La diputada provincial de la UCR, Gabriela Rodríguez, defendió su voto a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura y empuja una moción en Asuntos Constitucionales que podría eyectar al legislador de La Libertad Avanza por «mentir para conseguir likes».

La fragilidad de los armados opositores en los territorios provinciales volvió a quedar expuesta en la Legislatura de La Rioja, donde la histórica rivalidad entre el radicalismo y el emergente bloque libertario desató una guerra abierta. La bancada de la Unión Cívica Radical (UCR) unió fuerzas con el bloque oficialista que responde a Ricardo Quintela para avanzar en una comisión de privilegio contra el diputado provincial de La Libertad Avanza, Diego Molina, acusándolo de difamación grave tras denunciar un «pacto espurio» entre la UCR y el peronismo.

El detonante del conflicto fue la sanción de la nueva ley del Consejo de la Magistratura, adecuada a la reciente reforma de la Constitución riojana. Tras la votación, Molina escrachó en redes sociales a los legisladores de la UCR sugiriendo un acuerdo bajo la mesa con la Casa de las Tejas. La respuesta institucional no tardó en llegar: la diputada radical por Chilecito, Gabriela Rodríguez, ratificó el pedido de sanción en la comisión de Asuntos Constitucionales, advirtiendo que el libertario podría afrontar desde un severo apercibimiento hasta la expulsión del cuerpo si no presenta pruebas del supuesto pacto.

«Molina publica falsedades y falta a la verdad para conseguir más likes y adhesiones en las redes», disparó Rodríguez en diálogo con un streaming local. La legisladora defendió su voto a favor de la normativa argumentando que artículo por artículo fue redactado bajo los parámetros estrictos de la nueva Carta Magna que prohíbe las reelecciones cruzadas en el órgano judicial. «Es grave que un legislador mienta de esa manera. La inmunidad de opinión es para fundamentar proyectos con rigurosidad técnica, no para calumniar e injuriar. En la comisión tendrá que hacer su descargo y, si no tiene sustento, el pleno resolverá las sanciones», alertó la abogada chileciteña.

La UCR se despega de Martín Menem y rearma un frente amplio

La embestida contra el alfil libertario en la Legislatura marca el naufragio definitivo de cualquier intento de convergencia electoral entre la UCR y la marca de Martín Menem en La Rioja con miras a los comicios legislativos de 2027. Aunque a comienzos de año la exintendenta capitalina Inés Brizuela y Doria amagaba con tender puentes hacia el espacio del actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación, el radicalismo resolvió cerrarle la puerta a la Casa Rosada y recostarse sobre sus socios históricos.

«El radicalismo tiene 135 años de organicidad y no depende de los personalismos de turno», retrucó Rodríguez cuando se le recordó que Menem vetó públicamente cualquier alianza que incluyera ceder bancas a la UCR.

«Hemos armado frentes amplios con el PRO, el peronismo disidente, el socialismo y la Coalición Cívica. No vamos a ser rehenes de la pelea personal entre el gobernador Quintela y el presidente Milei. Los riojanos quieren un cambio frente a la postergación actual y será el Congreso partidario el que defina una coalición amplia sin exclusiones.»

En esa línea, la diputada no descartó confluir con sectores del interior provincial hoy distanciados del oficialismo, incluyendo al jefe comunal chileciteño Rodrigo Brizuela y Doria, apostando a consolidar un polo productivo que rompa la hegemonía de la capital. Al mismo tiempo, defendió la gestión municipal anterior de su partido, denunciando que Inés Brizuela y Doria sufrió una «asfixia financiera y violencia política tremenda» por parte de la provincia que hoy las actuales autoridades del Palacio Ramírez de Velasco no padecen debido a su sintonía partidaria.

Rechazo al tarifazo en la obra social estatal APOS

Finalmente, la diputada de la UCR fijó la postura del bloque opositor de cara a la próxima sesión ordinaria de la Legislatura, donde el oficialismo busca acelerar el tratamiento de un polémico proyecto presentado por el diputado peronista de la JP, Juan Santander, para incrementar las alícuotas de aportes obligatorios de los empleados públicos destinados a sostener la deficitaria obra social del Estado (APOS).

Rodríguez anticipó el rechazo rotundo de la oposición al dictamen que se pule en la comisión de Presupuesto, comandada por la administradora de APOS, Claudia Ortiz. «La gente del interior no quiere un peso más de descuento en el sueldo porque la plata directamente no alcanza para comer. La obra social provincial sufre un desfinanciamiento estructural y una falta de cobertura que golpea con más fuerza a los afiliados de los departamentos rurales», concluyó, denunciando que Quintela pretende cargar el costo del rojo sanitario sobre el bolsillo de los estatales riojanos.