El presidente del bloque justicialista, Cristian Pérez, afirmó que el stock físico de la cuasimoneda es de apenas $9.000 millones, frente a una autorización de hasta $35.000 millones. Además, confirmó una prórroga para la reforma judicial clave de Ricardo Quintela.

El bloque de diputados del Partido Justicialista de La Rioja blanqueó las limitaciones físicas y financieras que enfrenta la gestión del gobernador Ricardo Quintela para sostener el pago de salarios estatales a través de cuasimonedas. El presidente de la bancada oficialista, Cristian Pérez, advirtió que el stock de «Chachos» remanente de las primeras emisiones «se va a quedar corto» frente a las necesidades del nuevo esquema salarial que impactará en agosto.

De acuerdo con el legislador, la provincia cuenta actualmente con un remanente físico de 9.000 millones de pesos en bonos, correspondientes a la tirada original autorizada en 2024. Sin embargo, ante la profundización de la crisis y la falta de envíos de fondos por parte de la Casa Rosada, la Legislatura riojana ya blindó al Ejecutivo incluyéndole una autorización de emisión de hasta 35.000 millones de pesos dentro del Presupuesto 2026.

Pérez aclaró que Quintela cuenta con las facultades legales delegadas y «no hace falta una nueva ley» para avanzar sobre las imprentas. «El Ejecutivo tiene que llevar adelante todas las diligencias necesarias si decide imprimir los nuevos Chachos. Puede poner en circulación los que ya se habían tirado, pero el volumen físico que se tenía en ese entonces eran 9.000 millones, cuando la autorización actual es muy superior por el contexto difícil que vive la provincia», detalló.

Freno a la reforma judicial: postergan el nuevo Código Procesal Penal

Más allá del apremio financiero por las cuasimonedas, el oficialismo riojano debió recalibrar los plazos de otra de las máximas apuestas de la gestión de Quintela: la implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio.

Aunque la comisión de investigación encargada de la transición cumplirá un año de funciones el próximo 1 de agosto, el bloque del PJ confirmó que se resolvió prorrogar el plazo técnico de implementación hasta el 1 de mayo. La marcha atrás obedece a la falta de infraestructura y partidas presupuestarias para dotar al Poder Judicial de las herramientas necesarias.

«Modificar toda la estructura actual para que el sistema funcione a pleno lleva tiempo. Estimamos que la nueva fecha será el límite definitivo, entendiendo que el gobernador fue el impulsor del Código y buscará verlo en pleno funcionamiento antes de la finalización de su mandato», justificó Pérez.

Dos vacantes clave en la mira y el cupo de género

El rediseño de los tribunales riojanos mantiene abierta otra fuerte negociación política en la Cámara de Diputados de la provincia. Actualmente, existen dos vacantes para jueces provinciales que aguardan una definición del Ejecutivo.

Pérez reconoció que el nombramiento de los magistrados «está sujeto estrictamente a decisiones políticas». El mecanismo reactivará la tensión legislativa en el corto plazo: una vez que el gobernador envíe los pliegos correspondientes a la Legislatura, el cuerpo en su conjunto deberá convalidar o rechazar las designaciones mediante el voto de la mayoría. El proceso, además, está condicionado por la presión de los nuevos textos normativos, ya que los nombramientos deberán cumplir con la «exigencia constitucional de paridad de género» dentro de la estructura tribunalicia.