La iniciativa propone crear un Régimen de Promoción de la Compra y Contratación Local que obligaría a los tres poderes del Estado, organismos descentralizados y empresas públicas a priorizar proveedores radicados en cada departamento cuando sus ofertas sean competitivas. El objetivo es evitar la «fuga silenciosa de recursos» y fortalecer las economías del interior.
El diputado provincial por General San Martín, Abraham Couceiro, presentó en la Legislatura de La Rioja un proyecto de ley para crear el Régimen de Promoción de la Compra y Contratación Local, una iniciativa que busca que el Estado provincial priorice la contratación de proveedores locales en aquellas licitaciones y compras donde exista equivalencia técnica y económica con oferentes de otras jurisdicciones.
La propuesta parte de un diagnóstico económico: una parte importante del gasto público termina beneficiando a empresas radicadas fuera del departamento donde se ejecutan las obras o se prestan los servicios, e incluso fuera de la provincia, lo que —según el proyecto— debilita el desarrollo de las economías regionales.
En los fundamentos, Couceiro sostiene que esa situación genera una «fuga silenciosa de recursos» porque el dinero público abandona el circuito económico local sin traducirse en empleo, inversiones ni fortalecimiento del entramado productivo. Por ello propone establecer mecanismos de preferencia para proveedores riojanos cuando sus condiciones de precio y calidad sean comparables con las de oferentes externos.
La iniciativa alcanzaría al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas con participación estatal mayoritaria y fondos fiduciarios provinciales. Además, invita a los municipios a adherir al régimen mediante ordenanzas propias.
Uno de los ejes centrales del proyecto establece que el Estado deberá favorecer a proveedores locales cuando la diferencia de precio respecto de un oferente externo no supere el 10% y exista igualdad en calidad, capacidad técnica, plazos de entrega y condiciones operativas. Cuando esas condiciones se verifiquen, la adjudicación deberá fundamentarse en la política de desarrollo económico local.
Para evitar arbitrariedades, el proyecto crea un Registro Provincial de Proveedores Locales, cuya inscripción será obligatoria para acceder a los beneficios de preferencia. Los interesados deberán acreditar domicilio, actividad económica real en el departamento correspondiente, situación fiscal regularizada y cumplimiento de obligaciones previsionales.
El texto también incorpora un conjunto de mecanismos de transparencia. Obliga a publicar convocatorias, pliegos, ofertas, dictámenes técnicos, adjudicaciones y las justificaciones cuando se contrate de manera directa o se opte por proveedores externos, con el objetivo de facilitar el control ciudadano y legislativo.
Además, prevé un sistema de coordinación con los municipios, programas de capacitación para proveedores locales y un informe anual que deberá remitirse a la Legislatura con indicadores sobre el porcentaje del gasto público destinado a empresas riojanas, la evolución del registro y el impacto del régimen sobre el empleo y la actividad económica.
En los fundamentos, el autor sostiene que la iniciativa encuentra respaldo tanto en la Constitución Provincial como en la Constitución Nacional y plantea que el gasto público debe convertirse en una herramienta de desarrollo territorial, especialmente en los departamentos del interior, donde el Estado representa uno de los principales motores de la actividad económica.
El proyecto comenzará ahora su tratamiento en las comisiones de Producción, Economía e Infraestructura; Gobierno, Justicia y Asuntos Municipales; y Presupuesto y Hacienda, donde deberá ser analizado antes de llegar al recinto para su eventual aprobación.
El proyecto