El diputado de La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, arremetió contra la emisión del bono provincial con el que el gobernador Ricardo Quintela busca recomponer salarios en julio. Advierte que viola las leyes de Responsabilidad Fiscal y del Banco Central.
La tregua económica no existe en La Rioja. Con el reloj corriendo hacia el mes de julio, fecha señalada por el Poder Ejecutivo provincial para el lanzamiento y circulación masiva del bono de cancelación de deuda «Chacho», la oposición libertaria local salió a cruzar con inusitada dureza la medida, calificándola no solo como un error de gestión, sino como un abierto desafío al orden jurídico nacional.
Quien encendió la mecha de la discusión técnica y política fue el economista y diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez. A través de una dura réplica orientada a desarmar el relato de emergencia del quinterismo, el legislador sostuvo que el uso de estos instrumentos de circulación local carece de todo sustento legal e infringe de manera directa la Carta Magna y normativas financieras clave del país.
«Los ‘Chachos’ además de ser una mala estrategia de marketing político, es abiertamente inconstitucional, lo que para el quintelismo es una estrella más», disparó con ironía el referente liberal, apuntando al corazón de la ingeniería financiera con la que la provincia norteña planea inyectar liquidez y apalancar los aumentos salariales de unos 58.000 empleados públicos estatales ante el duro torniquete de fondos que impone la Casa Rosada.
Para sustentar su acusación, Molina Gómez detalló el entramado de leyes nacionales que, según la óptica de la oposición, el gobierno provincial está ignorando activamente:
- Violación de la Constitución Nacional: Argumenta que la emisión lesiona los artículos 75 (inciso 6) y 126 de la CN, los cuales consagran la potestad exclusiva del Estado Nacional para emitir moneda y prohíben explícitamente a las provincias acuñar piezas o emitir billetes que actúen como dinero de curso legal.
- Quiebre de la Ley de la Carta Orgánica del BCRA: Señala la infracción al artículo 30 de la Ley N.º 24.144, que inhíbe de forma tajante a cualquier entidad o administración subnacional de crear herramientas sustitutas del peso.
- Incumplimiento del Pacto Fiscal: Remarcó que se vulnera el artículo 21 de la Ley N.º 25.917 de Responsabilidad Fiscal, un compromiso explícito asumido históricamente por los distritos federales para evitar el regreso de cuasimonedas al ecosistema económico del país.
Desde las filas de La Libertad Avanza interpretan que la reactivación de estos bonos —que recuerdan la crisis de 2001— no resolverá el problema de fondo del poder adquisitivo riojano, sino que funcionará como una «licuación encubierta» de los haberes estatales frente a la Canasta Básica Total, todo matizado bajo una lógica de confrontación con el programa de shock de Javier Milei.
La arremetida opositora no solo tuvo un cariz técnico-legal, sino que buscó plantar bandera de cara al mediano plazo en el «pago chico». «Solo el caos os hará libre. El final está escrito: LLA 2027», concluyó Molina Gómez, dejando en claro que la batalla por las cuasimonedas será el eje central sobre el que pivotará la campaña para disputarle el poder territorial al peronismo riojano en los próximos turnos electorales.
