. El sector público hospitalario cumple, en los hechos, dos funciones simultáneas: atender a la población sin cobertura y funcionar como prestador de servicios para las obras sociales —particularmente APOS, pero también las nacionales—. Cuando los hospitales públicos no cuentan con los profesionales necesarios, las obras sociales deben buscar esas prestaciones en el sector privado, que a su vez —como denunció Guglieri— está al borde de la quiebra por los aranceles insuficientes.
El círculo se cierra de manera perversa: APOS, por sus bajos aranceles, expulsa a los profesionales del sistema privado. Los profesionales que permanecen en el sector público se van por los salarios deficientes. Los hospitales quedan sin recursos humanos para atender la demanda —propia y de las obras sociales—. Y los jubilados del PAMI —con la nueva cápita de $2.100 denunciada por Villalba— suman un nuevo eslabón de vulnerabilidad, empujando hacia el sistema público a una población que no encuentra respuesta en el privado.
Un fenómeno regional con matices locales
Aproslar reconoció que el éxodo médico afecta también a otras provincias, como Mendoza o Santa Fe, pero insistió en que el gobierno riojano debe priorizar la inversión en el sector público para evitar el colapso. El reconocimiento del fenómeno como regional es honesto intelectualmente —la crisis del sistema sanitario argentino tiene dimensiones federales— pero no exime a la provincia de su responsabilidad específica.
Porque La Rioja enfrenta el fenómeno con desventajas específicas respecto de otras jurisdicciones. El tamaño de la provincia, la baja densidad poblacional de su interior, la distancia a los grandes centros médicos —particularmente Córdoba, que absorbe tanto profesionales como pacientes—, la estructura de su obra social provincial y el cuadro fiscal crítico configuran un conjunto de factores que amplifican localmente los efectos del problema nacional.
Mendoza y Santa Fe, con economías diversificadas, mayor parque privado, obras sociales provinciales con mejor situación financiera y menor dependencia del Estado central, tienen herramientas para amortiguar el impacto que La Rioja simplemente no tiene. Por eso, como apunta Contreras, la decisión política del gobierno provincial es determinante: en un contexto en el que la crisis es regional, priorizar la inversión en salud puede marcar la diferencia entre sostener el sistema o asistir a su descomposición.
La UNLaR, fábrica de médicos para otras provincias
El fenómeno tiene una dimensión particularmente paradójica que atraviesa todos los testimonios recientes del sector. Tanto Guglieri como Villalba como ahora Contreras coinciden en señalar que la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) forma profesionales de la salud que, al poco tiempo de recibirse, emigran a otras jurisdicciones. La inversión pública en formación no se capitaliza localmente: se exporta.
La paradoja educativa tiene, además, una dimensión fiscal. La propia OPC señala que las transferencias corrientes a universidades nacionales cayeron un 5,9% real en el primer trimestre de 2026, con el personal universitario percibiendo aumentos nominales del 20,3% frente a una inflación del 32,5%. Es decir: el sistema argentino mantiene universidades públicas gratuitas que forman profesionales, pero los financia cada vez peor, y las provincias que los deberían retener no tienen cómo hacerlo. Es un modelo estructuralmente ineficiente que La Rioja padece con particular intensidad.
Posibles medidas y el horizonte inmediato
Ante la falta de soluciones inmediatas tras la reunión con Vergara, Aproslar no descarta iniciar acciones conjuntas con otras organizaciones del sector para visibilizar el reclamo y frenar la pérdida de especialistas. La frase es relevante: abre la puerta a una articulación sindical que podría agrupar a Aproslar, al Colegio Médico y eventualmente a otras entidades del sector sanitario en un frente común.
Una acción coordinada del sector sanitario riojano configuraría un frente de alta visibilidad, con capacidad de impacto tanto en la comunicación pública como en la gobernabilidad cotidiana. Los paros médicos, los abrazos simbólicos a hospitales, las movilizaciones conjuntas con otros sectores en conflicto —los docentes de la Asociación de Maestros y Profesores, que ya anunciaron jornadas para el 6 de mayo; los trabajadores universitarios; los propios empleados estatales en paritaria— podrían configurar un escenario de movilización social amplia en las próximas semanas.
Un balance demoledor
Setenta y seis médicos menos en quince meses. Cada uno de ellos con familias riojanas que se reubicaron en otras provincias, con matrículas profesionales que ahora pertenecen a otras jurisdicciones, con trayectorias de formación capitalizadas fuera del territorio. Cada uno de ellos con pacientes que quedaron sin su médico habitual, con historias clínicas que deben reconstruirse, con rutinas de control que se interrumpen.
Detrás de cada renuncia hay, además, una decisión dolorosa. Pocos profesionales se van alegremente de la provincia donde se formaron, ejercieron y construyeron vínculos profesionales y personales. La decisión de irse responde, habitualmente, a una ecuación insoportable: la imposibilidad de sostener la práctica médica en condiciones económicas que permitan una vida digna.
Para el gobierno de Quintela, el desafío es doble. Por un lado, seguir denunciando —con datos que la propia OPC confirma— el impacto del ajuste nacional sobre las cuentas provinciales. Por el otro, encontrar herramientas —dentro del estrecho margen fiscal disponible— para sostener al sistema sanitario provincial antes de que la sangría se vuelva irreversible. Porque, como bien sintetizó Contreras, sin trabajadores dignos no hay plan que funcione. Y el «Plan de Salud» provincial, por más ambicioso que sea su diseño institucional, no podrá ejecutarse si cada mes siguen marchándose cuatro o cinco profesionales más.
Los próximos meses serán decisivos. Aproslar ya sentó las bases de un reclamo con números duros y con disposición a articular con otros sectores. El Ministerio de Salud acusa recibo pero no ofrece soluciones concretas. Y la cuenta regresiva del éxodo, mientras tanto, no se detiene.
