La secretaría de Trabajo, Miriam Espinosa, intervino ante el bloqueo de ingreso a cinco trabajadoras en un comercio de la zona sur. La funcionaria advirtió que, debido a las recientes modificaciones nacionales, las empleadas no registradas perdieron el derecho a la doble indemnización. «Cualquiera toma gente, no la registra y la indemnización le cuesta lo mismo», fustigó.

La Secretaría de Trabajo de la Provincia intervino de oficio en un conflicto laboral que se volvió viral en las últimas semanas, involucrando a una reconocida carnicería ubicada en la zona sur de la capital. El organismo constató que a cinco trabajadoras —todas mujeres— se les impidió el ingreso a sus puestos bajo el argumento patronal de una supuesta «transferencia de establecimiento», abriendo un escenario de despidos inminentes que expone el nuevo marco legal adverso para los trabajadores.

«Tomamos conocimiento por los medios de comunicación y rápidamente nos constituimos con un inspector de la Dirección de Policía de Trabajo. Cinco trabajadoras manifestaban que el empleador no les había permitido el ingreso a tres de ellas, y ya venía con una situación análoga de días atrás con otras dos señoras, manifestándoles que dejaban de prestar servicio», relató la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, en diálogo con la prensa local.

La funcionaria detalló que ya se realizó una primera audiencia con el asesor legal y el contador de la firma, ingresando a un cuarto intermedio para la próxima semana. De confirmarse la ruptura del vínculo, la patronal deberá afrontar los rubros indemnizatorios correspondientes, aunque Espinosa alertó sobre el fuerte perjuicio que sufren las empleadas debido al nuevo escenario normativo nacional: «En el caso de las señoras, al estar no registradas, pasa que con la vigencia de la Ley Bases se derogó la indemnización duplicada por el empleo no registrado. Es claramente un desamparo a las trabajadoras y trabajadores. Ahora van a negociar una indemnización al 100% que antes se duplicaba porque ese vínculo no estaba registrado. Fíjense el perjuicio grande de estas modificaciones: cualquiera toma gente, no la registra y la indemnización va a ser lo mismo que si estuviese registrada».

Suben los despidos y crecen las consultas

Espinosa confirmó que las consultas y denuncias por cesantías mostraron un incremento preocupante en la repartición provincial en comparación con años anteriores. «Que no te quepan dudas. Lamentable y dolorosamente es así. Sabemos que día tras día se dan nuevas normas no tan solo laborales, sino de desprotección a la industria, por ejemplo, y que eso a la larga —y a veces a la corta también— trae aparejada la pérdida de puestos de trabajo», argumentó.

Por otra parte, la funcionaria fue consultada por el accidente ocurrido hace dos meses, cuando un obrero de la construcción cayó desde 30 metros de altura en una obra del centro. Espinosa precisó el rol fiscalizador del área y deslindó responsabilidades: «En el caso de higiene y seguridad, quienes hacen las inspecciones es la Secretaría de Trabajo de cada provincia. A esa obra puntual la teníamos vista e inspeccionada; en su momento fueron multados con varios millones de pesos y se allanaron al pago en cuotas porque ya tenían inconsistencias».

Al respecto, la secretaria aclaró que el control estatal es continuo y riguroso. «Después del lamentable accidente fuimos y suspendimos la obra para pedir las mejoras necesarias. Nosotros suspendemos de forma total o parcial varias obras a la semana porque no reúnen las condiciones. Más allá de que paguen una multa, nos interesa que compren los elementos de protección personal y que los trabajadores los usen», subrayó, señalando que el caso ya se encuentra bajo órbita judicial.

Cosecha mecanizada y mano de obra local

Finalmente, la titular de la cartera laboral brindó un balance sobre las inspecciones en las fincas de la provincia de cara al cierre de la temporada agrícola, un trabajo que coordinan de forma permanente con el Renatre y la Uatre tanto en la Capital como en Chilecito y Aimogasta.

«La cosecha fuerte ya terminó. Fue una cosecha muy importante y no hubo reportajes por malas condiciones de los trabajadores porque habla a las claras de un trabajo sostenido año tras año para la mejora de los albergues. Ahora se está cosechando la aceituna para aceite, que la mayoría de las fincas lo hace de manera mecánica, por lo que se necesita mucho menos personal. En febrero tuvimos fincas con 600 y hasta 800 trabajadores, en su gran parte de otras provincias».

Sin embargo, Espinosa destacó un cambio sociopolítico en la composición de la mano de obra debido a la crisis económica general: «Este año observamos un poco más de trabajadores de La Rioja por la desocupación que lamentablemente está habiendo, aunque el porcentaje de riojanos sigue siendo bajo, de alrededor del 15%. Respecto a los ingresos, la Comisión de Trabajo Agraria fijó un valor mínimo de 4.800 pesos por cajón de aceituna. Hay personas experimentadas que cosechan 20 cajones al día, y las fincas suelen ofrecer más de ese piso cuando hay poca aceituna para que a la gente le rinda venir a trabajar», concluyó.