La Universidad de Chilecito busca convertirse en un actor estratégico para la Justicia y la industria en plena disputa por el financiamiento universitario

El rector César Salcedo anunció que la UNdeC avanza en la certificación internacional de su panel de cata de aceite de oliva y propuso poner los laboratorios de alta complejidad al servicio de la Justicia riojana. También advirtió que el Gobierno nacional debe cumplir el fallo que ordena actualizar el presupuesto universitario.

Mientras las universidades nacionales mantienen la presión sobre el Gobierno de Javier Milei por el financiamiento del sistema público, la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) busca reforzar su perfil como institución de servicios científicos y tecnológicos para la producción y el Estado.

El rector César Salcedo confirmó que la casa de estudios avanza en la certificación internacional de un panel de cata de aceite de oliva, una herramienta clave para la principal economía regional del oeste riojano, al tiempo que abrió negociaciones para que los laboratorios universitarios comiencen a realizar pericias para la Justicia provincial.

Se trata de una apuesta que busca posicionar a la UNdeC como un actor estratégico no sólo en materia académica, sino también en el desarrollo productivo y tecnológico de La Rioja.

Uno de los proyectos más avanzados es el laboratorio de análisis sensoriales para aceite de oliva y vinos. Según explicó Salcedo, el panel de cata ya está siendo evaluado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), organismo que certifica este tipo de laboratorios a nivel mundial.

El rector reveló que la universidad ya procesó las primeras muestras enviadas por el organismo internacional y que, de manera extraoficial, la evaluación inicial fue satisfactoria, un paso que permitiría a la institución ofrecer un servicio de certificación para la industria olivícola, uno de los sectores exportadores más importantes de La Rioja.

En paralelo, la universidad construye un edificio específico para ese laboratorio y para un centro de reproducción y propagación genética vegetal, obras que serán inauguradas durante el segundo cuatrimestre y que apuntan a fortalecer la transferencia tecnológica hacia el sector productivo.

Pero la apuesta institucional no termina allí.

Salcedo sostuvo que el Laboratorio de Alta Complejidad de la UNdeC cuenta con equipamiento para realizar estudios de ADN, pruebas de histocompatibilidad y análisis toxicológicos mediante tecnología de alta precisión, capacidades que actualmente la Justicia riojana debe contratar en otras provincias, principalmente Salta y Jujuy.

Con ese argumento, el rector inició conversaciones con autoridades provinciales y con representantes de la Función Judicial para que esos análisis comiencen a realizarse en Chilecito.

La propuesta, afirmó, permitiría reducir tiempos de respuesta en causas judiciales, disminuir costos y fortalecer la cadena de custodia de las muestras al evitar traslados fuera de la provincia.

El proyecto también representa un cambio de paradigma para las universidades públicas, que buscan ampliar su vinculación con el Estado y el sector privado mediante la prestación de servicios tecnológicos especializados, una estrategia impulsada por numerosas instituciones ante las restricciones presupuestarias.

En ese contexto, Salcedo también se refirió al conflicto abierto entre las universidades nacionales y la Casa Rosada por el financiamiento del sistema.

El rector sostuvo que el Gobierno nacional tiene la obligación de cumplir el fallo judicial que ordenó actualizar las partidas presupuestarias para las universidades y advirtió que un eventual incumplimiento podría derivar en responsabilidades personales para los funcionarios nacionales involucrados.

Además, señaló que legisladores nacionales ya trabajan en mecanismos institucionales y judiciales para exigir la ejecución de esa resolución, mientras las universidades continúan reclamando previsibilidad presupuestaria para garantizar el funcionamiento académico y científico.

La estrategia de la UNdeC refleja así un doble objetivo: defender el financiamiento del sistema universitario público en el plano nacional y, al mismo tiempo, consolidarse como un proveedor de conocimiento, innovación y servicios tecnológicos para sectores productivos y organismos del Estado, en un momento en que las universidades buscan demostrar su impacto directo sobre el desarrollo regional y la economía del conocimiento.