Aseguran que los $30 millones que la Provincia pagó por la expropiación de la empresa permanecen embargados mientras la Justicia define si los fondos se destinan a los trabajadores o a los bancos acreedores. Denuncian que fueron excluidos del proceso y cuestionan el manejo del patrimonio de la planta.

El conflicto por la expropiación de la curtiembre de Nonogasta volvió a quedar en el centro de la escena luego de que ex trabajadores denunciaran que continúan sin poder cobrar las indemnizaciones reconocidas por la Justicia, pese a que existe un fondo de aproximadamente 30 millones de pesos depositado por la Provincia al momento de expropiar la empresa.

Según explicaron durante una entrevista radial, ese dinero —que habría permanecido incluso colocado a plazo fijo— fue embargado preventivamente por los trabajadores cuando iniciaron su reclamo laboral. Sin embargo, posteriormente aparecieron planteos de entidades bancarias acreedoras de la empresa que derivaron en una disputa judicial que mantiene inmovilizados los fondos.

Los ex operarios sostienen que la Cámara Civil deberá determinar ahora qué embargo tiene prioridad y resolver el pedido de quiebra impulsado por los bancos. Para ello será clave el análisis de las fechas en que fueron presentadas las distintas medidas cautelares.

El abogado patrocinante del grupo, Carlos Turra, explicó que los trabajadores ya cuentan con sentencia firme favorable en la Justicia laboral y que el obstáculo actual se encuentra en el fuero civil, donde todavía debe resolverse el conflicto entre los acreedores.

«La acreencia de los trabajadores tiene carácter alimentario y, en principio, posee prioridad», sostuvo el letrado, quien confirmó que la jueza Karina Gómez convocó a una audiencia para el próximo 2 de julio, fecha en la que se espera conocer cómo continuará el expediente.

Los ex empleados también cuestionaron el proceso de expropiación impulsado por el gobierno de Ricardo Quintela en 2021. Aseguran que la Provincia sólo abonó alrededor de 30 millones de pesos por un patrimonio que consideraron muy superior y denunciaron que, desde entonces, desaparecieron bienes de la empresa, entre ellos camiones y maquinaria que, a su entender, debieron integrar el patrimonio destinado a responder por las deudas.

Además, afirmaron sentirse «engañados» durante el proceso de estatización y responsabilizaron al entonces dirigente sindical Federico Salazar por haber promovido la expropiación sin garantizar que los trabajadores fueran incluidos entre los beneficiarios.

Mientras tanto, la situación de la planta sigue sin una definición definitiva. Los ex operarios esperan que la Justicia destrabe el conflicto para acceder finalmente al cobro de indemnizaciones que llevan años reclamando, mientras persisten interrogantes sobre el destino de parte del patrimonio de la histórica curtiembre de Nonogasta.