Ernesto Pérez, titular de la cartera de Producción de La Rioja, lanzó una seguidilla de fuertes mensajes contra el ministro de Economía de la Nación. Aseguró que la oposición lo investigará por el crédito del FMI y el recorte de fondos a la provincia: «Van a responder con su patrimonio».
La virulenta escalada verbal que enfrenta al gobierno de La Rioja con el Palacio de Hacienda sumó un nuevo y agresivo capítulo político. En sintonía con las duras declaraciones que sacudieron al PJ local en las últimas horas, el ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, redobló la ofensiva institucional contra Luis «Toto» Caputo y exigió medidas restrictivas extremas, pidiendo públicamente que al funcionario nacional se le coloque una «tobillera electrónica» y se le prohíba la salida del país.
La dura reacción del funcionario de Ricardo Quintela se inscribe en la pelea total por los fondos retenidos a la provincia —que desde el plano local estiman en una deuda histórica de 1.700 millones de dólares— y el fuerte rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que la gobernación califica como una «entrega de la soberanía mineral».
«Todos ellos van a ser investigados junto a Luis Caputo, no van a poder salir del país hasta que expliquen lo que hicieron. Marche tobillera para Caputo», disparó Pérez a través de sus canales oficiales de comunicación, elevando al máximo la tensión en el «pago chico».
«Van a responder con su patrimonio»
A diferencia de otros cruces discursivos, el ministro riojano apuntó de manera directa contra los bienes personales de los integrantes del equipo económico de Javier Milei. Según su argumentación, el peronismo avanzará penalmente si recupera la conducción nacional, buscando el decomiso de activos por el endeudamiento de la deuda externa histórica y el manejo financiero actual.
«Lo vamos a meter preso y decomisarle la plata robada con el crédito del FMI. Los vamos a investigar y van a responder con su patrimonio por los desastres que hicieron», sentenció de forma tajante el titular de la cartera productiva de la provincia del NOA, en sintonía con la advertencia de auditorías judiciales que el propio Quintela había deslizado semanas atrás.
Para Pérez, la Casa Rosada y sus terminales mediáticas intentan «hacer callar» al mandatario peronista debido al temor que despierta su perfil de armador nacional. «Les empieza a asustar. Qué miedo le tienen a Ricardo Quintela. Hay que retenerle el pasaporte», fustigó en las redes sociales.
Resistencia federal y control de daños
El fuerte contraataque del gabinete riojano coincide con un escenario de extrema complejidad económica puertas adentro. Con el mercado de deuda local prácticamente paralizado y el freno absoluto a las transferencias de la obra pública, la administración peronista se abroqueló en una lógica de «resistencia territorial».
Mientras el riojanismo busca amalgamar la gestión del día a día mediante el uso de cuasimonedas como el bono «Chacho», subsidios provinciales y programas de contención social, el frente libertario local —alineado con Martín Menem— contraataca denunciando que el discurso oficialista del «ahogo financiero» funciona como una perfecta cortina de humo para pisar el poder adquisitivo de los estatales. La pulseada política, lejos de enfriarse en el mediano plazo, parece encaminarse a un colapso institucional definitivo donde los tribunales de justicia y el debate por los recursos naturales estratégicos —como el cobre y el litio— serán el próximo escenario de batalla.
