El fiscal de Estado sanjuanino y un reconocido constitucionalista coincidieron en que la ley de 1968 mantiene plena vigencia y sostuvieron que la provincia gobernada por Ricardo Quintela sólo podría cuestionarla ante la Corte Suprema con escasas posibilidades de éxito. La disputa ya impacta sobre el proyecto minero Vicuña y reabre un conflicto federal.

La ofensiva política de Ricardo Quintela para reabrir la discusión sobre los límites entre La Rioja y San Juan encontró una respuesta contundente desde la provincia vecina. El fiscal de Estado sanjuanino, Sebastián Dávila, y el abogado constitucionalista Oscar Cuadros coincidieron en que la delimitación vigente posee pleno respaldo jurídico y sostuvieron que un eventual planteo riojano tendría escasas posibilidades de prosperar.

Las definiciones llegan después de que el Gobierno riojano impulsara una nueva ley que rechaza la modificación territorial establecida durante la dictadura de Juan Carlos Onganía y ordenara avanzar con acciones institucionales para recuperar lo que considera parte de su territorio histórico. La iniciativa volvió a instalar un conflicto que trasciende la cuestión limítrofe y tiene como telón de fondo el desarrollo minero de la cordillera y proyectos multimillonarios como Vicuña.

Desde San Juan, sin embargo, la posición es categórica.

Cuadros sostuvo que el límite interprovincial «está completamente definido» desde hace más de cinco décadas y afirmó que la ley nacional que fijó la frontera continúa vigente porque nunca fue declarada inconstitucional.

El constitucionalista explicó que la Constitución Nacional asigna al Congreso la facultad de fijar límites entre provincias y consideró que, si La Rioja pretendiera cuestionar la validez de la norma sancionada en 1968, debería hacerlo mediante una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No obstante, advirtió que un planteo de ese tipo enfrentaría enormes dificultades por el tiempo transcurrido y por la consolidación jurídica e institucional de la norma.

En la misma línea, el fiscal de Estado Sebastián Dávila aseguró que los límites actuales cuentan con respaldo legal, técnico y administrativo y recordó que fueron ratificados posteriormente mediante el Digesto Jurídico Argentino sancionado en democracia, además de haber sido georreferenciados con intervención del Instituto Geográfico Nacional y especialistas de ambas provincias.

Para el funcionario, cualquier modificación sólo podría producirse mediante una nueva ley del Congreso Nacional, mientras que la Corte Suprema únicamente podría intervenir si existiera un planteo de constitucionalidad sobre la legislación vigente.

Dávila también recordó que la propia Corte ya rechazó en otras oportunidades intervenir para fijar límites provinciales, al considerar que esa competencia corresponde exclusivamente al Poder Legislativo nacional.

Uno de los puntos centrales del debate es el trasfondo económico.

Desde San Juan interpretan que el reclamo riojano cobró fuerza en paralelo con el desarrollo del proyecto minero Vicuña, considerado uno de los mayores emprendimientos de cobre del mundo, además del interés sobre otras áreas de alto valor económico ubicadas en la zona cordillerana.

Cuadros sostuvo que detrás de la discusión jurídica existe un contexto político marcado por el crecimiento de la actividad minera sanjuanina y sugirió que el planteo impulsado por La Rioja responde más a una estrategia política que a una posibilidad concreta de modificar la delimitación territorial.

No obstante, el Gobierno de Ricardo Quintela sostiene una posición diferente. La administración riojana afirma que nunca convalidó la Ley 18.004 dictada durante la última dictadura de Onganía y sostiene que existen antecedentes legislativos e históricos que respaldan su reclamo. Además, el Ejecutivo provincial anticipó que buscará agotar todas las vías institucionales para revisar una norma que considera de origen ilegítimo.

La controversia ya comenzó a generar consecuencias prácticas. En San Juan recordaron los conflictos surgidos por el tránsito hacia el proyecto Vicuña y remarcaron que, pese a esos antecedentes, las inversiones mineras continúan desarrollándose bajo el marco jurídico vigente, que —afirman— ofrece plena seguridad jurídica para las empresas.

El diferendo, que durante décadas permaneció latente, pasó así del plano histórico al centro de la agenda política nacional. Lo que comenzó como una reivindicación territorial impulsada por La Rioja hoy enfrenta dos estrategias claramente definidas: mientras Quintela busca reabrir una discusión que considera pendiente desde la dictadura, San Juan sostiene que el conflicto ya fue resuelto por el Congreso hace más de medio siglo y que cualquier intento de modificarlo carece, por ahora, de fundamentos jurídicos sólidos.