Una norma provincial obliga a toda persona con título en la Administración Pública a regularizar su situación ante colegios y consejos para seguir percibiendo el ítem de Responsabilidad Profesional, que puede llegar al 100% del sueldo básico

El Gobierno provincial de La Rioja implementó una estrategia de presión financiera contra los profesionales empleados en la Administración Pública que no cumplen con los requisitos de colegiación. Mediante el decreto 229 —que rige desde marzo pasado pero recién días atrás se comenzó a notificar— la provincia establece que los profesionales que no mantengan vigente y al día su matrícula ante el Colegio o Consejo Profesional correspondiente dejarán de percibir automáticamente el ítem de Responsabilidad Profesional, un componente salarial que puede representar entre el 13% y el 100% del sueldo básico según la profesión y especialización.

La medida surge de un pedido reiterado de los colegios y consejos profesionales hacia el Gobierno provincial, que ahora se materializa en una obligación con consecuencias económicas inmediatas para los profesionales que incumplan.

Los números detrás de la medida: qué es el ítem de Responsabilidad Profesional

El ítem cuyo pago queda condicionado no es menor. Según explicó Carlos Medina, titular de la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano, el beneficio corresponde al 13% del sueldo básico para profesionales con título secundario, al 25% para universitarios, y al 100% del básico de la categoría 18 para quienes desempeñan tareas inherentes a su profesión en la APP.

Medina aclaró que la medida no afecta el pago del título profesional en sí mismo, sino específicamente el componente de Responsabilidad Profesional, que retribuye el ejercicio idóneo de la profesión dentro de la estructura estatal. «La matrícula representa el carnet de conducir que te habilita a manejar, te da la certeza de la profesionalidad, la idoneidad, la ética profesional y las conductas profesionales», describió el funcionario.

La suspensión automática y el mecanismo de cobranza

El decreto 229 establece en su artículo 2 que la falta de acreditación de matrícula vigente suspenderá automáticamente el pago del ítem hasta que el agente regularice su situación. Sin embargo, el Gobierno habilitó un mecanismo para facilitar el cumplimiento: el Ministerio de Hacienda puede realizar descuentos por planilla del sueldo para el pago de la matrícula, aunque la norma aclara que esto no es obligatorio.

Los profesionales que rechacen el descuento automático pueden iniciar un trámite ante la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano para evitar la deducción y realizar el pago por cuenta propia. Además, la administración habilitará un portal en la página web de la Subsecretaría donde cada profesional podrá cargar su comprobante de matrícula al día.

Las zonas grises: las carreras sin colegio

Sin embargo, la medida presenta un vacío normativo que el propio Gobierno reconoce sin haber resuelto. Existen carreras profesionales que carecen de colegio o consejo profesional —como la Licenciatura en Comunicación Social— cuyos graduados no tienen la posibilidad de matricularse, quedando imposibilitados de cumplir una exigencia que se tornó obligatoria.

Cuando se le preguntó por esta situación, Medina admitió que «no tengo la respuesta concreta al día de hoy sobre qué pasará con ellos» y que el tema se encuentra en fase de asesoramiento en instancias superiores del Gobierno sin definición aún. Esta incertidumbre afecta a profesionales que ejercen funciones estatales pero cuyas disciplinas no contemplan estructura de regulación gremial.

De dónde vino la presión

La exigencia no fue iniciativa del Gobierno: surgió de planteos reiterados de los propios colegios y consejos profesionales. Según Medina, estas instituciones presentaron el reclamo en «distintas instancias y a distintos niveles de gobierno», buscando fortalecer el control sobre el ejercicio profesional dentro de la APP y asegurar que los profesionales que perciben ítem por responsabilidad mantengan vigentes sus acreditaciones.

La medida marca una inflexión en La Rioja: transforma a la Administración Pública en un actor activo de la fiscalización gremial, utilizando el descuento salarial como instrumento de coerción para garantizar el cumplimiento de requisitos fijados por los colegios profesionales.

La provincia busca resolver un problema de fiscalización sin resolver otro: qué hacer con los profesionales cuyos colegios simplemente no existen. El decreto 229 es un avance institucional que clarifica las obligaciones, pero deja en suspenso a decenas de profesionales en carreras sin marco colegiado, una grieta que refleja la fragmentación del sistema profesional argentino.