Reuniones en el Hotel Talampaya destapan el debate sobre una estrategia que podría reconfigurar la carrera por la gobernación en 2027
En una habitación del Hotel Talampaya reconvertida en oficina administrativa, Ariel Puy Soria, titular de la cartera de Vivienda, recibió esta semana a Claudio Ortiz, vicepresidente primero de la Legislatura, y a Cristian Pérez, presidente del bloque de diputados justicialistas provincial. Más allá de la foto institucional que documenta el encuentro, la reunión sintetiza una de las tensiones más delicadas que enfrenta hoy el peronismo riojano: la posibilidad de que el gobernador Ricardo Quintela sancione la ley de lemas, un mecanismo electoral que ampliaría fragmentariamente la competencia intrapartidaria pero que genera resistencias incluso dentro de su propia coalición.
El Hotel Talampaya se ha consolidado como un centro de operaciones informal para la administración provincial. Además del ministro Puy Soria, allí mantienen oficinas otros ministros e intendentes del interior, una configuración que refleja tanto los límites de la infraestructura pública como la geografía política de una La Rioja que sigue concentrada en decisiones ejecutivas y negociaciones de poder. Lo significativo, sin embargo, es que desde ese espacio circulan las conversaciones sobre una reforma electoral que podría rediseñar las candidaturas gubernamentales.
La idea de reinstalar la ley de lemas no es nueva. Su paternidad original corresponde al ex gobernador Luis Beder Herrera, quien la promocionó como herramienta para ampliar la participación interna. Posteriormente, el ministro de Producción Ernesto Perez tomó la iniciativa. Hoy, tanto Miguel Galeano, presidente del Partido Justicialista provincial, como el propio Quintela, han mencionado la propuesta sin descartar su viabilidad. Sin embargo, los números que manejaba el senador nacional Fernando Rejal pintan un escenario más complicado: sus encuestas internas muestran que los precandidatos a gobernador tienen pisos electorales bajos, y que la ley de lemas favorecería desproporcionadamente a Beder Herrera, quien mantiene una base de apoyo significativa pero fragmentada.
Esa conclusión ha alineado a adversarios políticos inusuales. El diputado nacional Sergio Casas, el propio Rejal (que aspira a la gobernación) y el diputado provincial Juan Carlos Santander se han opuesto públicamente a la medida. La resistencia del bloque de diputados justicialistas a nivel provincial también es real, aunque matizada: varios legisladores entienden que el instrumento electoral restaría concentración al proceso, en un contexto donde Quintela aún controla las decisiones clave sobre candidaturas y financiamiento.
El punto de quiebre se produjo en una conversación privada en la casa de Fabián de la Fuente, presidente del Congreso del Partido Justicialista y armador político nacional del gobernador. En ese encuentro, Quintela y De la Fuente debatieron la estrategia nacional para una eventual candidatura presidencial de Quintela en 2027, así como el posicionamiento del peronismo riojano en ese contexto. Lo inesperado: De la Fuente sorprendió con su apoyo explícito a la ley de lemas, una postura que contrasta con la reticencia de otros sectores cercanos al gobernador.
Entretanto, Quintela ya ha comunicado informalmente su decisión de colocar «su» binomio en la fórmula a gobernador y vicegobernador. Los nombres que circulan son la diputada nacional Gabriela Pedrali o el intendente capitalino Armando Molina, ambos funcionales a la construcción de poder que el gobernador necesita consolidar hacia adentro. La vicegobernadora Teresita Madera, considerada hasta hace poco como eventual sucesora, ha quedado en suspenso; igual suerte corre la senadora Florencia López, cuyos movimientos políticos desacoplan de los cálculos centrales.
Lo cierto es que el bloque de diputados justicialistas mantiene una postura de rechazo formal a la ley de lemas, pero como señalan analistas del peronismo provincial, la «caja» la maneja Quintela: el control del presupuesto, los fondos de campaña y el aparato partidario siguen bajo su jurisdicción. Una resistencia legislativa, en ese marco, podría resultar simbólica.
El termómetro de la reorganización peronista se medirá en octubre, cuando el Partido Justicialista riojano realice sus elecciones internas. Ese acto, presentado como un espacio de «observación» de cómo se recompone el peronismo en la era post-Quintela, será en realidad un ensayo de fuerzas donde cada sector medirá su capacidad de movilización, sus apoyos reales y su posicionamiento frente a una eventual reforma electoral que podría reescribir las reglas del juego competitivo en La Rioja.
